Abriendo la norma
Ley provincial 9.738
De la regularización de titularidad por transferencia
Facúltase al Instituto Provincial de la Vivienda a proceder a desadjudicar o revocar el acto administrativo que haya dado lugar a la posesión de la vivienda, siempre que ello haya sido debidamente contemplado en las normas de aplicación y cumpliendo con el debido proceso legal, cuando un tercero acredite en forma fehaciente ser poseedor de la vivienda de forma pública, pacífica y continua, por un plazo no menor de tres años, en lugar de quien estaba obligado a hacerlo, sin título alguno para ello. La regularización de la posesión se llevará a cabo con la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda, organismo que procederá a la adjudicación del inmueble en favor de la persona ocupante que inste el correspondiente procedimiento administrativo que la reglamentación establezca, siempre que reúna los requisitos exigidos en el Artículo 3º de la presente Ley. Esta disposición no será de aplicación en los siguientes casos: a) Usurpación en trámite o con condena: Exista denuncia de usurpación respecto de la vivienda, que se encuentre en trámite o que haya recaído sentencia condenatoria, previa a la sanción de la presente Ley; b) Litigio civil y/o de familia pendiente: El adjudicatario o sus sucesores demuestren haber promovido demanda de desalojo o cualquier proceso civil o de Familia tendiente a la recuperación de la posesión de la vivienda de que se trate; c) Ocupación expresamente autorizada: El adjudicatario o sus sucesores cuenten con la autorización correspondiente por parte del Instituto Provincial de la Vivienda para permitir la ocupación de un tercero; d) Viviendas con saldos cancelados: Respecto de aquellas viviendas que se encuentren canceladas, excepto que dicha cancelación haya sido abonada por el ocupante que solicita la regularización a su favor, lo que deberá acreditar fehacientemente, o que dicha circunstancia surja de los antecedentes agregados a la pieza administrativa.
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