Abriendo la norma
El silencio o la ambigüedad de los órganos en ejercicio de la función administrativa frente a pretensiones que requieran un pronunciamiento concreto se interpretan como negativa. Sólo mediante previsión normativa expresa se puede acordar al silencio en sentido positivo. Cuando el asunto quede en condiciones de ser decidido por el órgano competente, se debe pronunciar dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, salvo que normas especiales establezcan un plazo específico. Vencido dicho plazo, el interesado puede requerir pronto despacho. Transcurridos otros treinta (30) días sin resolución expresa, se tiene por configurado el silencio administrativo.
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