Abriendo la norma
Modifícase la Ley N° 8933 (TC) de la forma que a continuación se indica: 1. En el Art. 334, incorporar como Inc. 8 nuevo el siguiente: 8) En caso de intervenir en los procesos penales juveniles regulados por la Ley Nacional N° 27.801, deberá observar los principios y particularidades de dicho régimen. 2. Sustituir el Título V por el siguiente: "TITULO V: PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIALIZADO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Y GARANTIAS APLICABLES A LA ESPECIALIDAD Art. 393.- Ambito de aplicación y presunción de minoridad. Cuando se le atribuya a una persona menor de dieciocho (18) años de edad, participación en un acto u omisión que, al momento de ocurrir, estuviere definido por la Ley Penal como delito, serán de aplicación las disposiciones de este Título sin perjuicio de las normas legales pertinentes. Respecto de las personas adolescentes alcanzadas por el Régimen Penal Juvenil, la edad se determinará al momento de la comisión del hecho calificado como delito, conforme a la legislación vigente en la materia. Cuando resulte aplicable el régimen previsto en la Ley Nacional N° 27.801 quedarán comprendidas las personas que al momento de la ejecución de la conducta delictiva tengan catorce (14) años hasta las cero (00:00) horas del día que cumplan dieciocho (18) años de edad. En caso de duda sobre si la persona ha alcanzado la edad mínima o máxima, establecida en el párrafo anterior, y no sea posible su acreditación inmediata, se presumirá su no punibilidad o su minoridad hasta que se confirme fehacientemente su edad real. Art. 394.- Derechos, garantías e interpretación normativa. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, este Código y las normas procesales específicas. Asimismo, resultarán de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de Riad, la legislación vigente en materia penal juvenil y demás reglas especiales aplicables. Los procesos comprendidos en el presente Título se informarán bajo los principios de oralidad, desformalización, reserva, celeridad, plazo razonable reforzado, justicia restaurativa, interés superior del niño, especialidad, mínima intervención, favor minoris, integración familiar y comunitaria, educación, responsabilización progresiva, resocialización, perspectiva de género y diversidad, y protección de grupos vulnerables. En todas las etapas del presente proceso deberá asegurarse una defensa técnica penal efectiva y la intervención de un representante del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Art. 395.- Finalidad. En el supuesto previsto en el Art. 393 se procurará que los niños, niñas y adolescentes sean tratados de manera acorde con su edad, afianzando su sentido de la propia dignidad y valor, fortaleciendo su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promoviendo su reintegración social y asumiendo una función constructiva en la sociedad. El logro de estos fines se buscará mediante la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en la sustanciación del proceso y, en su caso, en la ejecución de las medidas que se dispongan a su respecto. Se priorizará el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Las personas menores de edad, aunque resulten no punibles, si mediare una investigación penal que las implique, tienen el derecho de ser oídas y aportar pruebas antes de ser desvinculadas definitivamente del proceso. Cuando en un proceso penal seguido contra una persona menor de dieciocho (18) años resulte imputada una adolescente, deberá garantizársele a esta, en cada etapa de dicho proceso, un trato diferenciado tanto por su condición de persona menor de edad como también desde una perspectiva de género. Cuando se trate de hechos cometidos por personas adolescentes que sean miembros de un pueblo originario, se aplicará en forma directa lo establecido en la Ley Nacional N° 24.071. Si se detectare una situación de vulneración de derechos que requiera asistencia, se remitirán de inmediato las actuaciones a la Autoridad Administrativa Proteccional, sin que ello implique extender la intervención del sistema penal juvenil. Art. 398.- Derechos de la víctima en el proceso penal juvenil. En el proceso penal juvenil se ponderarán de manera armónica la protección integral de la víctima, la cual tendrá derecho a: 1) Participar y ser oída e informada de manera previa al dictado de resoluciones que dispongan salidas alternativas, remisiones, archivos, modalidades progresivas, egresos programados o modificaciones sustanciales de la pena o medida impuesta. 2) Acceder voluntariamente a procesos de mediación, conciliación o acuerdos restaurativos para la recomposición del conflicto. Su intervención no la habilitará para constituirse en querellante particular ni ejercer pretensiones patrimoniales o acciones civiles autónomas dentro del legajo penal, debiendo respetarse de manera estricta el principio de confidencialidad y la prohibición de difundir datos que permitan identificar al adolescente. Art. 397.- Supervisor Territorial. La designación, competencia, intervención y funciones del Supervisor Territorial se regirán según las disposiciones establecidas al respecto. CAPITULO 2 ARCHIVO Y CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Art. 398.- Archivo Jurisdiccional Penal Juvenil. En cualquier estado del proceso previo a la apertura del debate, el Fiscal o la Defensa podrá solicitar el archivo jurisdiccional penal juvenil al Juez competente quien deberá considerar especialmente: la edad del adolescente, la menor gravedad del hecho, su contexto sociofamiliar, el grado de participación y el pronóstico favorable de reintegración social. Dispuesto el archivo y cumplidos los extremos mencionados, se procederá al cierre definitivo del legajo. Art. 399.- Criterios de oportunidad y reparación del daño. El Fiscal, en consonancia con las disposiciones aplicables del presente Código, podrá prescindir de la acción penal por la aplicación del principio de insignificancia, la mínima culpabilidad o cuando el adolescente haya sufrido un daño grave a consecuencia del hecho. Asimismo, la persona adolescente podrá ofrecer una justa reparación del daño adecuada a sus capacidades reales, sin que la falta de recursos económicos constituya un obstáculo. Oída la víctima, se requerirá la conformidad fiscal para disponer la extinción de la acción. CAPITULO 3 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION Art. 400.- Remisión jurisdiccional. El Fiscal o la persona menor de edad sometida a proceso podrán, por si o a través de su Defensa, requerir que se examine la posibilidad de no continuar el proceso tomando en cuenta la gravedad del delito con base en el grado de responsabilidad, en el daño causado y en su reparación. El Juez, con el consentimiento de la víctima y el Fiscal, podrá resolver remitir a la persona menor de edad a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que los realice extinguiendo la acción penal una vez acreditado el cumplimiento de las pautas impuestas al adolescente. No procederá la remisión para los delitos que tengan una pena máxima superior a seis (6) años de privación de libertad, hayan causado la muerte dolosa o culposa de la víctima, o cuando el imputado registre condenas previas o múltiples procesos en trámite. Art. 401.- Mediación Penal Juvenil. En cualquier etapa del proceso y hasta la conclusión de la etapa intermedia, el Juez, con el consentimiento expreso del adolescente, e sus representantes y de la víctima, derivará el legajo a mediación, salvo que el delito tenga una pena máxima superior a seis (6) años de privación de libertad, haya causado la muerte dolosa o culposa de la víctima o el imputado registre condenas previas o múltiples procesos en trámite. La oposición del Fiscal será vinculante. CAPITULO 4 REGLAS DE PROCEDIMIENTO Art. 402.- Medidas de coerción. Las medidas de coerción personal tienen carácter provisional y excepcional, y sólo procederán ante riesgo fundamentado de fuga, entorpecimiento u obstaculización del proceso en cualquiera de sus etapas. Estas medidas podrán consistir en: 1) La obligación de presentarse periódicamente a la sede del Tribunal o la autoridad que se designe, en compañía de sus progenitores, tutores, guardadores o referentes afectivos. 2) La prohibición de acercarse o concurrir a determinados lugares, espacios de esparcimiento, vías públicas o establecimientos, así como la prohibición de mantener contacto físico, telefónico, informático, por redes sociales o por cualquier medio virtual o digital con la víctima, testigos, coimputados o personas determinadas. 3) La abstención del consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, disponiendo, si fuere pertinente y con su consentimiento y el de sus representantes, el acompañamiento o tratamiento ambulatorio en servicios especializados de salud. 4) La prohibición temporal de conducir vehículos automotores, ciclomotores, motocicletas o embarcaciones de cualquier tipo, con la consecuente retención o inhabilitación de licencia de conducir, o la prohibición de tramitarla durante el proceso. 5) La prohibición de portar, tener, manipular o transportar armas de cualquier clase, réplicas, elementos cortantes, punzantes u objetos con capacidad intimidatoria. 6) La prohibición de ausentarse del ámbito territorial de la provincia o de la localidad de su residencia habitual sin autorización judicial previa. 7) La permanencia domiciliaria supervisada en su centro de vida o en el domicilio de un referente afectivo idóneo, con o sin controles de monitoreo o localización electrónica. 8) La obligación de permanecer en el domicilio o en un dispositivo de régimen abierto durante los fines de semana o en franjas horarias nocturnas o no escolares. 9) El alojamiento provisorio en un centro especializado de detención juvenil como medida de última ratio y por el tiempo más breve posible, quedando absolutamente prohibido el alojamiento en comisarías, dependencias policiales o establecimientos para personas adultas. Ninguna medida de coerción podrá exceder el plazo máximo de seis (6) meses desde su dictado, prorrogable excepcionalmente por igual término mediante resolución judicial fundada y a pedido expreso del Fiscal. Art. 403.- Ley Nacional N° 22.278. Reglas para el debate. Cuando el acusado sea una niña, niño o adolescente menor de dieciocho (18) años, el debate tramitará conforme a las siguientes reglas generales y especiales: 1. El debate será público o a puertas cerradas conforme a la voluntad del acusado menor de edad, lo que procurará el Juez que presida la audiencia preliminar y hará constar en la decisión de apertura del debate. La regla rige incluso para los casos en los cuales el adolescente sea enjuiciado en conjunto con otros acusados mayores de aquella edad, siempre que el Tribunal no decida la separación de los debates. 2. Los representantes legales o el guardador de la niña, niño o adolescente podrán designarle Defensor cuando él no haga uso de su derecho a designarlo. 3. La sentencia sobre la niña, niño o adolescente se limitará, en todos los casos, al veredicto de culpabilidad o inocencia, sin fijar la pena aplicable. El debate sobre la pena será realizado posteriormente y su imposición estará supeditada a lo dispuesto en el Régimen Penal Juvenil. Ley Nacional N° 22.278. 4. El Fiscal, cuando postule que el adolescente sea declarado autor responsable de delito, deberá también manifestar si considera procedente la imposición de una medida socioeducativa, informando en este caso al Tribunal sobre el plan de cumplimiento que hubiere acordado previamente con el organismo administrativo encargado de su ejecución. La procedencia de la medida solamente podrá ser fundada en alguno de los supuestos previstos en el Régimen Penal Juvenil - Ley Nacional N° 22.278. De esta postulación se dará traslado a la Defensa técnica y al Ministerio Pupilar y de la Defensa en el mismo acto. El Tribunal resolverá fundadamente de inmediato. 5. En el debate sobre la pena se escuchará, después de los informes finales, a la madre, al padre, al tutor y al guardador que estuvieren presentes en la audiencia o en el Tribunal y que, invitados a tomar la palabra, quisieren hacerlo, sin perjuicio de conceder la última palabra al adolescente, según las reglas comunes. Nunca se impondrá pena si esta decisión no es precedida de una acción tendiente a ofrecer una posibilidad razonable de que el adolescente supere las circunstancias que originaron el proceso criminal seguido en su contra. Art. 404.- Ley Nacional N° 27.801. Reglas del debate. El juicio será público o a puertas cerradas conforme a la voluntad del acusado menor de edad y se dividirá sustancialmente en dos etapas. En el debate oral únicamente se resolverá sobre la existencia del hecho, su calificación legal y la declaración de responsabilidad penal. Una vez firme esta, el Fiscal, en coordinación con un equipo interdisciplinario de la autoridad administrativa proteccional formulará en audiencia un Plan de Reinserción Social no menor a un (1) año de duración, atendiendo a las circunstancias del caso con medidas complementarias previstas en el Art. 8° de la Ley Nacional N° 27.801. El seguimiento y el control estará a cargo del Supervisor Territorial mediante informes periódicos. Finalizado el plan, se celebrará la audiencia de Integración de pena en la cual un Magistrado distinto al que integró el Tribunal unipersonal o colegiado de juicio podrá imponer las sanciones que correspondieren, previa exposición del Supervisor Territorial sobre las conclusiones del mismo y de conformidad a los fines de la citada Ley. Art. 405.- Juicio abreviado especializado. El procedimiento abreviado procederá desde la intimación formal hasta la apertura del debate, exigiendo el reconocimiento circunstanciado de participación por el adolescente con asistencia de su Defensa y el Ministerio Pupilar y de la Defensa. El acuerdo homologado resolverá exclusivamente la calificación legal y la responsabilidad penal, debiendo continuarse conforme lo establecido en los Arts. 403 y 404 según corresponda. Art. 406.- Ejecución de la pena. En el ámbito de aplicación de la Ley Nacional N° 27.801, el control de la ejecución estará a cargo del Juez interviniente en la audiencia de integración de pena de conformidad a las atribuciones conferidas en el Libro VI Título I, II y III del presente código y cesará al agotarse la sanción, salvo que el joven adquiera la mayoría de edad durante su cumplimiento; en tal supuesto, intervendrá el Juez de Ejecución Penal de Adultos. Este último deberá considerar las particularidades y fines del Régimen Penal Juvenil. El Supervisor Territorial confeccionará un Plan de Ejecución Penal Juvenil individualizado con el soporte diagnóstico y metodológico de los equipos interdisciplinarios proteccionales, asumiendo el seguimiento técnico territorial o institucional y la elevación periódica de los informes de evolución al Gabinete de Ejecución de la Oficina de Gestión de Audiencias. Art. 407.- Recursos. Todas las decisiones sustanciales, incluyendo la responsabilidad penal, la remisión, el archivo, el juzgamiento de no punibles y la ejecución, serán impugnables según las reglas generales de recursos de este Código."
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