Abriendo la norma
Ley provincial 1.851
Publicidad: Las audiencias son públicas, bajo pena de nulidad. No obstante, el juez o tribunal puede disponer, fundadamente y si no existe otro medio alternativo, una o más de las siguientes medidas: 1) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúe la audiencia de debate; 2) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida temporaria para la práctica de pruebas específicas; 3) Prohibir a las partes, testigos, peritos, intérpretes y demás intervinientes que divulguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo del juicio sobre cuestiones que se han excluido de la publicidad. Las restricciones indicadas sólo pueden ser dispuestas de oficio si: a) La persona a proteger no se encuentra representada en el juicio; b) Se trata de un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya revelación es punible, cause perjuicio grave o afecte gravemente la seguridad del Estado; c) Para proteger la intimidad, la vida privada, pudor o seguridad de cualquier persona que debe tomar parte en la audiencia, d) Implica una amenaza para la integridad física o moral de alguno de los intervinientes. Las partes pueden deducir el recurso de reposición. Desaparecida la causa de la restricción, el tribunal o juez puede permitir nuevamente el ingreso del público. El tribunal puede imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que presencien o conocen.
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