Abriendo la norma
Resolución 311/2012
PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán contratar con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 27 del presente Régimen.
Si la oferta fuere presentada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) las empresas que la integren deberán acompañar con la oferta el contrato que las vincule (en adelante CONTRATO UTE), conforme con las previsiones de los artículos 377 a 383 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. Para contratar con el Organismo, las empresas integrantes de la UTE deberán pactar en el CONTRATO UTE la responsabilidad solidaria de todas ellas ante el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES por los efectos del contrato, como condición para que la UTE sea admitida como oferente. En los casos donde se exija responsabilidad patrimonial acorde con el monto o las características de la contratación, por lo menos una de las empresas integrantes de la UTE deberá contar con el patrimonio exigido.
Al presentarse la oferta, el CONTRATO UTE puede no encontrarse inscripto en el Registro Público de Comercio conforme con lo establecido por la citada ley, por ello dicho CONTRATO UTE deberá prever que, para el caso de ser adjudicataria, las empresas que integran dicha Unión, procederán a la inscripción del mismo, antes de suscribirse el contrato respectivo con el Instituto, bajo apercibimiento de revocarse la adjudicación y de perder el consorcio oferente la garantía de oferta. El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá fijar a tales efectos un plazo perentorio para el cumplimiento de la inscripción en la forma precedentemente señalada. La oferta deberá ser firmada por el representante que figure en dicho contrato y en caso de no encontrarse debidamente inscripto, por los representantes de las personas que las integren.
Si el oferente fuere una COOPERATIVA, deberá ajustarse a las previsiones de la Ley Nº 20.337 de Cooperativas y las normas conexas, en especial la Resolución 183/92 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, debiendo acreditar la cobertura de los trabajadores cooperativos por accidentes de trabajo, enfermedad profesional mediante los seguros respectivos; efectuar el contralor permanente de los aportes previsionales respectivos de los asociados, y asumir la responsabilidad por daños y perjuicios de todo orden que los trabajadores cooperativos puedan ocasionar al INSTITUTO.
Texto de referencia. Ante una discrepancia rige la publicación oficial.Acerca de
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