Abriendo la norma
Ley provincial 754
La Corte de Justicia podrá, por resolución fundada, transcurridos dos (2) años contados desde la fecha del secuestro, ordenar de oficio la subasta de los automotores puestos a su disposición, cuando no fuere conveniente entregarlos en depósito y, a petición del depositario, cuando resultare gravosa su conservación, previo informe del tribunal de la causa. La subasta se regirá por las reglas previstas en el Libro V, Título IV. En los supuestos de automotores y moto vehículos, que hubiesen perdido su condición de tal según dictamen técnico, previa baja comunicada al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, transcurridos dos (2) años desde el día del secuestro, o bien en un plazo menor y la Corte de Justicia así lo dispusiera, la autoridad de aplicación encargada de su depósito y custodia procederá a gestionar su descontaminación, desguace, compactación y disposición de chatarra. El referido plazo podrá ser ampliado por la Corte de Justicia a petición del magistrado interviniente por resolución fundada, en la que deberá indicar las razones por las cuales no resulta aplicable el procedimiento de descontaminación, desguace y compactación. Cuando los jueces a cuyo cargo se encuentren tramitando causas vinculadas con automotores o moto vehículos que hubieren permanecido secuestrados por un lapso superior a cinco (5) años contados a partir de su efectivo secuestro y que se encentren en las condiciones establecidas en el presente artículo, consideren que en virtud del estado de las actuaciones no corresponda aplicar el procedimiento de descontaminación, desguace y compactación, deberán comunicarlo a la Corte de Justicia, para que esta comunique a la autoridad de aplicación encargada de la custodia y depósito de los automotores y moto vehículos dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente. Asimismo, deberán consignar el plazo durante el cual regirá aquella imposibilidad, el que no podrá exceder de los noventa (90) días contados desde el dictado del auto que la ordene. El lapso antes referido podrá ser prorrogado por idénticos plazos en tanto se mantenga la situación procesal que determinó la primera comunicación, debiendo el magistrado competente, antes de su vencimiento, poner en conocimiento de la Corte de Justicia para que ésta comunique a la autoridad depositaria dicha prórroga, la que tendrá vigencia durante el término que la Corte de Justicia disponga y con la limitación temporal establecida en el párrafo anterior. Transcurridos los treinta (30) días sin que los magistrados efectuaren las comunicaciones referidas, la Corte de Justicia podrá ordenar a la autoridad de aplicación encargada de la custodia y depósito, de inicio a la aplicación del referido procedimiento de descontaminación, desguace y compactación.
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