Abriendo la norma
Ley provincial 14.420
Régimen de incompatibilidad e inhabilidad
No pueden ser titulares, socios, ni directores técnicos las personas que incurran en alguna de las siguientes causales: a) poseer antecedentes penales con condena por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad, ni cuando sobreviene para el socio una condena por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de su función con posterioridad a su solicitud de inscripción en el registro; b) revistar al momento de la solicitud de habilitación, o haber revistado en los dos años anteriores a aquella, como personal o funcionario en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Nacional o Provincial, Policiales, Organismos de Inteligencia, Servicios Penitenciarios o en dependencias de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal que tengan por objeto o se relacionen a cuestiones de seguridad pública, o a regulación y control de los servicios de seguridad privada. La incompatibilidad se configura aun cuando se encuentre en disponibilidad o provisionalmente separado del cargo, y alcanza a su cónyuge, y sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado en línea recta y colateral; c) quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la presente. La incompatibilidad alcanza al cónyuge, y a los parientes consanguíneos hasta el segundo grado en línea recta y colateral; d) contar con antecedentes en el Registro Permanente de Deudores Alimentarios Morosos; e) contar con antecedentes penales por delitos de lesa humanidad, o poseer antecedentes por violación a los derechos humanos, obrantes en los registros de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, o de cualquier otro organismo o dependencia que pudieren sustituirlo en el futuro; f) contar con antecedentes por prestación de servicios sin la previa autorización administrativa otorgada por la Autoridad de Aplicación; y g) haber sido miembro o director técnico de una empresa prestadora sancionada con inhabilidad para funcionar o cancelación definitiva, durante todo el lapso que duren dichas sanciones. En caso de sobreviniencia una vez otorgada la habilitación o autorización administrativa, de corresponder, se procede al reemplazo de la persona que incursare en la causal descripta en el presente artículo o la regularización dentro del plazo que fije la Autoridad de Aplicación, el cual no puede exceder los treinta días. En su defecto, se dispondrá la separación definitiva en el cargo de Director Técnico Ejecutivo, o la caducidad de habilitación otorgada. El ocultamiento o falsedad de los datos relativos a las causales enunciadas en el presente artículo constituye falta grave, en los términos del artículo 32 inciso b) de la presente.
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.