Abriendo la norma
Ley provincial 9 · 1975
Código Fiscal de Salta-Texto Ordenado por Decreto 2039/05- de la Provincia de Salta.
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Salta sancionan con fuerza de Ley:
(Decreto Ley N° 09/75) Las obligaciones fiscales que establezca la Provincia de Salta, sean impuestos, tasas o contribuciones, se regirán por las disposiciones de este Código o de leyes fiscales especiales. Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código son de aplicación supletoria respecto a las leyes fiscales especiales.
(Decreto Ley N° 09/75) En ningún caso se establecerán impuestos, tasas o contribuciones, ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código o de otras leyes fiscales especiales. En materia de exenciones la interpretación será estricta.
(Decreto Ley N° 09/75) Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los contratos del derecho privado en que se exterioricen.
(Decreto Ley N° 09/75) Todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica son admisibles para interpretar las disposiciones de este Código y demás leyes fiscales especiales. Para los casos que no pueden ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de una ley tributaria expresa, se regirán en el orden que se establece a continuación: 1º) A las disposiciones de otros ordenamientos tributarios relativos a casos análogos; 2º) A los principios del derecho tributario; 3º) A los principios generales del derecho. Los principios y normas del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto a este Código y demás leyes tributarias únicamente para determinar el sentido y alcance propio de los conceptos, normas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para la determinación de su deuda tributaria. La aplicación supletoria establecida en el párrafo anterior no procederá cuando los conceptos, formas e institutos del derecho privado hayan sido expresamente modificados por este Código o la ley tributaria de que se trate.
(Decreto Ley N° 09/75) Todas las funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación y devolución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código u otras leyes fiscales especiales, así como la tutela de los intereses del Fisco sean acciones de apremio administrativo o judicial de impuestos, tasas y contribuciones y la aplicación de sanciones, previa instrucción de sumario, por las infracciones a las disposiciones del presente Código u otras leyes fiscales especiales, corresponderán a la Dirección General de Rentas. La Dirección General de Rentas se llamará en el presente Código o en las otras leyes fiscales especiales simplemente la Dirección, o la Dirección General.
(Decreto Ley N° 09/75) Todas las facultades y poderes atribuidos por este Código u otras leyes fiscales especiales a la Dirección, serán ejercidas por el Director General o quien legalmente lo sustituya, de conformidad con las normas que dicte el Poder Ejecutivo para la organización administrativa de dicha repartición. El Director General o quién lo sustituya, representa a la Dirección frente a los poderes públicos, a los contribuyentes, responsables y a los terceros. El Director General podrá delegar sus funciones y facultades en funcionarios de su dependencia, de manera general o especial dentro de los límites que establezca el Poder Ejecutivo.
(Decreto Ley N° 09/75) Para el ejercicio de sus funciones la Dirección tiene entre otras, las siguientes facultades: 1º) Dictar normas generales obligatorias en cuanto a la forma y modo en que deben cumplirse los deberes formales, los que regirán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial; 2º) Exigir la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no, y funcionarios de la Administración Pública Provincial o Municipal; 3º) Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros, instrumentos, documentación y cualquier otro tipo de comprobante inherentes a los actos u operaciones que puedan constituir, constituyan o se refieran a hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas; 4º) Enviar inspecciones a todos los lugares donde se realicen actos o ejerzan actividades que originen hechos imponibles o se encuentren bienes que constituyan materia imponible, con facultad para revisar los libros, documentos y bienes del contribuyente responsable; 5º) Citar a comparecer a las oficinas de la Dirección al contribuyente o responsable o requerirles informes o comunicaciones escritas o verbales; 6º) (Inciso sustituido según Ley N° 6.736/94) Requerir a la autoridad judicial competente el auxilio de la fuerza pública y orden de allanamiento, debidamente fundada, para efectuar inspecciones o registros de locales, establecimientos, libros, documentos y bienes de contribuyentes, responsables o terceros, indicando en la solicitud el nombre del contribuyente objeto de la investigación y el alcance de la misma, el lugar y oportunidad en que se practicará. Deberá ser considerada por el Juez dentro de las veinticuatro (24) horas, previa merituación, habilitando días y horas si fuera necesario, de conformidad a los límites dispuestos por el artículo 22 de la Constitución de la Provincia. Será competente, a estos efectos, el Juez en materia Contencioso Administrativa y será de aplicación el procedimiento vigente para el fuero respectivo. 7º) Implantar un régimen de identificación de responsables del pago de gravámenes cuya aplicación, percepción o fiscalización se encuentren a su cargo, mediante el otorgamiento o exigencia de una cédula o credencial que cumpla esa finalidad. La cédula o credencial será obligatoria para quienes ejerzan actividades sujetas a los gravámenes mencionados en el párrafo anterior en los casos, forma y condiciones que determine la Dirección General mediante el dictado de las correspondientes resoluciones. Los organismos de los Gobiernos Provinciales y Municipales y sus dependencias; no darán curso a ningún trámite que resulte de interés para los solicitantes si los obligados no exhiben, de corresponder como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la correspondiente cédula o credencial. Tales organismos deberán asimismo prestar obligatoriamente la colaboración que se les requiera a los fines de su aplicación. De las actuaciones originadas en el ejercicio de las facultades mencionadas en el presente artículo, los funcionarios de la Dirección levantarán un acta la que podrá ser firmada por los interesados y servirá de prueba en los procedimientos de determinación de la obligación tributaria y en el sumario para la aplicación de sanciones por infracciones a este Código y leyes tributarias especiales. 8) (Inciso incorporado según Ley N° 6.736/94) Dictar normas generales obligatorias con relación a agentes de retención, percepción e información, y establecer las obligaciones a su cargo. Asimismo podrá reconocer con carácter general a los responsables que actúen como tales, una retribución de los gastos administrativos en que incurran, que podrá consistir en una suma fija por línea o renglón de información, y/o bien, en un porcentaje del importe retenido y/o percibido, según corresponda de acuerdo a lo que establezca el Poder Ejecutivo. La retribución se liquidará por períodos calendarios vencidos en la forma y plazos que la Dirección reglamente y no será de aplicación para los responsables que pertenezcan a la Administración Pública Provincial o Municipal, ni para los agentes que cumplimenten sus obligaciones como tales, fuera de los términos legales establecidos. 9) Intervenir en la interpretación de las normas fiscales, cuando lo estime conveniente o a solicitud de los contribuyentes, otros responsables y/o entidades gremiales o cualquier otra organización que represente un interés colectivo, siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general. Las interpretaciones de conformidad con las normas del Código Fiscal y leyes especiales serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrán el carácter de normas generales obligatorias si, al expirar el plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de su publicación, no fueran apeladas ante el Gobernador de la Provincia por cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo anterior, en cuyo caso tendrán dicho carácter desde el día siguiente a aquel en el que se publique la aprobación o modificación correspondiente. En estos casos, deberá otorgarse vista previa al Director General para que se expida sobre las objeciones opuestas a la interpretación. Las interpretaciones firmes podrán ser rectificadas por la autoridad que las dictó o el Gobernador de la Provincia, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo precedente, pero las rectificaciones no serán de aplicación a hechos u obligaciones cumplidas con anterioridad al momento en que tales rectificaciones entren en vigor. 10) Celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales, provinciales y municipales y con entidades privadas tendientes a optimizar los sistemas de percepción de los tributos. 11) Establecer las aperturas y desagregaciones del Código de Actividades Económicas que se aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto a las Actividades Económicas. 12) Dictar normas generales obligatorias, de carácter reglamentario, en cuanto a la aplicación de las normas del Código y leyes fiscales especiales. 13) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de esta Dirección General de Rentas, en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de la estructura orgánico- funcional en los niveles inferiores. 14) Fijar el horario general y los horarios especiales en que se desarrollará la actividad del Organismo, de acuerdo con las necesidades del servicio.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) La Dirección será parte en todas las actuaciones de cobro coactivo por obligaciones fiscales establecidas por este Código o leyes fiscales Especiales, y aquellas en las que se cuestiona la procedencia de la aplicación de las mismas. Lo expresado precedentemente se aplicará a trámites judiciales y administrativos.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) En los casos a que se refiere el artículo anterior la representación de la Dirección General estará a cargo del asesor, los procuradores o agentes fiscales o de los representantes especiales que dicha repartición designe para ese cometido, a quienes se notificará de las actuaciones y demás providencias que se dicten. La actuación de representantes especiales excluirá la intervención de los procuradores o agentes fiscales. A los efectos de la designación de representantes especiales la Dirección podrá celebrar convenios, sujetos a aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial, con entidades gremiales de profesionales debidamente acreditadas, únicamente para el cobro coactivo por vía judicial.
(Decreto Ley N° 09/75) Cuando la representación del Fisco se encuentre a cargo de representantes especiales designados por la Dirección, éstos podrán actuar en todos los Tribunales, cualquiera sea el monto y naturaleza del asunto, pudiendo además ser patrocinados por los letrados de la Dirección. La personería de los representantes especiales será acreditada ante los jueces por un certificado de su nombramiento expedido por la Dirección.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) En caso de corresponder honorarios en juicio, los representantes del Fisco los percibirán únicamente cuando no se hallen a cargo de la Provincia o no afecten directa o indirectamente el interés fiscal. La afectación al interés fiscal será resuelta por el juez de la causa a petición fundada del organismo administrativo. En los supuestos previstos en el párrafo anterior, los representantes especiales sólo podrán percibir, por todo concepto, el 50% (cincuenta por ciento) de los honorarios mínimos a que se refiere el artículo 16 del Decreto Ley 324/63 y sus modificaciones.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección General reglará todo lo referente a las demás funciones y forma de actuar de los representantes del fisco en la gestión y cobro de las deudas por obligaciones fiscales.
(Decreto Ley N° 09/75) El sujeto activo de la obligación tributaria es la entidad a quien este Código o leyes fiscales especiales confieren las funciones enumeradas en el artículo 5º.
(Decreto Ley N° 09/75) Los contribuyentes y responsables, conforme a las disposiciones de este Código o leyes fiscales especiales y sus herederos y sucesores a título universal, según las disposiciones del Código Civil, están obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por intermedio de sus representantes voluntarios o legales.
(Decreto Ley N° 09/75) Son contribuyentes las personas humanas, capaces o incapaces, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades, con o sin personería jurídica, los patrimonios destinados a un fin determinado, los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y los fondos comunes de inversión de la Ley Nacional 24.083 y sus modificaciones, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración y demás consorcios y formas asociativas aún cuando no revistan el carácter de sujetos de derecho de conformidad a la legislación de fondo, que realicen los actos u operaciones o se hallen en las situaciones que las normas fiscales consideren causales del nacimiento de la obligación tributaria.
(Decreto Ley N° 09/75) Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por dos o más personas, todas se consideran como contribuyentes por igual y serán solidariamente obligadas al pago del tributo por la totalidad del mismo, salvo el derecho del Fisco a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas, y el de cada partícipe de repetir de los demás la cuota del tributo que les correspondiere. El hecho imponible atribuido a una persona o entidad se imputará también a la persona o entidad con la cual aquella tenga vinculación económica o jurídica, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones surja que ambas personas o entidades constituyen una unidad o conjunto económico. En este supuesto ambas personas o entidades serán contribuyentes co-deudores solidarios del pago de la deuda tributaria.
Se encuentran obligados al pago de los tributos, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. 3. Los fiduciarios y los administradores de los demás sujetos aludidos en el artículo 15 de este Código. 4. Los que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, en la formalización de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a otras obligaciones previstas en las normas fiscales o en este Código. 5. Los agentes de recaudación, por los gravámenes que omitieron retener o percibir, o que, retenidos o percibidos no ingresaron en la forma y tiempo que establezcan las normas respectivas. En estos supuestos, resultará de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los incisos 1. y 2. del presente artículo. 6. Los síndicos y liquidadores de las quiebras -en tanto exista desapoderamiento respecto del fallido-, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones, y a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos. 7. Los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colaboración empresaria, respecto de las obligaciones tributarias generadas por la unión o agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. 8. Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a la cancelación de la misma, si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos. 9. Los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que -para cada caso- se estipule en las respectivas normas de aplicación.
Los responsables indicados en el artículo anterior responden en forma solidaria, directa e ilimitada con el contribuyente por el pago de los tributos, recargos, intereses y multas. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los tributos los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles, las sanciones se aplicarán por procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas en el Código Penal. El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo.
(Decreto Ley N° 09/75) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones, en bienes, servicios, beneficios o mejoras que constituyan el objeto de hechos imponibles, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de impuestos, tasas y contribuciones, recargos, intereses y multas, salvo que la Dirección hubiese expedido la correspondiente certificación de no adeudarse gravamen en el momento de la transmisión.
(Sustituido según Ley N° 7.359/05) El domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables de impuestos, tasas y contribuciones, a los efectos de la aplicación de este Código y otras leyes fiscales, es el real, o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. En el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. En el caso de las personas jurídicas del Código Civil, las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, los patrimonios destinados a un fin determinado y las demás sociedades, asociaciones, entidades y empresas, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración efectiva en el ámbito de la Provincia, este último será el domicilio fiscal. El domicilio deberá ser consignado en las declaraciones juradas y demás escritos que los obligados presenten a la Dirección. Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y la Dirección General de Rentas conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo, el mismo tendrá validez a todos los efectos legales, previa notificación fehaciente al contribuyente o responsable en el domicilio que se reputa conocido. Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el presente Código o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su numeración, y la Dirección General de Rentas conociere el lugar de su asiento, podrá declararlo por resolución fundada como domicilio fiscal, previa notificación fehaciente al contribuyente o responsable en el domicilio que se reputa conocido. Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado o también, si se tratara de un domicilio legal, cuando el mismo hubiere desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Todo contribuyente o responsable que haya presentado una vez declaración jurada u otra comunicación a la Dirección General de Rentas está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de este Código. La Dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma que determine la reglamentación. Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo producirá en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, siéndole aplicables, en su caso, las disposiciones de los artículos 21 y 22 del Código Fiscal. Sin perjuicio de ello en las actuaciones en las que corresponda el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 5° y concordantes del Código Fiscal, el cambio de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y en forma directa en las referidas actuaciones administrativas.
Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Dirección. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y vinculantes todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. La Dirección podrá disponer, con relación a aquellos contribuyentes o responsables que evidencien acceso al equipamiento informático necesario y/o capacidad económica para ello, o que realicen trámites o gestiones de cualquier índole ante dicho Organismo -ya sea en forma presencial o a través de Internet-, o respecto de los cuales se haya iniciado, o se inicie, un procedimiento de verificación, fiscalización, determinación y/o sancionatorio; la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, conforme lo determine la reglamentación, la que también podrá habilitar a los contribuyentes y responsables interesados para constituirlo voluntariamente.
(Decreto Ley N° 09/75) Cuando el contribuyente o responsable se domicilie fuera del territorio de la Provincia y no tenga en la misma ningún representante o no se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio el lugar de la Provincia en que el contribuyente o responsable tenga sus inmuebles o su negocio o ejerza su explotación o actividad con fin de lucro o, subsidiariamente el lugar de su última residencia en la Provincia.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección podrá considerar como domicilio fiscal a los efectos de la aplicación de un impuesto, tasa o contribución, el que se halle determinado como tal a los fines de otros gravámenes. (Segundo párrafo derogado según Ley N° 6.611/90).
(Decreto Ley N° 09/75) Los contribuyentes y demás responsables deben cumplir las obligaciones que este Código o leyes fiscales especiales establezcan con el fin de facilitar la determinación, verificación, fiscalización y ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones. Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes y responsables están obligados: 1º) A presentar declaración jurada de todos los hechos imponibles atribuidos a ellos, por las normas de este Código o leyes fiscales especiales, salvo cuando se disponga expresamente de otra manera; 2º) A comunicar a la Dirección dentro de los quince (15) días de verificado cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes, como así todo cambio de domicilio en los términos del artículo 20 del Código Fiscal; 3º) A conservar por el término de la prescripción y presentar a cada requerimiento de la Dirección, todos los elementos y documentos que de algún modo se refieren a las operaciones o situaciones que constituyan los hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas; 4º) A contestar cualquier pedido de la Dirección de informes y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas o, en general, a las operaciones, situaciones, servicios, beneficios o mejoras que a juicio de la Dirección puedan constituir hechos imponibles; 5º) A facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinación impositiva, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 32; 6º) A solicitar permisos previos y a utilizar los certificados, guías, formularios y demás documentos que determine la Dirección y a exhibirlos a requerimiento de autoridad competente; 7º) Exponer en lugar visible en el domicilio tributario, en sus medios de transporte o en los lugares donde se ejerza la actividad gravada, el o los certificados expedidos por la Dirección que acrediten su inscripción como contribuyente del o de los impuestos, en los casos que establezca la Dirección.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección podrá imponer con carácter general a toda categoría de contribuyentes y responsables, lleven o no contabilidad rubricada, el deber de tener regularmente uno o más libros en que se anoten las operaciones y los actos relevantes a los fines de la determinación de las obligaciones fiscales.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección podrá requerir a terceros y éstos estarán obligados a suministrarlos, todos los informes que se refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles, según las normas de este Código u otras leyes fiscales especiales, salvo en el caso en que la ley establezca para esas personas el deber del secreto profesional.
(Decreto Ley N° 09/75) Los funcionarios y empleados judiciales, los funcionarios y empleados de la administración pública y los escribanos de registro están obligados a suministrar informes a requerimiento de la Dirección sobre los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y puedan originar, modificar o extinguir hechos imponibles, salvo cuando medie expresa prohibición legal. Los magistrados judiciales deberán notificar a la Dirección General la iniciación de los juicios de quiebra, concursos preventivos, concurso civil, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de producida, a los fines de que se tome la intervención que corresponda. Los Síndicos que resultaren sorteados en los juicios señalados en el párrafo precedente, deberán solicitar a la Dirección General la certificación de libre deuda o liquidación de impuestos, en su caso, a los efectos de la reserva a favor del fisco que fuese procedente a la respectiva verificación de créditos.
(Decreto Ley N° 09/75) Ningún magistrado, funcionario o empleado judicial, ni funcionario o empleado de la Administración Pública, registrará o dará curso a tramitación alguna con respecto a actividades o bienes relacionados con obligaciones tributarias vencidas, cuyo cumplimiento no se pruebe con certificado expedido por la Dirección. Tampoco registrarán, ordenarán el archivo ni darán curso a tramitación alguna, sin que previamente se abonen los tributos que correspondan. La Dirección podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las actuaciones que se tramiten en cualquiera de las circunscripciones judiciales de la Provincia, por intermedio de los funcionarios o empleados asignados al efecto por el Director, en los términos del artículo 6º del Código Fiscal. Cuando se trate de actuaciones administrativas o judiciales que deban cumplirse en un plazo perentorio para evitar la pérdida de un derecho o la aplicación de una sanción, deberá darse entrada a los escritos o actuaciones correspondientes y ordenarse, previo a todo trámite, el pago de los tributos adeudados. (Párrafo incorporado según Ley N° 6.298/84) Lo dispuesto en este artículo no será obligatorio: a) Para la inscripción o anotación de los documentos a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 17.801, quedando obligada la Dirección General de Inmuebles a informar mensualmente a la Dirección General de Rentas los casos en que se haya hecho uso de esta opción en ese lapso. b) Para la inscripción como productor forestal y para la autorización de desmontes, quedando obligada la Dirección General de Recursos Naturales Renovables a informar mensualmente a la Dirección General de Rentas las inscripciones y autorizaciones concedidas en ese lapso.
(Párrafo sustituido según Ley N° 6.298/84) Los funcionarios públicos, magistrados y escribanos de registro son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas a los actos que autoricen en el ejercicio de sus respectivas funciones, a cuyo fin están facultados para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de este Código. (Párrafo agregado según Ley N° 6.736/94) A partir de la vigencia del presente las instituciones de crédito bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, no procederán a dar curso a las solicitudes de crédito, cualquiera sea su naturaleza, respecto de los responsables que la Dirección comunique que no se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previa notificación al responsable para que en plazo que fije la Dirección acredite o cumplimente la o las obligaciones omitidas, salvo que el préstamo sea solicitado para abonar los tributos adeudados. La Dirección procederá a comunicar al Banco Central de la República Argentina en el supuesto que no se dé cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 37 y 39, inciso 1°, en su caso.
(Decreto Ley N° 09/75) La determinación de las obligaciones fiscales se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten a la Dirección en la forma que ésta disponga y en el tiempo que el Poder Ejecutivo establezca, salvo cuando este Código u otra ley fiscal especial indiquen expresamente otro procedimiento. La declaración jurada deberá contener todos los elementos y datos necesarios para hacer conocer el hecho imponible existente y el monto de la obligación fiscal correspondiente.
(Sustituido según Ley N° 5.245/78) La declaración jurada esta sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulta, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin la presentación de otra posterior aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección verificará las declaraciones juradas para comprobar la exactitud de los datos en ellas consignados. Cuando el contribuyente o el responsable no hubiere presentado la declaración jurada o la misma resultare inexacta por ser falsos o erróneos los hechos consignados, o por errónea aplicación de las normas de este Código o de las leyes fiscales especiales o de las disposiciones reglamentarias, la Dirección determinará de oficio la obligación fiscal, sobre base cierta o presunta.
La determinación sobre base cierta corresponderá cuando el contribuyente o el responsable suministre a la Dirección los elementos necesarios comprobatorios de las operaciones, actos, situaciones, servicios, beneficios o mejoras que constituyen hechos imponibles, o cuando este Código u otra ley establezca taxativamente los hechos y las circunstancias que la Dirección debe tener en cuenta a los fines de la determinación. La determinación sobre base presunta procederá cuando no se llenen los extremos previstos en el párrafo anterior, y deberá ser efectuada por la Dirección considerando los hechos que, permitan inducir en el caso particular la existencia y el monto del hecho imponible. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, los gastos generales, los salarios, el alquiler del negocio y cualquier elemento de juicio que obren en poder de la Dirección. A los efectos de este artículo, podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario que: A los efectos del Impuesto a las Actividades Económicas: a) Las diferencias físicas de inventarios de mercaderías, cuya venta se encuentre gravada -valuadas al precio promedio ponderado de las últimas compras del ejercicio en que se hubieran determinado dichas diferencias- y comprobadas por la Dirección u otros Organismos Fiscales, representan montos de ventas omitidas. La determinación será efectuada por aplicación, sobre la suma de los conceptos resultantes del punto precedente, del coeficiente que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al período fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, verificadas, declaradas o registradas, por el valor de las mercaderías, cuya venta se encuentre gravada, en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas. Las diferencias de ventas gravadas así determinadas, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio fiscal anterior prorrateándolas en función de las ventas gravadas que se hubieran declarado o registrado, respecto de cada uno de dichos meses. b) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del anticipo, representan en el Impuesto a las Actividades Económicas, montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes. c) Para los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos o el que en el futuro lo reemplace, se presume que sus ventas anuales se corresponden con el importe que resulte del promedio del monto máximo de la categoría declarada por el contribuyente en AFIP y el monto máximo de la inmediata anterior. Las presunciones establecidas en los distintos incisos del párrafo precedente no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo período fiscal. El orden de prioridad será establecido a criterio de la Dirección. A los efectos del Impuesto de Cooperadoras Asistenciales: Se presumirá que: * La fecha de ingreso del trabajador es anterior a la alegada por el empleador, cuando éste último no haya cumplido con la debida registración del alta de la relación laboral en los términos que fijan las normas legales y reglamentarias. En tal caso, la presunción deberá fundarse en pruebas o indicios, precisos y concordantes que permitan inferir la fecha de inicio de la relación laboral. Las presunciones admiten prueba en contrario.
(Sustituido según Ley N° 7.359/05) El procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de 15 (quince) días, que podrá ser prorrogado a pedido de parte y por única vez por 5 (cinco) días más, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. Evacuada la vista o transcurrido el término señalado sin que el contribuyente o responsable formule su descargo, el Director General dictará, previo dictamen jurídico, resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago. La resolución de determinación deberá contener lo adeudado en Concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y demás accesorios, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. En el supuesto que la impugnación sea sólo parcial se aplicarán, en Forma independiente, las normas de los párrafos precedentes respecto de la parte consentida y la que ha sido materia de cuestionamiento por el contribuyente o responsable. El procedimiento del presente artículo deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria de los artículos 16, 17, 18 y 19.
La Resolución de determinación emitida por el Director General quedará firme y consentida a los quince (15) días de notificada, salvo que el contribuyente o responsable interponga, dentro de dicho término, alguno de los recursos previstos en el artículo 69.
(Sustituido según Ley N° 6.583/90) La determinación de oficio que quede firme no podrá ser modificada por la Dirección, excepto que se descubran errores de hecho, omisión o dolo por parte del contribuyente, responsable o tercero en la exhibición de datos y elementos que sirvieron de base para su confección o cuando en el acta determinativa se hubiere dejado constancia del carácter parcial de la misma y definido los aspectos que han sido objeto de la fiscalización. Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente o responsable de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente, bajo pena de las sanciones establecidas en este Código.
*Art. 36.- La falta total o parcial de pago de los tributos, retenciones, percepciones, anticipos, multas firmes y demás obligaciones de pago establecidas en este Código o leyes tributarias, devengarán desde sus respectivos vencimientos y hasta el día de pago o regularización, sin necesidad de intimación alguna, un interés resarcitorio directo mensual o fracción diaria que corresponda. La tasa de interés y su mecanismo de aplicación será fijada por la Dirección General de Rentas, y la tasa que se fije no podrá exceder la Tasa Activa en Pesos del Banco de la Nación Argentina para descubiertos en Cuenta Corriente Sin Acuerdo, incrementada en un cuarenta por ciento (40%), que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina. Asimismo, la Dirección establecerá el momento a partir del cual se deberá aplicar la tasa de interés que fije en el ejercicio de dicha potestad. La obligación de pago de estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Dirección al recibir el pago del capital de la deuda y sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por infracciones fiscales.
- (Sustituido según Ley N° 6.664/92) Serán reprimidos con multa de doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.) a cuatro mil Unidades Tributarias (4.000 U.T.) los infractores a las disposiciones de este Código, de otras leyes tributarias, de los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo y/o de las Resoluciones emitidas por la Dirección que establezcan el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar o fiscalizar su cumplimiento.
(Sustituido según Ley N° 7.359/05) Incurrirá en omisión y será reprimido con una multa graduable de un veinte por ciento (20%) hasta el noventa por ciento (90%) del monto de la obligación fiscal omitida, todo aquél que deje de pagar total o parcialmente un impuesto, tasa o contribución, no suministre información, no presente declaración jurada, dé informaciones o presente declaraciones juradas inexactas, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 39 y en cuanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los Agentes de Retención o Percepción de los impuestos cuyo cobro está a cargo de esta Dirección, que omitan actuar como tales, o que habiéndolas efectuado las ingresen extemporáneamente mediante presentación espontánea. Serán reprimidos con el máximo legal previsto en el primer párrafo (90%) quienes omitan oblar los pagos a cuenta establecidos por la Dirección.
Aquellos que comercialicen de manera ilegal o informal en todo el territorio de la Provincia de Salta cigarrillos, cigarritos, puros, tabaco para armar y tabaco en hebras o picado, serán sancionados con las siguientes penalidades: a) Una multa de 70.000 U.T. (Unidades Tributarias) hasta 240.000 U.T. (Unidades Tributarias). b) En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta en el inciso anterior y se procederá a la clausura del establecimiento por 30 días, exteriorizando visiblemente con fajas que contengan la leyenda "CLAUSURADO POR COMERCIALIZAR PRODUCTO DE FABRICACIÓN ILEGAL." En todos los casos se procederá al secuestro de los productos para su posterior destrucción.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas equivalentes de una vez hasta cinco veces el impuesto en que se defraudará al Fisco, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes: 1°) Los contribuyentes, responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, acerción, ocultación o en general cualquier maniobra con el propósito de producir evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que le incumben a ellos u otros sujetos. 2°) Los agentes de retención o percepción que retengan en su poder impuestos o contribuciones, después de haber vencido los plazos en que debieran ingresarlos al Fisco, excepto las situaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 38. El dolo se presume por el solo vencimiento de los plazos, salvo que prueben la imposibilidad de haberlo cumplido por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa. En el caso de este inciso, la defraudación fiscal se considerará consumada cuando se hayan realizado los hechos o maniobras indicadas en el inciso 1º aún cuando no haya vencido todavía el término en que debieran depositarse las respectivas obligaciones fiscales.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Se presume el propósito de procurar para sí o para otros la evasión fraudulenta de las obligaciones fiscales, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de los siguientes hechos o circunstancias: 1°) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes con los datos contenidos en la declaración jurada. 2°) Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios y la aplicación que de los mismos hagan los contribuyentes responsables con respecto a sus obligaciones fiscales. 3°) Cuando las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omitan consignar bienes, actividades u operaciones que constituyan o modifiquen hechos imponibles. 4°) Producción de informes o comunicaciones falsas a la Dirección con respecto a los hechos u operaciones que constituyen o modifiquen hechos imponibles. 5°) Cuando se llevan dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos, o no lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifiquen tal omisión; cuando no se lleven los libros especiales a que se refiere el artículo 24 del Código Fiscal. 6°) Cuando quien resulte contribuyente o responsable omitiera inscribirse, no presenten las declaraciones juradas y no efectúe el pago del tributo adeudado, si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyente o responsable y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición. 7°) Cuando se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas, para desfigurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Las multas a que se refieren los artículos 37 a 39 de este Código serán graduadas por la Dirección considerando la naturaleza de la infracción constatada, el grado de reincidencia del responsable y todas aquellas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82 y modificado por Decreto N° 2.909/97 Publicado en el B. O. N° 15.370 - Ley 6.969/98) Las disposiciones de los artículos 37 a 39, no serán de aplicación cuando se trate del Impuesto de Sellos que grava los actos, contratos y/u operaciones, cualquiera sea la forma de su pago, en cuyo caso las infracciones respectivas, serán reprimidas de conformidad al siguiente régimen: 1°)En caso de mora y siempre que el instrumento sea presentado espontáneamente a la oficina recaudadora, será habilitado con los recargos que correspondan conforme se indica a continuación: a) Del diez por ciento (10%) cuando no exceda los treinta días corridos de retardo; b) Del veinte por ciento (20%) cuando exceda los treinta días y hasta sesenta días corridos de retardo; c) Del sesenta por ciento (60%) cuando excediese el plazo de sesenta días corridos señalados en el inciso anterior; d) Del doscientos por ciento (200%) cuando se presenten para su reposición instrumentos en que se consignen obligación de dar, hacer o no hacer, con plazo vencido, cualquiera sea el término transcurrido. En los casos mencionados no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 y la imposición del recargo será automática sin necesidad de sumario ni resolución previa. 2°) Cuando la existencia del instrumento haya sido determinada directamente por la Dirección sin que mediare presentación previa del contribuyente o responsable denunciándolo, la infracción cometida será considerada defraudación fiscal y será penada con una multa equivalente a dos veces el impuesto tasa o contribución omitido. Esta sanción será de cinco veces cuando en el instrumento detectado se consignen obligaciones de dar, hacer o no hacer, con plazo vencido, cualquiera sea el término transcurrido. En estos casos el impuesto devengará los intereses establecidos en el artículo 36.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Se considerará además infracción punible con las sanciones previstas en el inciso 2º del artículo anterior: 1°) Presentar instrumentos privados o sus copias, sin probar el pago del impuesto o contribución correspondiente; 2°) Invocar en juicio la existencia de un contrato escrito sin probar que tributó el impuesto o contribución correspondiente, o sin ofrecer los medios para su comprobación, cuando por conformidad de partes, dicho instrumento produzca efectos jurídicos en el juicio; 3°) No presentar la prueba del pago del impuesto o contribución cuando la Dirección hubiere comprobado la existencia de un contrato escrito; 4°) Excederse en el número de líneas o utilizar el margen del papel sellado cuando de ello resulte perjuicio a la renta fiscal, salvo las anotaciones marginales posteriores al acto; 5°) Extender instrumentos sin fecha y/o lugar de otorgamiento o adulterar la fecha de los mismos, cuando de tales actos pueda resultar perjuicio a la renta fiscal.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) En caso de presentación espontánea del contribuyente no será de aplicación lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 39, debiéndose abonar la deuda vencida únicamente con los intereses y ajustes que correspondieran. Este régimen regirá aún en el supuesto de que el contribuyente se presente a regularizar su deuda después de haber recibido una simple notificación y siempre que el pago y/o regularización se produzca antes de expirar el plazo acordado en la misma; en este supuesto el monto de los intereses y ajustes correspondientes se incrementará en un diez por ciento (10%), en forma automática y sin necesidad de sumario previo. En caso de que la deuda sea abonada o regularizada después de vencido el plazo acordado en la notificación y siempre que tal circunstancia ocurra con anterioridad al efectivo requerimiento y/o iniciación de sumario, el monto de los intereses y ajuste se incrementará en un veinte por ciento (20%) en forma automática y sin sumario previo. La simple notificación es una facultad de la Dirección y no constituye Un requisito previo para el requerimiento o para que la Dirección ejercite los demás procedimientos establecidos por este Código. En ningún caso el beneficio de la presentación espontánea procederá Cuando exista requerimiento, inspección, zona de inspección o se hayan iniciado las pertinentes actuaciones sumariales en cuyo supuesto corresponderá la aplicación de los artículos 37, 38 o 39, según corresponda. Lo dispuesto en este artículo regirá para los agentes de retención y/o percepción solo en el caso de que presenten la declaración jurada e ingresen los montos retenidos y/o percibidos en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del vencimiento para la presentación de la declaración jurada. No regirán los beneficios dispuestos en este artículo respecto al Impuesto de Sellos. El Poder Ejecutivo podrá suspender la aplicación del beneficio acordado en el primer apartado del presente cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, mediante el dictado del correspondiente decreto. En los casos de infracciones a los deberes formales las multas podrán ser redimidas total o parcialmente por la Dirección, mediante Resolución fundada, siempre que impliquen culpa leve de los infractores.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) El Poder Ejecutivo podrá disponer por el término que considere conveniente, en forma conjunta o alternativa, diferir, remitir o eximir total o parcialmente el pago de la obligación tributaria a contribuyentes o responsables de determinadas zonas, radios o actividades cuando fueren afectados por casos fortuitos o de fuerza mayor que dificulten o hagan imposible el pago de la obligación tributaria. (Párrafo agregado según Ley N° 6.736/94) Facultase al Poder Ejecutivo a condonar deudas en concepto de tributos provinciales, a los contribuyentes de escasos recursos, impedidos, inválidos, sexagenarios, valetudinarios y pobres de solemnidad, en las condiciones que fije la reglamentación de la presente. Facultase al Poder Ejecutivo para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas, radios o actividades, la condonación y/o exención total o parcial de multas, recargos, actualización e intereses y cualquier otra sanción para los responsables o contribuyentes que se hallen en infracción a las disposiciones de este Código, leyes fiscales especiales, reglamentos y demás normas relativas a los impuestos, tasa o contribuciones, que regularicen espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones omitidas o solicitando prórroga para su pago y denunciando en su caso la posesión o tenencia de efectos en contravención.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Las multas por infracciones a los deberes formales, omisión o defraudación fiscal, serán aplicadas por la Dirección y deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de notificada la Resolución que la aplica rigiendo a partir del vencimiento de este término sin necesidad de interpelación alguna, los intereses y ajustes correspondientes.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) La Dirección, antes de aplicar multas por las infracciones enumeradas en los artículos 37 a 39, 42 inc.2° y 43 dispondrá la instrucción de un sumario notificando de ello al presunto infractor y emplazándolo para que en el plazo de quince (15) días alegue su defensa por escrito y ofrezca o produzca las pruebas que hagan a su derecho. La Dirección podrá denegar la producción de prueba ofrecida cuando la misma sea irrelevante, inconducente, superflua o meramente dilatoria. En caso de duda deberá estarse por la producción de la prueba. Igualmente podrá disponer que se practiquen todas las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos necesarios para la toma de decisión.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) De la prueba producida se dará vista al interesado por cinco (5) días para que alegue sobre su mérito. Vencido el plazo sin que el interesado haga uso de su derecho, se procederá sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si correspondiere, a dictar la pertinente Resolución. La Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia se aplicará supletoriamente en todo cuando no se oponga a la presente.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) La acción para imponer multas por infracciones a las obligaciones y deberes fiscales a las personas físicas, así como las multas ya aplicadas, se extinguen por la muerte del infractor.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Cuando el infractor no fuera una persona física, las sanciones que pudieran corresponder se aplicarán al ente de hecho o de derecho responsable, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen a terceros intervinientes.
(Según Ley N° 7.200/02) Serán sancionados con clausura de uno (1) a cinco (5) días de sus establecimientos comerciales, industriales o de servicios, los contribuyentes o responsables que incurran en algunos de los hechos u omisiones que a continuación se configuran, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en este Código: a) No se encontrare inscripto como contribuyente ante la Dirección, cuando estuviere obligado a hacerlo, salvo que no hubieran transcurrido treinta (30) días corridos desde el inicio de la actividad. b) No emitir facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios, en la forma, condiciones y plazos que establezca la Dirección. c) No llevar anotaciones o registraciones de las adquisiciones de bienes o servicios y de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios, en la forma, condiciones y plazos que establezca la Dirección. d) (Inciso vetado parcialmente por Decreto N° 1.382/02) Poseer bienes o mercaderías sobre cuya adquisición no se aporten facturas o documentos equivalentes, o no conservar los comprobantes correspondientes a los gastos o insumos necesarios para el desarrollo de la actividad, en la forma, condiciones y plazos que establezca la Dirección. e) Existir manifiesta discordancia entre el original de la factura o documento equivalente y el duplicado en poder del contribuyente, o detectarse doble facturación, o cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos. f) Cuando ante tres (3) pedidos de informes y/o requerimientos, en el mismo período fiscal, por parte de la Dirección y por igual tributo objeto del requerimiento o pedido, para que suministre información y/o documentación propia o de terceros, o que presente declaraciones juradas, no lo hiciere dentro del término establecido, sin causa justificada, o lo hiciere de manera incompleta. Habrá reincidencia respecto de cualquiera de los supuestos antes previstos, cuando dentro de los dos (2) años, a contar desde que se hubiera sancionado una infracción anterior, se cometa una nueva, en cuyo caso el máximo de la sanción de clausura se elevará al doble, tomándose como mínimo la aplicada en la última oportunidad.
(Según Ley N° 7.200/02) La clausura será dispuesta por la Dirección mediante resolución fundada. Estará precedida de un Acta de Comprobación en la cual los agentes de la Dirección dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los hechos, a su prueba y a su encuadre legal. Además, en la misma Acta se citará al imputado para que comparezca a una audiencia para ejercer su defensa, munido de las pruebas que hagan a su derecho, pudiendo asistir con patrocinio letrado. La mencionada audiencia se fijará dentro de un término no menor a cinco (5), ni mayor de treinta (30) días, pudiendo ser prorrogada por igual plazo, mediante resolución fundada. El Acta deberá ser firmada por los agentes intervinientes y el responsable de la infracción o representante legal, el que podrá formular las consideraciones que hagan a su derecho, en su defecto, será firmada por cualquier persona del establecimiento o administración, en todos los casos se entregará copia a la persona que reciba la notificación. Si se negare a firmar o a recibirla, la misma se dejará en el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones, certificándose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario. El imputado podrá presentar su defensa por escrito antes de la audiencia, en cuyo caso las actuaciones quedarán en estado de resolver, sin necesidad de celebrarse la audiencia. Ante la ausencia injustificada a la audiencia y la falta de defensa por escrito, será declarado rebelde. Posteriormente se procederá al dictado de la resolución de clausura, con los elementos probatorios obrantes en autos. Cuando compareciera con posterioridad, se proseguirán las actuaciones según su estado.
(Según Ley N° 7.200/02) La audiencia o la presentación de la defensa por escrito deberá realizarse ante la Dirección, la que dictará resolución dentro de un término de veinte (20) días y en su caso, dispondrá sus alcances y el número de días en que deba cumplirse. Consentida la resolución, la Dirección procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Asimismo, podrá realizar comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma. El que quebrantare de cualquier modo la clausura impuesta o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieren sido utilizados para hacerla efectiva o para llevarla a conocimiento del público, será sancionado con una nueva clausura por el doble de tiempo de aquella, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes.
(Según Ley N° 7.200/02) Durante el período de clausura cesará completamente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales.
El que fuere imputado o sancionado por la Dirección por una infracción que sea pasible de clausura, por las causales antes tipificadas, podrá: a) Abonar voluntariamente un (1) día de clausura convertible a multa equivalente de 2.000 U.T. a 20.000 U.T. El pago voluntario importa el allanamiento liso y llano a la comprobación de la infracción, el que deberá solicitarse por escrito hasta antes de la celebración de la audiencia de defensa ante la Dirección. Abonado el importe liquidado por la Dirección, la acción quedará extinguida. b) Redimir la sanción aplicada por cada día de clausura impuesta con el pago de una multa diario equivalente de 2.500 U.T. a 25.000 U.T. La elección por parte del sancionado del instituto de redimir la sanción aplicada, importa el reconocimiento expreso de la existencia real de la infracción constatada en el acto y la renuncia a todo tipo de reclamos judiciales posteriores, relacionados con el procedimiento y con la pena aplicada, así como el de solicitar la devolución del importe de la multa a ingresar. No efectuado el pago del monto determinado, el beneficio caducará de pleno derecho y se procederá a efectivizar la clausura, sin más trámite. c) Tanto en el supuesto de pago voluntario como en el caso de redimir la sanción, el interesado deberá acreditar, en oportunidad de proceder al pago, el cumplimiento actual de la normativa vigente que fuera materia de la imputación o de la sanción, salvo que el deber formal transgredido fuese, por su naturaleza, no susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción. Los días de clausura convertible a multa equivalente en Unidades Tributarias, serán graduadas por la Dirección, considerando la naturaleza de la infracción constatada, el grado de reincidencia del responsable y todas aquellas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso.
(Según Ley N° 7.200/02) Contra la Resolución de la Dirección que disponga la clausura, se podrá interponer por escrito ante la misma, dentro del término de cinco (5) días, Recurso de Apelación, el que deberá ser fundado en el mismo acto y dentro del mismo plazo en sede administrativa, cumplidos los requisitos formales se elevarán las piezas pertinentes al Juez Correccional competente. El Recurso tendrá siempre efecto suspensivo. No interpuesto o no fundado el Recurso en tiempo y forma, la clausura quedará firme procediendo la Dirección a efectivizar la sanción. (Párrafo vetado parcialmente por Decreto N° 1.382/02) El Juez Correccional dictará sentencia confirmando o revocando la clausura en el término de veinte (20) días de recibida la causa.
(Según Ley N° 7.305/04) Quienes transportaren comercialmente mercaderías o cosas en territorio provincial, aunque no sea de su propiedad, por si o por terceros, desprovistos de la documentación respaldatoria exigida por la Dirección General de Rentas, o bien cuando el documento no responda a la realidad comercial realizada serán sancionados con decomiso de la mercadería o cosas que sean objetos de la infracción. La misma sanción será aplicada a los sujetos que no se encontraren inscriptos ante la Dirección General de Rentas, cuando se verificare a su respecto alguno de los siguientes supuestos, y siempre que la mercadería no se encuentre en tránsito: a) Tenencia de mercaderías con fines comerciales sin la documentación respaldatoria pertinente. b) Comercialización de mercaderías sin la documentación respaldatoria correspondiente.
(Según Ley N° 7.305/04) Cuando los funcionarios o agentes fiscales constataren hechos u omisiones que determinen prima facie la configuración de la infracción prevista en el artículo 57, procederán a instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas: a) Interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o quién acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho. b) Secuestro preventivo, cuando las circunstancias así lo exijan.
(Según Ley N° 7.305/04) En caso de interdicción, se confiará al interesado como depositario de los bienes, con la específica indicación de las previsiones y obligaciones que imponen las leyes civiles y penales al depositario. Si hubiere dispuesto el secuestro, tomará todos los recaudos del caso para su buena conservación.
(Según Ley N° 7.305/04) Los hechos u omisiones que determinen la configuración de la infracción prevista en el artículo 57, deberán ser objeto de un Acta de Comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a su encuadramiento legal, conteniendo además, una citación para que el responsable munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una audiencia para formular su descargo y ejercer su derecho de defensa, la que se celebrará en un plazo no superior a cinco (5) días. Los funcionarios fiscales deberán dejar constancia en el Acta de Comprobación del secuestro o interdicción de la mercadería o cosas que se practicare como medida preventiva y del valor de la misma, con arreglo a las pautas de valuación previstas en la reglamentación a los efectos de una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 63. A efectos de establecer la valuación prevista, se deberá tomar en cuenta el valor corriente en plaza, precio mayorista tipo comprador, en el ámbito de la Provincia. Los valores allí establecidos no admitirán prueba en contrario. Asimismo, emplazarán al interesado para que constituya, en ese acto, domicilio especial, a todos los efectos del procedimiento, en el radio urbano de la Ciudad de Salta. Si el interesado no constituyese en ese acto domicilio especial, se le hará saber que podrá hacerlo hasta la fecha fijada para la audiencia de descargo, bajo apercibimiento de tener por constituido domicilio en el de la sede de la Dirección General de Rentas y en el del Juzgado Correccional, en turno, de acuerdo con la instancia procesal de que se trate, en donde quedarán notificadas de pleno derecho todas las resoluciones o providencias que se dictaren. El Acta de Comprobación deberá ser firmada por los funcionarios actuantes y notificada al interesado o persona encargada o responsable del transporte, presente al momento de su confección, a quién se le hará entrega de un ejemplar de la misma. En caso de que se negare a firmar o a recibir el ejemplar del Acta de Comprobación, los funcionarios actuantes dejarán constancia de tal circunstancia.
(Según Ley N° 7.305/04) El Acta de Comprobación deberá ser elevada, inmediatamente, al Director General de Rentas, a los fines de la celebración de la audiencia de descargo, quién deberá dejar constancia en el sumario de la justificación de la valuación asignada a la mercadería, de acuerdo con las pautas contenidas en la reglamentación. El imputado podrá presentar su defensa por escrito hasta la audiencia de descargo, debiendo acompañar toda la prueba de que intente valerse. El Director General de Rentas emitirá resolución fundada en un plazo no superior a las setenta y dos (72) horas de la fecha fijada para la celebración de la audiencia o presentación del escrito de descargo.
(Según Ley N° 7.305/04) La Resolución de la Dirección General de Rentas será revisable por recurso de apelación, con efecto devolutivo ante el Juez Correccional en turno del Distrito Judicial Centro. El Recurso deberá interponerse y fundarse en el mismo acto en sede de la Dirección General de Rentas, en el término de tres (3) días de su notificación personal o por cédula. La Dirección General de Rentas deberá elevar el sumario administrativo al Juez Correccional que en turno corresponda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de interpuesto el recurso de apelación. Igual elevación se cumplirá en caso de que el imputado no interpusiese Recurso de Apelación, a efecto de que el Juez Correccional revise de oficio la procedencia de la sanción aplicada. El Juez Correccional deberá emitir Resolución en el plazo de cinco (5) días de recibido el sumario.
El decomiso podrá ser reemplazado por multa del cuarenta (40 %) ó sesenta por ciento (60 %) del valor de la mercadería o cosas. El monto de la multa se calculará sólo sobre la mercadería o cosas que careciese de respaldo documental.
A los efectos del reemplazo previsto en el artículo anterior, el imputado podrá, previo reconocimiento de la materialidad de la infracción, y cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente en lo que es materia de infracción: a) Abonar el monto equivalente a cuarenta por ciento (40%) del valor total de la mercadería o cosas, hasta la oportunidad fijada para la audiencia de descargo. b) Abonar el monto equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total de la mercadería o cosas, hasta el vencimiento del plazo para interponer el recurso de apelación. En caso de reincidencia, los montos previstos en los incisos a) y b) se incrementarán en un cincuenta por ciento (50%).
(Según Ley N° 7.305/04) En caso de ausencia, impedimento, recusación o excusación del Director General de Rentas para intervenir, será reemplazado por un funcionario de la Dirección, conforme lo disponga la reglamentación.
*Art. 66.- Según Ley Nº 7.305/04) Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta serán de aplicación supletoria a los capítulos de Clausura y Decomiso en tanto no se opongan a sus previsiones.
(Según Ley N° 7.305/04) Consentida y/o ejecutoriada la sanción de decomiso, la mercadería o cosas que resultaren incautadas serán remitidas, siempre y cuando no estuvieren sometidas a destrucción o inutilización, a la Secretaría de la Gobernación de Desarrollo Social, con destino a personas carenciadas y/o entidades de bien público.
(Decreto Ley N° 09/75) - (Párrafo sustituido según Ley N° 6.583/90) Las consultas que formulen los contribuyentes o responsables sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en este Código o leyes fiscales especiales, en los casos concretos y de interés general, los pedidos de devolución de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos e intereses, las presentaciones en oposición a requerimientos de la Dirección y en general toda obligación impuesta a los contribuyentes, responsables y terceros con arreglo a este Código y leyes fiscales especiales deberán ser resueltas, salvo expresa disposición en contrario, por la Dirección mediante pronunciamiento expreso y fundado. En todos los casos a que se refiere el párrafo anterior, excepto cuando se trate de consultas, la Dirección antes de dictar resolución, dará vista al interesado para que en el término de quince (15) días alegue su defensa por escrito y ofrezca o produzca las pruebas que hagan a su derecho. Vencido dicho término, la Dirección podrá disponer que se practiquen otras diligencias de pruebas o cerrar la actuación dictando pronunciamiento fundado en el término máximo de noventa (90) días en el cual expresará, en su caso, las razones de la desestimación de las pruebas no diligenciadas.
Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Dirección General de Rentas, sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho real y actual que configure o pudiera configurar un hecho imponible. A tal efecto, deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada, debiendo aportar todos los elementos que se posean acerca de la situación de hecho que origina el pedido. El consultante deberá dar cumplimiento a las obligaciones tributarias objeto de consulta, pudiendo hacerlo de conformidad al criterio sustentado por el mismo, dentro de los plazos de ley, no admitiéndose prórroga alguna. Si la respuesta no resultare coincidente con dicho temperamento, el consultante deberá los intereses resarcitorios previstos en el artículo 36 de este Código, pero no le serán aplicables las sanciones previstas en el mismo. Cuando la consulta se refiera al Impuesto de Sellos, los plazos relacionados con los recargos previstos en el artículo 42 se suspenderán desde la interposición de la consulta hasta la notificación de la contestación de la misma. Previo a la evacuación de la consulta, se requerirá dictamen de los servicios técnicos y jurídicos del Organismo. Asimismo, la Dirección podrá requerir al consultante aclaraciones o ampliaciones, suspendiéndose el plazo hasta tanto el consultante de cumplimiento a ello. Si dentro del plazo de quince (15) días el contribuyente no cumpliere, el pedido será denegado y remitido para su archivo. La contestación que deberá emitirse dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la presentación, tendrá carácter vinculante para la Dirección y para el sujeto consultante; con relación al caso estrictamente consultado. La misma será irrecurrible para aquél. Sin perjuicio de ello, podrán ser recurridos los actos administrativos emitidos con posterioridad y fundados en la contestación elaborada por la Dirección. La Dirección General de Rentas está obligada a aplicar con respecto al consultante el criterio técnico sustentado en la contestación; la modificación del mismo deberá serle notificada y solo surtirá efecto para los hechos posteriores a dicha notificación. Si la Dirección General de Rentas, no se hubiere expedido en el plazo previsto, y el consultante aplica el derecho de acuerdo a su opción fundada, las obligaciones que pudieran resultar darán lugar solo a la aplicación de intereses resarcitorios, siempre y cuando la consulta hubiere sido formulada hasta el vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación respectiva.
(Sustituido según Ley N° 7.359/05) Contra las Resoluciones de la Dirección que determinen, en forma cierta o presuntiva, tributos y accesorios o impongan sanciones, los contribuyentes o responsables y los infractores afectados podrán interponer, dentro del plazo de quince (15) días de notificados, únicamente los siguientes recursos: a) Recurso Jerárquico ante el Ministro de Hacienda y Obras Públicas cuando el monto de la determinación de tributos y sus accesorios o de las sanciones, en cada caso, no supere el monto equivalente a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T). b) Recurso Jerárquico directo ante el Gobernador de la Provincia cuando el monto de la determinación de tributos y sus accesorios o de las sanciones, en cada caso, supere el monto equivalente a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T). "Asimismo, contra las Resoluciones de la Dirección recaídas en cuestiones distintas a las mencionadas precedentemente, el contribuyente o responsable podrá interponer, dentro del plazo de quince (15) días de notificados, Pedido de Aclaratoria o Recurso de Reconsideración por ante el Director General. La resolución del mismo, será apelable mediante Recurso Jerárquico ante el Ministro, enunciado en el inciso a) del presente.
NOTA DE REDACCION (DEROGADO POR LEY 7359)
Las Resoluciones del Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos o el que en el futuro lo reemplace y las decisiones emanadas del Gobernador de la Provincia serán definitivas, quedando a salvo el derecho de los recurrentes para entablar acción judicial, previo cumplimiento, en su caso, de las obligaciones fiscales, determinadas en la instancia administrativa, con excepción de las multas.
(Decreto Ley N° 09/75) El recurso contencioso se sustanciará de acuerdo a las normas y términos establecidos en el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo.
(Decreto Ley N° 09/75) La sentencia que condene al pago de una suma que no exceda de quinientos pesos ($ 500.-) se tendrá por definitiva y causará ejecutoria. Las restantes sentencias serán susceptibles de todos los recursos que establecen las normas de procedimientos vigentes en la materia.
(Decreto Ley N° 09/75) Las resoluciones consentidas en cualquier etapa y las definitivas pasarán en autoridad de cosa juzgada y no se admitirá acción de repetición por las obligaciones fiscales, multas, recargos e intereses que se abonen.
(Decreto Ley N° 09/75) Las controversias por requerimientos del fisco por obligaciones fiscales cuya existencia se exteriorice en juicio, serán resueltas por el Juez que entiende en la causa, con arreglo al procedimiento que prevé este Código.
Salvo disposición expresa en contrario de este Código o leyes fiscales especiales, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones deberá ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los plazos que a tal efecto establezcan este Código o la Dirección. El pago de las obligaciones fiscales determinadas por la Dirección deberá efectuarse en el plazo previsto en el artículo 33 o dentro de los quince (15) días de la notificación de la resolución firme que fije la respectiva obligación fiscal según los casos. (Segundo párrafo sustituido por el Art. 13 de la Ley 6583/90). Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, el Poder Ejecutivo podrá exigir con carácter general o, para determinadas categorías de contribuyentes o responsables, uno o varios anticipos o pagos a cuenta de obligaciones tributarias del año fiscal en curso en la forma y tiempo que establezca.
Los responsables sustitutos se encuentran obligados al pago de los tributos y accesorios como únicos responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que no revistan la calidad de residentes en el territorio nacional, en la misma forma y oportunidad que rija para éstos, sin perjuicio del derecho de reintegro que les asiste en relación a dichos contribuyentes. A los fines de determinar el concepto de residente en el territorio nacional se aplicarán las previsiones de la Ley 20.628 y modificatorias del Impuesto a las Ganancias. Los incumplimientos a las obligaciones y deberes establecidos en este Código y en las respectivas reglamentaciones por parte de los responsables sustitutos dará lugar a la aplicación del régimen sancionatorio que corresponda a los contribuyentes.
(Decreto Ley N° 09/75) Los pagos de impuestos, tasas y contribuciones, deberán efectuarse depositando en las cuentas especiales a nombre de la Dirección, en el Banco Provincial de Salta, en otros bancos o en las oficinas que se habiliten a tal efecto, la suma correspondiente, o mediante envío de cheque no negociable, giro o valor postal o bancario a la orden de la Dirección y en papel sellado o valores fiscales, según corresponda y conforme a la reglamentación. Se considerará como fecha de pago la del día en que se efectúe el depósito o se pague en la oficina habilitada por la Dirección al efecto, se tome el giro postal o bancario, se remita el cheque o valor postal por pieza certificada, siempre que estos valores puedan hacerse efectivos en el momento de su presentación al cobro, o se inutilice el papel sellado o valores fiscales.
(Decreto Ley N° 09/75) Cuando un contribuyente o responsable fuera deudor de tributos, intereses, recargos o multas por diferentes años fiscales y efectuara un pago, sin indicar a qué deuda debe imputarse, la Dirección deberá imputarlo a la deuda tributaria correspondiente al año más remoto, primero a las multas, recargos e intereses, en ese orden y el excedente, si lo hubiera, al tributo.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección podrá compensar de oficio los saldos acreedores de contribuyentes o responsables cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores por impuesto, tasas o contribuciones, declarados por aquellos o determinados por la Dirección, comenzando por los más remotos, salvo excepción de prescripción, y aunque se refieran a distintas obligaciones fiscales. La Dirección podrá compensar en primer término los saldos acreedores con multas, recargos e intereses. Los agentes de retención o de percepción no podrán en ningún caso compensar las sumas ingresadas que hubiesen sido retenidas o percibidas de los contribuyentes.
- Por disposición general, la Dirección podrá conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses, recargos, otros accesorios, y multas a los sujetos pasivos, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, con los recaudos, condiciones y efectos que estime corresponder. El pago deberá efectuarse en cuotas anuales o períodos menores y en todos los casos el importe adeudado devengará un interés mensual de hasta el previsto en el artículo 36 del Código Fiscal. La tasa de interés dependerá del plazo acordado para la facilidad, siendo mayor cuanto más extenso sea aquél. El término que se conceda para completar el pago no podrá exceder de cinco (5) años, salvo en el caso establecido en el párrafo siguiente. La Dirección podrá votar favorablemente las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios, en tanto se otorguen al Crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias.
(Sustituido según Ley N° 6.583/90) Las resoluciones firmes que determinan la obligación impositiva, en los casos que corresponde su dictado, o impongan multas, que hayan sido debidamente notificadas y no sean seguidas por el pago en los términos establecidos por este Código o leyes fiscales especiales, serán ejecutadas sin ninguna ulterior intimación de pago.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección General deberá, de oficio o a demanda de repetición del interesado, acreditar a los contribuyentes o responsables las sumas que resulten a favor de éstos por pagos no debidos o excesivos o por las compensaciones efectuadas, en forma simple y rápida según el procedimiento que dicha repartición establezca. Los contribuyentes y responsables que rectifiquen declaraciones juradas anteriores, podrán compensar el saldo acreedor resultante de la rectificación, con la deuda emergente de nuevas declaraciones juradas, sin perjuicio de la facultad de la Dirección de impugnar dichas compensaciones si la rectificación no fuera procedente, y reclamar el pago de los importes compensados con más los recargos. Los agentes de retención o percepción no podrán, en ningún caso repetir las sumas ingresadas que hubiesen sido retenidas o percibidas de los contribuyentes.
La devolución de los tributos en dinero en efectivo, la imputación o compensación en los instrumentos firmados, y en general, todo reintegro, cuando se hayan efectuado pagos en exceso o por error, será procedente a condición de que el interesado formule su reclamación por escrito dentro de los plazos establecidos en el inciso a) del artículo 91 del Código Fiscal. En los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la presentación del contribuyente solicitando la devolución y hasta su puesta a disposición. En los demás casos, los intereses comenzarán a correr desde la presentación y hasta la Resolución que lo acredite Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer la tasa de interés y mecanismos de aplicación de la misma, no pudiendo exceder en ningún caso el cincuenta por ciento de la tasa prevista en el artículo 36 del Código Fiscal.
En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales provenientes de impuestos, tasas, contribuciones, intereses, recargos, multas, accesorios legales y todo otro crédito, su cobro será demandado por los entes estatales con competencia administrativa, ante la justicia ordinaria de la provincia de Salta, por la vía de la ejecución judicial prevista en el ordenamiento fiscal provincial, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Salta y normas complementarias. Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda. La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados por la Dirección General de Rentas, no pudiendo el tipo de interés exceder en más de una (1) vez la tasa que deba aplicarse conforme las previsiones del artículo 36 del Código Fiscal. La demanda deberá promoverse ante los jueces competentes de los distritos judiciales que correspondan al domicilio fiscal del contribuyente o responsable de pago determinado en el ámbito de esta Provincia. En las acciones judiciales de cobro que se promovieran contra contribuyentes o responsables de pago que no registren por ante el organismo estatal domicilio fiscal en la provincia de Salta, serán competentes los Tribunales de la Ciudad de Salta (Distrito Judicial del Centro).
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) Será título suficiente a los efectos de la Ejecución Judicial: 1) Las liquidaciones de deudas extraídas de los libros fiscales de la Provincia, Municipalidades y demás entes estatales con competencia administrativa, expedidas por los funcionarios autorizados al efecto; 2) El original o testimonio de resoluciones administrativas de las que resulte un crédito fiscal (provincial o municipal); 3) Las liquidaciones de multas firmes impuestas por la Provincia, Municipalidades y entes estatales con competencia administrativa, por contravenciones a las leyes y ordenanzas cuya aplicación compete a las mismas y cuyos fondos deben ingresar en sus tesoros; 4) Los certificados expedidos por los secretarios de los tribunales de conformidad con la ley de Impuestos de Sellos.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) En los supuestos en que el monto total del crédito fiscal que deba ejecutarse no supere el importe equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, este podrá perseguirse por los entes estatales en los lugares en que no hubiere tribunales judiciales constituidos, a través de la justicia de paz letrada. A este fin, la ley especial que se dicte de conformidad al artículo 155 de la Constitución Provincial, contemplará el procedimiento a seguir.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) Resultarán de aplicación al procedimiento de ejecución fiscal, las normas previstas para las ejecuciones especiales del Código de Procedimiento Civil y Comercial.
(Decreto Ley N° 09/75) La Dirección queda facultada para no gestionar el cobro de toda la deuda prescripta o que resulte incobrable por desaparición o insolvencia del deudor o cuando resulte gravoso para el fisco instaurar o proseguir el apremio.
(Decreto Ley N° 09/75) De peligrar el crédito fiscal podrá apremiarse la deuda o disponerse medidas precautorias en base a la norma del artículo 102, aún cuando no se hayan agotado las gestiones administrativas.
(Decreto Ley N° 09/75) En materia de juicios de apremio los funcionarios designados a los efectos de su tramitación podrán celebrar convenios de pago y, la Dirección General o las Municipalidades en su caso, podrán homologarlos en tanto se ajusten a las siguientes normas básicas: 1) El convenio debe comprender la totalidad de la deuda reclamada por concepto de tributos, multas, recargos, intereses, gastos y costas, sin quitas de ninguna especie, y el allanamiento liso y llano del deudor fiscal; 2) El plazo máximo que se otorgue no excederá el establecido en el artículo 65 de este Código; 3) Se pactará la caducidad de plazos por mora automática en el pago de una cualesquiera de las cuotas acordadas; 4) El deudor deberá abonar como mínimo el veinte por ciento (20%) de la deuda al contado y la totalidad de las costas devengadas; 5) No podrá concederse este beneficio mas de una vez en un mismo juicio de apremio; 6) El deudor deberá dar garantía suficiente por el importe que quede pendiente de pago, a satisfacción de la Dirección; 7) Este beneficio se concederá teniendo en cuenta los antecedentes del deudor que pudieren o no hacerlo procedente, no pudiendo otorgarse en ningún caso por infracción a los artículos 39, 40 y 42, inciso 2) de este Código.
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) Las acciones del fisco para determinar y exigir el pago de obligaciones fiscales como así para aplicar y hacer efectivas las multas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y en el Impuesto Inmobiliario y a los Automotores; b) Por el transcurso de diez (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos.
(Decreto Ley N° 09/75) Los términos de prescripciones, las facultades y poderes sindicados en el primer párrafo del artículo anterior, comenzarán a correr desde el primero de enero siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero de este artículo. El término de prescripción para la acción de repetición comenzará a correr desde la fecha de pago. El término para la prescripción de la acción para el cobro judicial y administrativo de impuestos, tasas, contribuciones, accesorios y multas, comenzará a correr desde la fecha de la notificación de la determinación impositiva o aplicación de multa, o de las resoluciones y decisiones definitivas que decidan los recursos contra aquellas. Los términos de prescripción establecidos en el artículo anterior no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia.
(Decreto Ley N° 09/75) La prescripción de las facultades y poderes de la Dirección para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirán: 1) Por el reconocimiento expreso o tácito por parte del contribuyente o responsable de su obligación; 2) Por cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Se establece un régimen de ajuste de los créditos a favor del Estado y sus reparticiones centralizadas, descentralizadas y autárquicas y de los a favor de los particulares, emergentes de impuestos, tasas contribuciones y multas, en la forma y condiciones que se indican en los artículos siguientes.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Toda deuda por impuestos, tasas, contribuciones y otras obligaciones fiscales, como así también los anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, a excepción de los impuestos Inmobiliarios y a los Automotores, que no se abonen hasta el último día hábil del segundo mes calendario siguiente a los plazos establecidos al efecto, serán ajustados automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna, mediante la aplicación del coeficiente correspondiente al período comprendido entre la fecha de vencimiento y la de pago, computándose como mes entero las fracciones del mes.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) El coeficiente referido en el artículo anterior resultará de reducir en un treinta por ciento (30%) la variación de los índices de precios al por mayor nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) producida entre el mes en que debió efectuarse el pago y el penúltimo mes anterior a aquél en que se lo realice. El Poder Ejecutivo Provincial podrá disminuir o suprimir el porcentaje de reducción establecido en este artículo. Nota: Decreto Nº 1.463/85. Poder Ejecutivo suprime reducción del 30%.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) En lo que respecta a los Impuestos Inmobiliarios y a los Automotores, el ajuste procederá sobre las deudas que no se abonen hasta el último día hábil del sexto mes calendario siguiente a las fechas establecidas para su pago, en tal caso los intereses devengados hasta entonces quedarán sin efecto. El coeficiente de ajuste será equivalente a la acumulación de las tasas de intereses que resulten, en base a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 36, para los meses comprendidos entre el mes inmediato anterior al de vencimiento y el penúltimo mes anterior al de pago, ambos inclusive. Será facultad del Poder Ejecutivo establecer, para los casos previstos en este artículo, otra base para la determinación del coeficiente de ajuste.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Las multas sujetas a ajuste son aquellas que han quedado firmes y correspondan a infracciones cometidas con posterioridad al 29 de septiembre de 1976.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Cuando el monto del ajuste y/o intereses no fuere abonado al momento de ingresar el tributo adeudado, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el régimen legal correspondiente desde ese momento hasta el de su efectivo pago, en la forma y plazos establecidos para los tributos.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) El monto del ajuste correspondiente a los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones no constituye crédito a favor de los contribuyentes o responsables contra la deuda del tributo al vencimiento de éste, salvo en los casos en que el mismo no fuere adeudado.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) En los casos de facilidades de pago concedidas por la Dirección sobre el saldo financiado no será de aplicación lo dispuesto en este Título, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 65.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) El capital ajustado será la base para el cálculo de las sanciones, accesorios y recargos previstos en este Código y en las otras leyes tributarias, salvo excepción expresa. Cuando con anterioridad a la instancia en que quede firme una sanción se hubiere abonado el impuesto y sus accesorios, deberá computarse, para el cálculo de la sanción o recargo, el ajuste de la base correspondiente hasta el momento de su confirmación definitiva.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) La Dirección queda facultada para efectuar actuaciones administrativas de determinación e ingreso del monto correspondiente al ajuste en la forma y procedimiento previsto para los impuestos, como así a ejercer respecto de él todas las facultades que este Código prevé respecto de los tributos.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Para que proceda el recurso o demanda por repetición deberá previamente haberse satisfecho en su caso, el importe del ajuste correspondiente al impuesto que se intente repetir.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) La obligación de abonar el importe correspondiente por ajuste surgirá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna por el ente recaudador. Esta obligación subsistirá no obstante la falta de reserva por parte de aquél al recibir el pago y mientras no se opere la prescripción.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Serán ajustadas en los términos de este Título, todas las obligaciones tributarias adeudadas a la fecha, a partir del 29 de Septiembre de 1976.
(Sustituido según Ley N° 5.976/82) Cuando los contribuyentes o responsables solicitaren la devolución, acreditación o compensación de importes abonados indebidamente o en exceso, si el reclamo fuera procedente, se reconocerá el ajuste desde la fecha de su interposición y hasta el mes de notificarse la resolución que disponga la devolución o se autorice la acreditación o compensación. El coeficiente de ajuste y el procedimiento para ello serán los previstos en este Título.
(Sustituido según Ley N° 5.245/78) Las exenciones se regirán por las siguientes normas, salvo disposición en contrario de este Código o de leyes fiscales especiales, o de normas fiscales de leyes especiales: a) Las exenciones objetivas rigen de pleno derecho y en beneficio de aquellas personas y entidades a quienes la ley le atribuye el hecho imponible, salvo en los casos en que expresamente la Ley condiciona su otorgamiento al cumplimiento de determinados requisitos; b) Las exenciones subjetivas que no obren por imperio de la ley, serán declaradas sólo a petición del interesado, pero regirán desde el día que se presentó la solicitud ante la autoridad competente; c) Las exenciones subjetivas sólo obran de pleno derecho, en los casos taxativamente establecidos por la ley a partir de su fecha de vigencia; d) Las exenciones subjetivas podrán ser otorgadas por tiempo determinado y regirán hasta la expiración del término, aunque la norma que las contemple fuese antes abrogada o derogada. Podrán ser renovadas, a petición de los beneficiarios, por igual plazo, si la norma subsiste; e) Las exenciones se extinguen: 1°) Por la abrogación o derogación de la norma que las establece, salvo que fueran temporales; 2°) Por la expiración del término otorgado; 3°) Por el fin de la existencia de las personas o entidades exentas. f) Las exenciones caducan: 1°) Por la desaparición de las circunstancias que las legitiman; 2°) Por la caducidad del término otorgado para solicitar su renovación, cuando fueren temporales; 3°) Por la comisión de defraudación fiscal por quien la goce. En los supuestos contemplados por los apartados 1º y 3º de este inciso, se requiere una resolución emanada de autoridad competente que declare la caducidad, retrotraban la exención o al momento que comparecieran las circunstancias que legitimaban la exención o al momento que comenzó la defraudación declarada por resolución firme. La Dirección podrá exigir el cumplimiento de los deberes formales a los sujetos exentos por este Código o a quienes se atribuyen el hecho imponible, en caso de exenciones objetivas. El pedido de renovación de exención subjetiva temporal deberá efectuarse con una antelación mínima de noventa (90) días del señalado para la expiración del término.
(Sustituido según Ley N° 5.245/78) Las resoluciones de la Dirección que resuelvan pedidos de exención tendrán carácter declarativo y efecto al día que se efectuó la solicitud, salvo disposición en contrario. Los pedidos de exención y renovación formulados por los contribuyentes y responsables deberán efectuarse por escrito, acompañando las pruebas en que funden su derecho. La Dirección deberá resolver la solicitud dentro de los ciento ochenta (180) días de formulada. Vencido este plazo sin que medie resolución, el contribuyente o responsable podrá considerarla denegada e interponer los recursos previstos en este Código.
Salvo disposición especial, las notificaciones, citaciones o intimaciones de pago se efectuarán de la siguiente manera: 1. Personalme 2. Personalmente, en las oficinas de la Dirección General de Rentas. 3. Por carta certificada con aviso de retorno; el aviso de retorno constituye suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscripto por un tercero. 4. Por carta documento, o por cualquier otro medio postal de notificación fehaciente. 5. Por comunicación informática, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable. La fecha y hora quedarán registradas en la transacción y serán las del servidor, debiendo reflejar la hora oficial argentina. 6. Por edictos, publicados durante cinco (5) días consecutivos en el Boletín Oficial, cuando se desconociera el domicilio del contribuyente o responsable. Este término no rige para los juicios o apremios administrativo y judicial. 7. Por carta simple, sólo la remisión de boletas de pago. Las notificaciones efectuadas en día inhábil se consideran realizadas el día hábil inmediato siguiente. La Dirección General de Rentas se encuentra facultada para habilitar días y horas inhábiles.
(Decreto Ley N° 09/75) Los contribuyentes, responsables y terceros podrán remitir sus escritos por cartas certificadas con recibo de retorno o por telegrama colacionado. En tales casos se consignará como fecha de presentación la de la recepción de la pieza postal o telegrama en el aviso de correo. En el caso que los contribuyentes, responsables y/o terceros hayan sido notificados en el domicilio fiscal electrónico previsto en este Código, los mismos podrán remitir sus contestaciones, escritos, etc., por cualquiera de los medios previstos a tal fin.
(Decreto Ley N° 09/75) Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables y terceros, presenten a la Dirección, en cuanto contengan: informaciones referentes a la situación económica u operaciones de aquellos, sus familiares u otras personas, son secretas. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la Dirección están obligados a mantener en la más estricta reserva todo lo que llega a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o a solicitud de los propios declarantes. Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas ofrecidas por terceros en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen o que lo solicite el mismo declarante, y siempre que la información no revele datos referentes a terceros. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no es aplicable a la utilización de las informaciones que la Dirección haya obtenido en asuntos referentes a un impuesto a los efectos de la fiscalización de otras obligaciones tributarias, ni rige frente a los pedidos de informes del Fisco Nacional u otros Fiscos Provinciales o Municipales, siempre que existan normas o acuerdos que establezcan la reciprocidad.
(Decreto Ley N° 09/75) A los efectos de la aplicación de este Código y otras leyes fiscales especiales, se considerarán ausentes: 1°) A las personas físicas que estén domiciliadas o residen permanentemente en el extranjero; 2°) A las personas físicas que tengan residencia temporaria o transitoria por más de un año y medio en el extranjero, con excepción de las que se encuentren desempeñando funciones o comisiones oficiales de la Nación, Provincia o Municipalidades de ésta, y de aquellas que se hayan ausentado en misión de estudio, circunstancia que deberán acreditar debidamente ante la Dirección. Incluyese en la excepción prevista precedentemente a los respectivos cónyuges; 3°) A las personas que residen temporaria o transitoriamente en el país por período que no exceda de seis (6) meses en el año calendario; 4°) A las personas jurídicas con Directorio o sede principal en el extranjero, aunque tengan Directorio o Administradores locales.
(Decreto Ley N° 09/75) Salvo disposiciones en contrario de este Código o leyes fiscales especiales respecto de los impuestos que se abonan mediante declaración jurada, el certificado de libre deuda expedido por la Dirección será la única prueba de no adeudarse tributo. El certificado deberá contener todos los datos necesarios para la identificación del contribuyente, del impuesto y del período fiscal a que se refiere. El certificado regularmente expedido tiene efecto liberatorio en cuanto a los tributos que mencione, salvo que hubiere sido obtenido mediante dolo, fraude, fuerza, temor u ocultación de circunstancias relevantes a los fines de la tributación. No constituye certificado de libre deuda, la simple constancia de haber presentado un contribuyente o responsable la declaración jurada y efectuado el pago del impuesto.
(Sustituido según Ley N° 5.526/80) Los términos establecidos en este Código y leyes fiscales especiales se computarán en la forma establecida por el Código Civil, salvo los de días, que se computarán solamente los hábiles. (Segundo párrafo derogado según Ley N° 5.725/81).
(Decreto Ley N° 09/75) Los expedientes administrativos o de apremio no podrán ser facilitados en préstamo a persona o profesional alguno, bajo ninguna circunstancia.
(Decreto Ley N° 09/75) En el proceso de la determinación de las obligaciones tributarias y en los incidentes que de ella se deriven, la Dirección General o los funcionarios que la representen, no podrán ser constreñidos por los términos establecidos en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta.
(Decreto Ley N° 09/75) Cuando los Escribanos Públicos que hayan incurrido en infracción no abonen, al ser apremiados administrativamente, el importe adeudado o no den a embargo bienes suficientes para cubrirlo, serán suspendidos por la vía que corresponda, en el ejercicio de sus funciones por el término de sesenta (60) días, transcurrido el cual sin haber regularizado su situación, les será retirado el registro.
(Decreto Ley N° 09/75) En cuanto deban actuar por ante otras dependencias de la administración pública, o por ante los tribunales ordinarios de la justicia provincial, los funcionarios facultados a tal efecto podrán autorizar a proponer a los empleados auxiliares necesarios para el contralor de expedientes, retiro de oficios, copias, certificados u otros instrumentos que en los mismos se disponga librar. De ninguna manera podrá limitarse el número de empleados que se proponga con tal finalidad.
Sin utilizar
Sin utilizar
Sin utilizar
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) Por todas las parcelas ubicadas en la Provincia de Salta se pagará un impuesto, que se denominará Impuesto Inmobiliario, con arreglo a las normas que se establecen en este Título y de acuerdo con las alícuotas que fije la Ley Impositiva.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) La ley impositiva establecerá el importe mínimo que corresponderá abonar anualmente por cada parcela en concepto de impuesto inmobiliario. Dicho importe mínimo constituirá, asimismo, la base mínima para la aplicación de los recargos establecidos por los arts. 126 y 128, en su caso.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) En los casos de loteos efectuados en las localidades que determine anualmente la ley impositiva, se realizará por cada manzana una única liquidación de impuesto, sobre la sumatoria de las bases imponibles de las parcelas no transferidas y sin promesa de venta inscripta en el Registro Inmobiliario. La liquidación efectuada no podrá ser inferior a un múltiplo, fijado por la ley impositiva, del impuesto mínimo establecido en el art. 124. En los casos de los loteos conformados por parcelas subrurales y rurales localizados en la zona que indique la ley impositiva, se practicará la única liquidación a que alude el párrafo precedente, por cada grupo que no exceda de treinta parcelas no transferidas y sin promesa de venta inscripta en el Registro Inmobiliario. Este beneficio no se concederá de oficio, sino solo a solicitud del contribuyente, en la forma y oportunidad que determine la Dirección, y deberá renovarse anualmente.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Por las parcelas urbanas, baldías o parcialmente edificadas, se pagará el impuesto establecido en el presente Título con un recargo anual que fijará la ley impositiva y, que dependerá de la relación existente entre el valor fiscal de las mejoras computables y el valor fiscal del terreno libre de mejoras.
(Modificado según Ley N° 6.298/84) No procederá el recargo dispuesto por el artículo anterior en los siguientes casos: a) Parcelas en las que la superficie edificada supere el treinta por ciento (30%) de la superficie total del terreno. Este beneficio se concederá de oficio; b) Parcelas que posean por lo menos una habitación, cocina y servicios sanitarios completos, sean habitadas por sus propietarios y no hallan sido inhabilitados por la autoridad municipal; c) Parcelas destinadas a guarderías o depósito, siempre que el contribuyente acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por las ordenanzas municipales en vigencia y estén efectivamente habilitadas antes de la fecha que establezca la Dirección General de Rentas al uso de acuerdo al destino invocado; d) Parcelas respecto de la cuales el contribuyente acredite haber iniciado, hasta la fecha que establezca la Dirección General de Rentas, los trámites preliminares para la construcción de la misma, tales como aprobación de planos de obras, firma de contrato de construcción o haber obtenido de alguna entidad financiera préstamos de dinero con destino específico para tal fin. Este beneficio procederá hasta un máximo de dos (2) ejercicios fiscales; e) Parcelas que constituyen durante todo el período fiscal la única propiedad inmueble del contribuyente o su cónyuge, considerando bienes gananciales y propios de ambos; f) Parcelas cuyas condiciones topográficas impidan incorporar mejoras edilicias, circunstancia que debe ser acreditada mediante certificado expedido por la Dirección General de Inmuebles. Excepto en los casos del inc.a), estos beneficios serán concedidos por la Dirección General de Rentas solo a pedido del contribuyente, en la forma, condiciones y oportunidad que aquella determine, deberán renovarse anualmente acreditando el mantenimiento de las causales que los habilitaron y comenzará a regir a partir del 1º de enero del año en que se formule la pertinente solicitud.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Por las parcelas rurales y subrurales que estuvieren abandonadas, sin explotar o insuficientemente explotadas, sin que existan factores insalvables o la naturaleza del terreno lo justifique, se pagará el impuesto establecido en el presente Título con un recargo que establecerá la ley impositiva. Se considerarán abandonadas, sin explotar o insuficientemente explotadas las parcelas en las que la inversión realizada con respecto a la base imponible de las mismas no supere el porcentaje que establezca la ley impositiva. A tal efecto, se computará como inversión el valor residual de todos los bienes de uso, a exclusión del terreno, y de cambios afectados a la explotación de la parcela y que allí se mantengan con carácter permanente, que se considerarán a solicitud del contribuyente mediante declaración jurada y de conformidad con la reglamentación que establezca la Dirección. La ley impositiva determinará bajo qué condiciones y circunstancias quedará sin efecto o en suspenso el recargo previsto en el presente artículo.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Las obligaciones fiscales establecidas en el presente Título se generan por los hechos imponibles que se produzcan, con prescindencia de la incorporación de las valuaciones fiscales al catastro, padrón o registro y de su liquidación por parte de la Dirección. Las liquidaciones para el pago del impuesto expedidas por la Dirección sobre la base de las constancias de sus registros, no constituyen determinaciones impositivas.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Son contribuyentes del impuesto establecido en el presente Título los propietarios de las parcelas o sus poseedores a Título de dueño. Se considerarán poseedores a título de dueño: 1) Los compradores con escritura otorgada y aún no inscripta en la Dirección General de Inmuebles; 2) Los compradores que tengan la posesión aún cuando no se hubiere otorgado la escritura traslativa de dominio; 3) Los que poseen con ánimo de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) En los casos de ventas de parcelas contemplados en el artículo precedente, cuando no se haya realizado la transmisión de dominio, tanto el propietario de la parcela como el adquirente, se considerarán contribuyentes y obligados solidariamente al pago del impuesto.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Cuando se verifique la transferencia de dominio de un sujeto exento a otro gravado, o viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comenzará a regir a partir del año calendario siguiente al de la inscripción de dicha transferencia en la Dirección General de Inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 de este Código.
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) Los funcionarios públicos, magistrados y escribanos de registro que autoricen actos que den lugar a la transmisión de dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles, u ordenen o intervengan en la formalización de los mismos, están obligados a constatar el pago del impuesto por los años no prescriptos y el correspondiente al año de celebración del acto inclusive, de los que se dejará constancia en el instrumento del acto. A tal efecto deberán solicitar a la Dirección General de Rentas certificado de deuda líquida y exigible que deberá ser expedido dentro del plazo de veinte (20) días corridos de presentada la solicitud. Si la Dirección General de Rentas no expidiera el certificado en el plazo establecido o no especificara la deuda líquida y exigible, podrá autorizarse el acto dejándose constancia de tales circunstancias, quedando liberado el funcionario, magistrado o escribano interviniente y el adquirente de toda responsabilidad por la deuda, sin perjuicio de los derechos del organismo acreedor de reclamar el pago de su crédito contra el enajenante como obligación personal. Si al tiempo de autorizarse o formalizarse el acto no estuviere vigente la ley impositiva del ejercicio, deberá pagarse o retenerse, como pago a cuenta y sujeto a reajuste, un importe equivalente al impuesto del año anterior, ajustado por el setenta por ciento (70%) del coeficiente de variación que se haya operado en el índice de precios al por mayor nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.), entre el mes de noviembre del penúltimo año anterior y el mismo mes del año inmediato anterior al del ejercicio. El reajuste que resulte, una vez vigente la ley impositiva del ejercicio, deberá pagarse hasta la fecha del primer vencimiento siguiente.
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) Si el certificado de deuda líquida y exigible se expide en el plazo fijado en el artículo precedente o si habiéndose prescindido de él se comprobará la existencia de deuda, los funcionarios, magistrados o escribanos intervinientes ordenarán o autorizarán el acto y su inscripción, previo pago o retención del monto que como deuda líquida y exigible resulte de la certificación, de la que se dejará constancia en el instrumento del acto. Serán deducibles los importes de los impuestos cuyo pago se acredite con la presentación de los comprobantes emitidos por el organismo acreedor.
1.- (Incluido según Ley N° 6.209/83) No será necesario el certificado exigido en el artículo anterior y se podrá autorizar el instrumento, cuando: 1) El adquirente manifieste en forma expresa en el instrumento, que asume la deuda que pudiere resultar, asunción que no libera al enajenante, quien continúa siendo solidariamente responsable frente al organismo receptor. El escribano o funcionario interviniente deberá informar de este hecho en forma fehaciente dentro de los quince (15) días de instrumentado el acto, a la Dirección General de Rentas; 2) Cuando la Dirección General de Rentas no dé cumplimiento con la obligación de otorgar certificado de deuda líquida y exigible en la forma y plazos establecidos en los artículos siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el instrumento respectivo. En este caso el adquirente quedará liberado de toda responsabilidad por deuda del impuesto inmobiliario del inmueble respectivo, anteriores a su titularidad o posesión, salvo que la transmisión se efectúe a título gratuito y en todo caso sin perjuicio del derecho del organismo acreedor de reclamar el pago de su crédito al enajenante como obligación personal.
2.- (Incluido según Ley N° 6.209/83) La Dirección General de Rentas, deberá otorgar certificado de deuda líquida y exigible dentro de los veinte (20) días corridos de presentada la solicitud respectiva, en legal forma.
3.- (Incluido según Ley N° 6.209/83) Al solicitarse el certificado de deuda, el organismo receptor, entregará un duplicado con la constancia de la fecha de su presentación. Si el certificado no se expidiere en el plazo establecido en el artículo anterior, el organismo respectivo deberá dejar constancia en el duplicado de tal circunstancia a pedido.
4.- (Incluido según Ley N° 6.209/83) El certificado expedido deberá contener la deuda detallada por años y cuotas actualizadas, con más los intereses, multas y todo otro importe que deba abonarse en su caso, con especificación de sus conceptos, informando el total líquido y exigible y el día de su vencimiento, que será calculada al último día hábil del mes de su expedición, cuando se presenten antes del día quince (15) de cada mes, y al último día hábil del mes subsiguiente, cuando sea expedida con anterioridad a esa fecha.
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) No se requerirán las certificaciones de deuda líquida y exigible y se podrá ordenar o autorizar el acto y su inscripción cuando el adquirente manifieste en forma expresa que asume la deuda que pudiera resultar, dejándose constancia de ello en el instrumento del acto. La asunción de deuda no libera al enajenante, quién será solidariamente responsable por ella frente al organismo acreedor.
1.- (Incorporado según Ley N° 6.298/84) Los funcionarios, magistrados y escribanos mencionados en los artículos precedentes serán solidariamente responsables por la deuda al organismo acreedor y responderán por ella ante el adquirente, si autorizan el acto sin dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por dichas normas.
2.- (Incorporado según Ley N° 6.298/84) Al solicitar la aprobación de planos de mensura ante la Dirección General de Inmuebles, los interesados deberán acreditar, mediante certificado expedido por la Dirección General de Rentas, el pago del impuesto establecido por este título y sus accesorios correspondientes al gravamen respectivo hasta el año en que el plano se encuentre en condiciones de ser aprobado, inclusive. Si al tiempo de solicitarse el certificado no estuviese vigente la ley impositiva del ejercicio, se procederá conforme lo establecido en el último párrafo del artículo 133.
3.- (Incorporado según Ley N° 6.298/84) Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer, con carácter restrictivo y genérico, excepciones a lo previsto en los artículos 133 a 135 bis 2.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Están exentos del impuesto establecido en el presente Título: 1°) Las parcelas de propiedad del Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades y sus dependencias, centralizadas o descentralizadas, excepto cuando realicen bienes o presten servicios a título oneroso a terceros, incluidos servicios públicos, actuando como entidades de derecho privado; 2°) Las parcelas de propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, las corporaciones religiosas que se encuentren dentro de la misma y las demás inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, solamente con respecto a las parcelas destinadas al cumplimiento de sus fines específicos; 3°) Las parcelas de propiedad de las comisiones municipales de fomento y las asociaciones con personería jurídica o reconocidas por autoridad competente que tengan fines de asistencia social, salud pública, educación pública, deportes o fomento rural; 4°) Las parcelas de propiedad de los estados extranjeros acreditados ante el Gobierno de la Nación, solamente cuando sean ocupadas como sedes oficiales de sus representantes diplomáticos o consulares; 5°) (Inciso incorporado según Ley N° 6.298/84) Las parcelas cuya valuación fiscal no supere el límite que anualmente establezca la ley impositiva.
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) Para gozar de las exenciones previstas en el artículo anterior, excepto en el caso de las objetivas, los contribuyentes deberán solicitar su reconocimiento a la Dirección General de Rentas mediante declaración jurada, acompañando la prueba que justifique la procedencia del mismo. En todos los casos de exención regirá a partir del 1º de enero del año siguiente al de la presentación ante la Dirección General de Rentas y caducará el 1º de enero del año siguiente a aquél en que se hubiera modificado la afectación o demás condiciones de las parcelas que determinaron la procedencia de la exención.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) La base imponible del impuesto establecido en este Título, está constituida por la valuación fiscal, determinada por la Dirección General de Inmuebles con arreglo a las normas que establece este Código. Constituye la valuación las operaciones tendientes a fijar el justiprecio de las parcelas y de las mejoras de carácter permanente existentes en las mismas. La valuación fiscal de una parcela resultará de la suma del valor de la tierra y de las mejoras, que se determinarán separadamente. No se computarán como mejoras las construcciones declaradas inhabitables por la autoridad municipal, como tampoco los cercos y medianeras cuando sean la única construcción existente en la parcela. En los casos de parcelas afectadas al régimen de propiedad horizontal, la valuación fiscal de cada una de las unidades resultantes se determinará sumando el valor de la parte de propiedad exclusiva, al valor proporcional que le corresponda en las partes de propiedad común. En los casos de clubes de campo regidos por la Ley Nº 5.602, la valuación fiscal de cada parcela exclusiva se conformará con su propio valor mas la parte proporcional que le corresponda a su titular sobre la o las parcelas comunes, en su carácter de condómino.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) El valor de las tierras y de las mejoras resultará de la ponderación de los correspondientes valores unitarios básicos, determinados de conformidad a lo establecido en los artículos 140 y 141 con las características particulares de cada parcela, obtenidas de acuerdo a lo consignado en el artículo 144.
Para determinar el valor de la tierra libre de mejoras se procederá de la siguiente manera: a) Para las parcelas urbanas, la valuación se obtendrá a partir de un valor unitario básico, determinado de acuerdo a los precios corrientes de mercado en la zona, al momento de disponerse la valuación general. Dicho valor unitario básico, referido a una parcela tipo ubicada en cada frente de manzana o unidad equivalente, será corregido por coeficientes de ajuste, según forma, dimensiones y ubicación de las parcelas. El valor así obtenido, aplicado a la superficie de cada parcela, determinará su valor. b) Para las parcelas subrurales y rurales el valor se obtendrá a partir de un valor unitario básico, determinado por cada zona de igual aprovechamiento económico, de acuerdo a los precios corrientes de mercado en la zona, al momento de disponerse la valuación general. Se considerarán incluidos en este concepto las inversiones y derechos no sujetos a amortización y que, una vez efectuadas, forman parte integrante de la tierra, tales como la concesión de aguas públicas, obras de desmontes o desbosques, nivelación, canalización para riego y desagües, mejoramiento y recuperación de tierras Dicho valor unitario básico será corregido por coeficientes de ajuste, según emplazamiento y/o accesibilidad a vías de comunicación. El valor así obtenido, aplicado a las superficies de igual aprovechamiento económico que posea cada parcela, determinará por suma su valor.
Para determinar el valor de las mejoras se procederá de la siguiente manera: a) Para los edificios y sus obras accesorias, los valores unitarios básicos se determinarán según destinos y tipos, de acuerdo a los costos corrientes de los mismos al momento de disponerse la valuación general. b) Para las instalaciones de las parcelas subrurales, los valores unitarios básicos se determinarán según tipos, de acuerdo a los costos corrientes de las mismas. c) Para las instalaciones de las parcelas rurales, los valores unitarios básicos se determinarán según tipos, de acuerdo a los costos corrientes de las mismas. No serán computables las mejoras edilicias, sus obras accesorias e instalaciones afectadas directamente a la explotación de actividades primarias de las mismas. Los valores unitarios básicos establecidos en los incisos precedentes, corregidos por coeficientes de ajuste según antigüedad y estado de conservación, aplicados a la cantidad de unidades, determinarán su valor.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) La Junta de Valuaciones, a la que hace referencia el artículo 149 establecerá los coeficientes de ajuste individual de los valores unitarios básicos a los que se refieren los artículos 140 y 141. Los valores unitarios básicos no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el caso de error de hecho. En este supuesto el reclamo deberá interponerse ante la Dirección General de Inmuebles y el recurso de apelación, en su caso ante la Junta de Valuaciones.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Los valores unitarios básicos, elaborados por la Dirección General de Inmuebles y estudiados por comisiones asesoras, serán aprobados por la Junta de Valuaciones. Las mencionadas comisiones asesoras, que se constituirán en la forma, proporción y lugares que establezca la Dirección General de Inmuebles tendrán a su cargo: a) Estudiar los valores unitarios básicos elaborados por la Dirección General de Inmuebles. b) Recomendar la aprobación o modificación de los mencionados valores unitarios básicos. c) Recomendar cualquier sugerencia técnica que pueda ser utilizada para perfeccionar y determinar con mayor justeza los valores unitarios básicos. d) Suscribir acta de constitución, funcionamiento y clausura de las respectivas reuniones. El desempeño de las funciones de los miembros de las comisiones asesoras constituye carga pública y su desempeño será gratuito.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Las características particulares de las parcelas se individualizarán sobre la base de las declaraciones juradas de los propietarios o poseedores a título de dueño, o de oficio por la Dirección General de Inmuebles. La Dirección General de Inmuebles podrá utilizar conjunta o separadamente cualquiera de dichos procedimientos. Cuando adopte la declaración jurada, los responsables estarán obligados a presentarlas en el modo, forma y términos que se establezcan. Dichas declaraciones juradas podrán ser verificadas por la Dirección General de Inmuebles para comprobar su exactitud. Cuando los responsables no la presentaren o las mismas fueren inexactas, la Dirección General de Inmuebles, sin perjuicio de las sanciones a aplicarse de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en este Código, determinará de oficio las características de las parcelas. La determinación de oficio será practicada indistintamente sobre la base de los antecedentes obrantes en las reparticiones provinciales, relevamientos directos en terrenos o cualquier otro sistema técnico que la Dirección General de Inmuebles considere conveniente adoptar. (Párrafo incorporado según Ley N° 6.298/84) Las declaraciones juradas de los propietarios o poseedores a título de dueño y los relevamientos directos en terreno que realice la Dirección General de Inmuebles, se encuentran comprendidos en las disposiciones del artículo 115 de este Código.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) La valuación simultánea de la totalidad de las parcelas ubicadas en la provincia, de conformidad con las normas de los artículos 140, 141 y 142, constituye la valuación general. La valuación general de los inmuebles deberá efectuarse como mínimo una vez cada diez años. El Poder Ejecutivo, al disponer la valuación general, establecerá la fecha de vigencia de los valores resultantes. Los valores resultantes de la valuación general se considerarán notificados a partir del vencimiento del plazo para solicitar a la Dirección General de Inmuebles los valores asignados a las parcelas de su propiedad o posesión. A tal efecto esta Repartición fijará la fecha de dicho vencimiento.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) La valuación fiscal de las parcelas solo podrá ser modificada en los siguientes casos: a) Modificación del estado parcelario: en tal caso el valor de la o las parcelas resultantes se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140, 141 y 142, tomando como valores unitarios básicos los establecidos en la última valuación general. b) Incorporación o supresión de mejoras: 1) Incorporación de mejoras: valor de las mejoras resultantes se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141, tomando como valores unitarios básicos los establecidos en la última valuación general. 2) Supresión de mejoras: el valor de las mejoras suprimidas será deducido del valor registrado. c) Error en la asignación de las características particulares de las parcelas, en la aplicación de los valores unitarios básicos o en las operaciones de cálculo: en estos casos las rectificaciones podrán realizarse de oficio o a pedido de parte. En los casos de los incisos a) y b) los nuevos valores tendrán vigencia desde el primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjeran los hechos allí indicados. En los casos del inciso c), los nuevos valores reemplazarán a los anteriores desde la fecha de vigencia de los valores que se modifican, salvo que éstos hubieran resultado por error en las declaraciones juradas a que se refiere el artículo 144, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el artículo 30 de este Código.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) A propuesta de la Junta de Valuaciones, el Poder Ejecutivo podrá establecer anualmente coeficientes de actualización de los valores de las parcelas, los que surgirán de la relación de valores unitarios básicos que resulten de la aplicación de los artículos 140 y 141, según muestras representativas y los correspondientes a la última valuación general. Sin perjuicio de lo expuesto, por Resolución del Ministerio de Economía podrán actualizarse las valuaciones fiscales dentro de cada ejercicio fiscal, con vigencia a establecer en cada oportunidad, en los siguientes casos: a) Para la determinación de la base imponible de Impuesto Inmobiliario aplicar sobre las cuotas o sobre la proporción del impuesto anual que venzan con posterioridad a la vigencia del ajuste; b) Para la determinación de la base imponible mínima en el Impuesto de Sellos, en los hechos o actos que se verifiquen a partir de la fecha de publicación del ajuste. El ajuste previsto en el segundo párrafo del presente artículo se efectuará de acuerdo a la evolución producida en los valores promedio del mercado inmobiliario, a propuesta de la Dirección General de Inmuebles. Las valuaciones así obtenidas no podrán superar el ochenta por ciento (80%) de los valores promedios del mercado inmobiliario.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) En caso de disconformidad con los valores de las parcelas los contribuyentes podrán interponer ante la Dirección General de Inmuebles recurso de reconsideración o revocatoria, dentro del plazo de diez (10) días a partir de su notificación. La resolución de la Dirección General de Inmuebles, recaída sobre el recurso interpuesto conforme las normas del párrafo anterior, quedará firme a los diez (10) días de notificado, salvo que dentro de ese término el recurrente interponga recurso de apelación ante la Junta de Valuaciones.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) La Junta de Valuaciones tendrá su asiento en la sede de la Dirección General de Inmuebles y estará integrada por los miembros de la Junta de Catastro a que se refiere el artículo 153 de la Ley Nº 1.030, por el Director de la Dirección General de Rentas, o quien legalmente lo reemplace, por un representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios y otro de la Secretaría de Obras Públicas; y por siete representantes titulares y siete suplentes de distintas entidades integradas por contribuyentes. La presidencia del organismo será ejercida por el Director General de Inmuebles. Los representantes de los contribuyentes serán designados por las entidades que a tal efecto invite la Dirección de Inmuebles; durarán un año en sus cargos pudiendo ser designados nuevamente al vencimiento de dicho plazo. La designación para la función de representantes constituye una carga pública y su ejercicio es gratuito.
(Sustituido según Ley N° 6.611/90) La Junta de Valuaciones sesionará válidamente con la presencia de la mitad de sus miembros titulares o suplentes y sus resoluciones adoptarán por simple mayoría de votos, computándose doble el voto del presidente en caso de empate. Para el cometido que le encomienda este Código, el citado organismo deberá realizar una reunión mensual, siempre que haya algún asunto que tratar, abriéndose acta circunstanciada de cada reunión, en la que se hará constar todo lo tratado y resuelto con su respectivo fundamento. Para cada reunión sus miembros deberán ser citados por carta documento, y/u otro medio fehaciente, con transcripción del orden del día a tratarse, del cual no se podrá apartar la Junta.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Las resoluciones que dicte la Junta de Valuaciones al entender los recursos contra pronunciamientos de la Dirección General de Inmuebles fijando valuaciones serán inapelables, debiendo ser notificadas a la citada repartición dentro de los cinco (5) días de dictadas, quién las comunicará a los interesados mediante la entrega de una copia de la misma en la forma prevista por este Código
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Todas las resoluciones firmes o definitivas que fijen valuaciones deberán ser notificadas de inmediato por la Dirección General de Inmuebles a la Dirección General de Rentas. Asimismo dichas reparticiones deberán comunicarse recíprocamente toda modificación vinculada a parcelas que sean de su conocimiento, con expresa indicación de todos los datos e informaciones que posean al respecto.
Los contribuyentes del impuesto establecido por este Título están obligados a denunciar a la Dirección General de Inmuebles todos los bienes raíces que posean en la Provincia, como así también facilitar a dicha repartición todas las informaciones que ésta les solicite. Asimismo dichos responsables deberán comunicar a la mencionada dependencia todas las modificaciones que se introduzcan en las parcelas y que inciden en su valor, dentro de los sesenta (60) días de producidas las mismas. Igual obligación incumbe a los profesionales que intervengan en la realización de las aludidas modificaciones. La Dirección General de Inmuebles podrá requerir a terceros, y éstos estarán obligados a suministrarlos, todos los informes que se refieren a valuaciones o tasaciones de parcelas y sus mejoras que, en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan realizado, contribuido a realizar o hayan debido conocer. Facúltase también a la Dirección General de Rentas a requerir de los contribuyentes y terceros idéntica información a la especificada en los párrafos precedentes, cada vez que lo estimen necesario.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Las autoridades de las distintas reparticiones provinciales y municipales están obligadas a colaborar con la Dirección General de Inmuebles en las tareas de valuación general, debiendo asimismo comunicar a este organismo, con posterioridad a esa tarea, cualquier circunstancia que pueda modificar el estado o el valor de las parcelas, acompañando los elementos probatorios respectivos. La Dirección General de Inmuebles suministrará a las municipalidades un padrón de las determinaciones efectuadas en la valuación general.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) Los propietarios, arrendatarios o poseedores deberán facilitar la entrada a las fincas respectivas a los funcionarios de la Dirección General de Inmuebles a cargo de la valuación del bien o de la constatación de su estado. Asimismo deberá facilitar a dichos funcionarios toda información y documentos vinculados con la parcela, incluso títulos y testimonios, declaraciones juradas y comprobantes de pago de tributos. Los contribuyentes citados en el artículo 130, sus representantes o administradores deberán comunicar a la Dirección su domicilio o residencia.
(Sustituido según Ley N° 5.725/81) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por los artículos 153 y 155 será juzgado con arreglo a lo dispuesto por los artículos 37 a 39 de este Código, según corresponda. Las sanciones a que se refiere este artículo son las correspondientes al impuesto y accesorios establecidos en el presente título y se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan por infracción a la Ley de Catastro General y Único, conforme con sus disposiciones.
Fin del texto
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