Abriendo la norma
Ley provincial 9
(Sustituido según Ley N° 6.298/84) Los funcionarios públicos, magistrados y escribanos de registro que autoricen actos que den lugar a la transmisión de dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles, u ordenen o intervengan en la formalización de los mismos, están obligados a constatar el pago del impuesto por los años no prescriptos y el correspondiente al año de celebración del acto inclusive, de los que se dejará constancia en el instrumento del acto. A tal efecto deberán solicitar a la Dirección General de Rentas certificado de deuda líquida y exigible que deberá ser expedido dentro del plazo de veinte (20) días corridos de presentada la solicitud. Si la Dirección General de Rentas no expidiera el certificado en el plazo establecido o no especificara la deuda líquida y exigible, podrá autorizarse el acto dejándose constancia de tales circunstancias, quedando liberado el funcionario, magistrado o escribano interviniente y el adquirente de toda responsabilidad por la deuda, sin perjuicio de los derechos del organismo acreedor de reclamar el pago de su crédito contra el enajenante como obligación personal. Si al tiempo de autorizarse o formalizarse el acto no estuviere vigente la ley impositiva del ejercicio, deberá pagarse o retenerse, como pago a cuenta y sujeto a reajuste, un importe equivalente al impuesto del año anterior, ajustado por el setenta por ciento (70%) del coeficiente de variación que se haya operado en el índice de precios al por mayor nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.), entre el mes de noviembre del penúltimo año anterior y el mismo mes del año inmediato anterior al del ejercicio. El reajuste que resulte, una vez vigente la ley impositiva del ejercicio, deberá pagarse hasta la fecha del primer vencimiento siguiente.
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