Abriendo la norma
Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección son secretos, como así también la documentación contenida en los trámites contencioso-administrativos ante el Poder Ejecutivo, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquéllos o a sus personas o a la de sus familiares. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la Dirección están obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimaran oportuno, a solicitud de los interesados. Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen o que las solicite el interesado, siempre que la información no revele datos referentes a terceros. El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Dirección Provincial para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informes del fisco nacional u otros fiscos provinciales o municipales, siempre que existan acuerdos que establezcan reciprocidad. Tampoco alcanza ni subsiste ante el pedido específico de informe por parte de los jueces competentes en materia de familia que instruyan juicios por las llamadas deudas alimentarias.
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