Abriendo la norma
Ley provincial 133
Cesa el carácter declarativo de la sentencia condenatoria y el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir del día 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se debía efectuar la imputación a que se refiere el artículo anterior.
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