Abriendo la norma
Ley provincial 988
Si el documento no fuere reconocido, el Juez, a pedido del ejecutante y previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es o no auténtica. Si lo fuere se procederá según lo establecen los Artículos 493 y 494 y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda, que aquel deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate. La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en efecto diferido.
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