Abriendo la norma
Los agentes y funcionarios de la Administración Pública provincial, de sus organismos autárquicos o descentralizados, de las municipalidades y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, están obligados a comunicar a la Dirección Provincial de Rentas, a su requerimiento, los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus tareas o funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando disposiciones expresas se lo prohíban. Los señores jueces que en cumplimiento de sus funciones tomen conocimiento de la existencia de impuestos impagos que recauda la Dirección Provincial de Rentas, deberán exigir que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante constancias extendidas por la Dirección Provincial de Rentas. Asimismo los señores jueces dispondrán el libramiento de oficio a la Dirección Provincial de Rentas comunicando la iniciación de juicios universales, dentro de los cinco (5) días de producida, a fin de que tome la intervención que corresponda.
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