Abriendo la norma
La inclusión de las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, requerirá el allanamiento total e incondicional del contribuyente y/o demandado y, en su caso, el desistimiento y renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, para el caso de que estén judicializados. Si la causa judicial versara únicamente sobre aplicación de multas e intereses resarcitorios y/o punitorios, y que por esta Ley resulten condonados, la deuda quedara condonada siempre y cuando se verifique el complimiento de la obligación principal, con anterioridad al vencimiento de la moratoria. Para ello el contribuyente deberá demostrar con certificación expedida por el Departamento de Organización y Control Judicial, que se ha verificado el cumplimiento aludido para ser presentado ante la Fiscalía de Estado. En el caso de deudas en curso de discusión judicial los honorarios regulados judicialmente o que judicialmente le pudieran corresponder a los letrados intervinientes en representación del Fisco, se reducirán un veinte por ciento (20%) del resultante del cálculo sobre el monto determinado, luego de aplicados los beneficios de la presente Ley. Quedan fuera del beneficio, las reposiciones de impuestos judiciales de Ley, para la formalización del convenio judicial. El ejecutado podrá formalizar un plan de facilidades de pago para la cancelación del capital adeudado, en un máximo de veinticuatro (24) cuotas, mensuales y consecutivas. La solicitud del referido plan deberá solicitarse ante el habilitado de la Fiscalía de Estado, pudiéndose pagar los honorarios también en un máximo de doce (12) cuotas, mensuales y consecutivas. La caducidad del plan de facilidades operara de pleno derecho cuando se verifique la falta de pago de cualquiera de las cuotas a los 30 días corridos de su vencimiento, pudiendo ejecutar el saldo impago.
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