Abriendo la norma
Ley provincial 5.732
Las oficinas públicas deberán contestar el pedido de informes dentro de diez días y las entidades privadas dentro de cinco, salvo que el Juez disponga otro plazo en razón de la distancia. Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se deberá informar al Juzgado antes del vencimiento de aquel, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá. Si el Juez advirtiese que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Poder Ejecutivo a los efectos que corresponda, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar. A las entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá una multa que fijará el Juez, por cada día de retardo. La apelación que se dedujera contra la respectiva resolución se tramitará en expediente por separado.
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