Abriendo la norma
Ley provincial 3.589
(Texto según Ley 10.358). El particular damnificado, por un delito de los que dan lugar a la acción pública, podrá intervenir en el juicio penal, por sí con patrocinio letrado o por apoderado, pero sólo con las facultades que este Código establece, pudiendo:
1- Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables.
2- Pedir el embargo de bienes suficientes para asegurar el pago de la indemnización civil y costas.
El embargo procederá cuando se haya decretado la detención del imputado y el Juez fijará la cantidad en que ha de hacerse efectivo.
Este auto es apelable en relación y al sólo efecto devolutivo.
3- Asistir a la indagatoria del prevenido y a las declaraciones de los testigos, con facultad para repreguntar solamente a estos últimos y plantear incidente de inhabilidad.
4- Recusar en los casos que le está permitido al acusado.
5- Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa.
6- Apelar y decir de nulidad, del auto de sobreseimiento y de la sentencia absolutoria de primera instancia. Si el Fiscal de Cámara no mantuviere dicho recurso se le correrá vista al particular damnificado, para que exprese agravios, en el mismo término fijado para aquel funcionario, debiendo declararse desierto el recurso, con costas, si no se expidiere en el traslado conferido.
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