Abriendo la norma
Ley 27.801
Principios, derechos y garantías generales
Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las Constituciones provinciales, de los ordenamientos locales y demás normas de aplicación.
Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo, deberán asegurarse durante el proceso los siguientes principios, derechos y garantías judiciales:
a) Legalidad: no ser objeto de medidas que no estén previstas en la legislación nacional o provincial;
b) Necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos: cualquier medida de restricción o injerencia en sus derechos constitucionales y convencionales deberá ser indispensable, proporcional, idónea y que resulte ser la medida menos lesiva a sus derechos. Cualquier medida que afecte sus derechos deberá ser interpretada de modo restrictivo y excepcional;
c) Debido proceso legal y derecho de defensa en juicio: el adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea; deberá comunicársele inmediatamente la imputación de modo claro y preciso de manera que la pueda comprender, informársele la totalidad de los derechos con los que cuenta, a fin de asegurarle eficazmente los medios y el tiempo adecuado para confrontar la acusación; informársele del derecho constitucional a guardar silencio y garantizarse de modo amplio el debido proceso y el derecho de defensa en juicio;
d) In dubio pro reo e interpretación pro minoris: en la resolución judicial de su responsabilidad penal, el juez deberá tener especial consideración del principio in dubio pro reo, tanto en lo que respecta a la comprobación de la autoría o participación del adolescente imputado en la comisión del delito como en la constatación judicial de la concurrencia de causas de justificación;
e) Penas: el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delitos.
La elección de la sanción a aplicarse y la graduación de la pena dentro de las escalas legales previstas se efectuarán conforme las finalidades previstas en el artículo 4°, atendiendo, entre otras circunstancias, a la gravedad del daño causado, a la edad y a las condenas previas recaídas contra el adolescente imputado;
f) Respeto: el adolescente imputado deberá ser tratado con respeto y consideración a lo largo del proceso;
g) Dignidad humana y prohibición de discriminación: el adolescente imputado tendrá derecho a que se respete su dignidad humana y a no ser discriminado por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición de él mismo, de sus padres o de sus representantes legales, entre otros;
h) Plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal: el adolescente imputado tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas o indebidas.
Se deberá tramitar el proceso con premura, priorizando los casos en los que el imputado se encuentre detenido con prisión preventiva. La dilación injustificada a contar desde la intimación del hecho al adolescente imputado hará responsable al magistrado interviniente por falta grave y motivará que deban remitirse los antecedentes al ámbito disciplinario correspondiente;
i) Reserva del proceso: el proceso deberá tener carácter reservado, salvo para las partes, la defensa, la víctima y los padres o responsables del adolescente imputado. Se prohíbe la publicidad del nombre del adolescente imputado, salvo que el mismo renuncie expresamente a este derecho.
Queda prohibida la publicación de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente imputado y la exhibición de fotografías o de cualquier otro dato que posibilite su identificación, sin perjuicio de las medidas que el magistrado pueda disponer para la individualización o localización de aquel.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionado en los términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 20.056;
j) Privación de la libertad. Requisitos necesarios e imprescindibles: se entenderá como privación de la libertad a toda forma de detención, internación, encarcelamiento o alojamiento en un establecimiento dispuesta por el juez o tribunal en la que no se le permita el egreso por propia voluntad.
La medida que implique la restricción de la libertad durante el procedimiento deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados;
k) Lugar del alojamiento: producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad;
l) Derechos de los padres o de sus responsables. Información: al formularse la imputación a un niño, niña o adolescente, la autoridad judicial competente deberá comunicar su actuación y los actos procesales desarrollados a los padres o responsables parentales, momento en el que se informará también el hecho atribuido al imputado;
m) Tutela juvenil: durante el proceso, el juez podrá ordenar todas las medidas protectorias que considere necesarias al efecto de salvaguardar la integridad física, mental y social del niño, niña o adolescente, incluidas las enumeradas en el artículo 8º de la presente;
n) Otros principios rectores: se deberá tener en especial consideración la protección integral de la víctima y sus familiares, la seguridad pública y la protección de la sociedad, entre otros principios que prevé esta ley.
En todo proceso que involucre como imputada o víctima a una persona menor de dieciocho (18) años, deberá intervenir la asesoría tutelar correspondiente a la jurisdicción donde se lo substancie.
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