Abriendo la norma
Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la rescisión de común acuerdo y sin penalidades en caso de probada inconveniencia para las partes en la prosecución de la obra, de los contratos de obra pública cuyo cumplimiento resulte imposibilitado en virtud de las circunstancias señaladas en el artículo 1° de la Ley 10867, y mientras la misma se mantenga vigente.
En todos los supuestos en que se convenga la rescisión, el co-contratante deberá renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamos provenientes de la ejecución del contrato.
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