Abriendo la norma
La autoridad de aplicación debe diseñar y difundir un Protocolo de Intervención Escolar ante Retos Virales de Riesgo, de implementación obligatoria en los establecimientos educativos de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo público, de gestión estatal y privada. El Protocolo tiene por objeto establecer una guía de actuación unificada para la identificación temprana, abordaje y derivación de situaciones vinculadas a la participación en desafíos virales que pongan en peligro la integridad de los niños, niñas y adolescentes. El Protocolo debe contemplar, como mínimo, los siguientes lineamientos: 1) Indicadores de alerta: Definición de criterios técnicos para que el personal docente y directivo pueda identificar cambios de conducta, lesiones físicas o señales de presión social asociadas a la ejecución de retos virales nocivos; 2) Mecanismos de comunicación: Establecimiento de circuitos de comunicación ágiles y confidenciales entre la institución educativa, las familias y los dispositivos de orientación y asistencia previstos en la presente ley; 3) Acciones de mitigación: Pautas para el abordaje pedagógico grupal ante la detección de un reto viral, orientadas a desarticular la presión de pares y fortalecer las capacidades críticas de los estudiantes; 4) Sistema de alerta temprana digital: Integración de la información detectada en el ámbito escolar con las herramientas de monitoreo e inteligencia artificial de la autoridad de aplicación, a fin de generar advertencias preventivas geolocalizadas a otros establecimientos y familias; 5) Acompañamiento y derivación: Procedimientos para la derivación inmediata a los equipos de salud y niñez cuando se verifican riesgos inminentes para la vida o la salud física y mental del menor; 6) Protección de la privacidad: Garantía de resguardo de la identidad y los datos personales de los niños, niñas y adolescentes involucrados, evitando la estigmatización o la revictimización en entornos digitales o físicos.-
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