Abriendo la norma
Ninguna oficina pública tomará razón de actuación o tramitación alguna con respecto a negocio, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales que impliquen trasmisión de dominio o constitución de derechos reales, inclusive de fondos de comercios, sino se acredita mediante la certificación pertinente el pago de las obligaciones fiscales y exigibles hasta la fecha del otorgamiento del acto. En el caso de actuaciones judiciales deberá acreditarse la existencia de deuda tributaria hasta el año inclusive de la fecha de su inscripción. A los efectos de lo dispuesto en lo párrafos anteriores, los escribanos autorizantes deberán asegurar el pago de dichas obligaciones, mediante el requerimiento del certificado de libre deuda extendido por la Dirección General de Rentas, dejando constancia de los mismos, en los instrumentos legales que autoricen; a tal efecto están facultados a retener o requerir de los contribuyentes los fondos necesarios a ese fin.
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