Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 5.875/1963
Los Jueces que conozcan en las acciones civiles que se promuevan contra la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades, no podrán darle curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, órgano administrativo competente o Departamento Ejecutivo, según fuere el caso, y su denegación por parte de éstos.
Si la administración no dictase resolución dentro del plazo de 6 meses de iniciado el reclamo, el interesado deberá requerir el pronto despacho, y si a partir de éste transcurriesen otros 3 meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales, acreditándose la promoción del reclamo administrativo y el transcurso de los plazos precisados. A este efecto, las autoridades competentes deberán expedir de inmediato las certificaciones que los interesados requieran.
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