Abriendo la norma
Ley provincial 5.851
Clasificación de las infracciones
Las infracciones se clasifican en: a) Leves: Afectan obligaciones formales sin impacto directo en los derechos del paciente ni riesgo sanitario inmediato. Omitir criterios de seguridad y buenas prácticas para el cuidado de datos sensibles, cuando no se verifique la exposición efectiva de datos. b) Graves: Son aquellas que vulneran derechos del/la paciente, comprometen la seguridad de datos sensibles o implican operar fuera del marco habilitante, sin que se verifiquen consecuencias sanitarias o perjuicios a los derechos del paciente directos. Entre ellas: 1. Proveer y/o utilizar sistemas o plataformas que no cuenten con estándares mínimos de seguridad aprobados por la Autoridad de Aplicación, cuando no se verifique acceso indebido a datos ni daño al paciente. 2. Incumplir la entrega de copias o la rectificación de registros clínicos electrónicos a solicitud del titular. 3. Proveer y/o utilizar plataformas que operen con bases de datos con registros clínicos electrónicos sin la debida inscripción registral. 4. Omitir registros electrónicos de dispensa de medicamentos o utilizar plataformas no habilitadas para tal fin. c) Muy graves: Son aquellas que producen daño efectivo a la salud o a derechos fundamentales de los titulares de registros clínicos electrónicos conforme los principios rectores aprobados en el artículo 3° de la presente, o que impliquen reincidencia en cualquiera de las infracciones tipificadas en el inciso b), dentro de los dos (2) años de la sanción firme anterior. Asimismo, serán graves cualquiera de las conductas tipificadas como infracciones graves cuando de ellas resulte daño efectivo y verificable a la salud del paciente o exposición masiva de datos sensibles. La Autoridad de Aplicación queda facultada para reglamentar los aspectos técnicos y operativos de los supuestos de hecho que configuran las infracciones leves, graves y muy graves. El ejercicio de esta potestad deberá ajustarse estrictamente a los parámetros, bienes jurídicos tutelados y criterios de clasificación material establecidos en la presente ley.
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