Abriendo la norma
Ley provincial 14.428
Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
El acto administrativo goza de presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria faculta al órgano competente a ponerlo en práctica por sus propios medios, salvo que el ordenamiento jurídico o la naturaleza del acto exijan intervención judicial. El Estado sólo puede emplear coacción directa sobre las personas o sus bienes sin autorización judicial cuando resulte indispensable para prevenir un daño grave o irreversible, o para hacer cesar un peligro cierto y grave al interés público que comprometa el ambiente, la seguridad, la salud pública, el orden público, la integridad de las personas o la preservación de los bienes de dominio público. La interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución ni los efectos del acto, salvo disposición normativa expresa en contrario. No obstante, el órgano competente debe suspender la ejecución cuando, con motivo de la interposición de un recurso, se advierta un vicio manifiesto. El Estado puede, de oficio o a petición de parte y mediante resolución fundada, disponer la suspensión de la ejecución por las razones expresadas en el segundo párrafo o para evitar perjuicios graves al destinatario del acto. Asimismo, la autoridad competente podrá adoptar, en cualquier momento del procedimiento, las medidas provisionales que estime pertinentes para asegurar los derechos e intereses jurídicamente tutelados del peticionante siempre que su pretensión sea legalmente verosímil y la demora en otorgarla pueda frustrar su derecho al concluir el procedimiento.
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