Abriendo la norma
Sujetos obligados.- Son sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses contemplada en las disposiciones del presente Título: a) Jefe/a y Vice-Jefe/a de Gobierno, Ministros/as, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales o equivalentes del Poder Ejecutivo; b) Diputados/as de la Ciudad, Secretarios/as, Subsecretarios/as y Directores/as Generales o rangos equivalentes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; c) Miembros del Tribunal Superior de Justicia; miembros, secretarios/as y directores/as del Consejo de la Magistratura, Fiscal General, Defensor/a General, Asesor/a General Tutelar, y sus adjuntos/as, Jueces, Fiscales, Defensores/as y Asesores/as Tutelares de 1° y 2° instancia, Secretarios/as, Directores/as Generales, Contadores/as Auditores, Subdirectores/as Generales, Directores/as, Jefes/as de Oficina del Ministerio Público, Prosecretarios, Jefes/as de Departamento y/o de Área o cargos equivalentes del Poder Judicial de la Ciudad; d) Miembros de las Juntas Comunales; e) Síndico General, Procurador/a General, Defensor/a del Pueblo y sus respectivos adjuntos/as, miembros de la Auditoría General de la Ciudad, y el personal que se desempeña en dichos organismos con categoría equivalente o superior a Director/a General; f) Miembros del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Gerentes, Jefes/as de Áreas, Jefes/as de Departamento, Director/a General, como así también el personal con categoría equivalente o superior a Gerente de dichos organismos; g) Directores/as, Síndico, Gerente General y Subgerente General del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; h) Toda persona que ejerza la función pública, cuya norma atributiva de competencias correspondiente establezca la facultad de confeccionar, participar en la elaboración y/o aprobar Pliegos, y/o que integre comisiones de evaluación de ofertas o dicte actos de pre adjudicación, adjudicación y/o redeterminación de precios, siempre que el monto de la operación involucrada supere las veinte mil (20.000) Unidades de Compra conforme la Ley 2095; i) El personal directivo, los síndicos e integrantes de los directorios de los organismos descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, organismos de seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; j) Jefe/a de la Policía de la Ciudad y los/las funcionarios/as policiales de la misma con rango superior a Comisario, sin perjuicio del régimen de Declaración Jurada Patrimonial Integral que rige para todo el personal de la fuerza conforme la Ley 5688 y sus modificatorias; k) Jefe/a del Cuerpo Bomberos de la Ciudad y los/las funcionarios/as integrantes del mismo con grado superior a Comandante; l) Asesores/as que integran el régimen modular de la planta de gabinete o régimen equivalente, para el caso de corresponder, de los siguientes sujetos: Jefe/a y ViceJefe/a de Gobierno, Ministros/as y los/las titulares de los entes descentralizados; miembros del Tribunal Superior de Justicia; Presidente, Vicepresidente, Consejeros/as y demás miembros del Consejo de la Magistratura; Fiscal General, Defensor/a General, Asesor/a General Tutelar; Presidente de la Junta Comunal; Síndico General, Procurador/a General; miembros de la Auditoría General de la Ciudad, Defensor/a del Pueblo y Adjuntos/as. Están alcanzados los asesores de gabinete del Presidente, Vicepresidente primero/a, segundo/a y tercero/a designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con funciones de dirección y conducción de dependencias. Ante la presunta transgresión al presente régimen de integridad, y siempre que se encuentre comprometido el interés público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Oficina de Integridad Pública podrá requerir, en el marco de la investigación pertinente, la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses a: 1.- las personas que cumplan funciones directas de percepción y/o fiscalización de ingresos públicos cualquiera sea su naturaleza, u otras funciones de fiscalización, inspección, control, y/o habilitación en las jurisdicciones de los incisos del presente artículo; y 2.- a los sujetos del inciso h) del presente artículo cuando el monto de la operación involucrada sea menor a las veinte mil (20.000) Unidades de Compra conforme la Ley 2095. La Oficina de Integridad Pública se encuentra facultada para requerir a cada organismo el listado de funcionarios/as públicos/as alcanzados por el presente artículo, debiendo dar respuesta en el plazo de diez (10) días hábiles de recibido; ello sin perjuicio de las facultades de interpretación del presente Régimen propias de la Oficina de Integridad Pública.
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