Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo, con facultad de delegar, excepto el cobro de créditos derivados de impuestos sobre los ingresos brutos reglamentará lo concerniente a la designación de los profesionales ejecutores, su actuación, retribución y control. Los profesionales ejecutores no podrán percibir a sus nombres el capital reclamado ni sus intereses; las sumas correspondientes a tales conceptos se depositarán por el demandado conforme al Artículo 55 de este Código o a la orden del juez del juicio quien dispondrá la transferencia de los fondos a la orden de la Administración Provincial de Impuestos. En cuanto a los honorarios de los profesionales ejecutores, oficiales ejecutores o apoderados fiscales, podrán ser percibidos directamente por éstos. Los apoderados fiscales no percibirán honorarios cuando estos sean a cargo de la Provincia. No corresponderá el pago de aportes establecidos por las leyes de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores, Caja Forense y Aranceles de Abogados y Procuradores, para el apoderado fiscal ni para la Provincia, cuando las costas sean a cargo de ésta. Los ejecutores fiscales no podrán percibir honorarios de los morosos, con antelación a la percepción de los créditos ejecutados. Los ejecutores fiscales deberán rendir cuentas de las ejecuciones a su cargo en el término de treinta (30) días a contar desde la entrada en vigencia de la Ley N 10.798.
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