Abriendo la norma
La Ejecución de la Pena se rige por los siguientes principios: 1) Gobierno Civil: Por medio del control civil sobre la gestión, promocionando la transparencia institucional, garantizando el acceso público a la información, adecuándose a la normativa vigente y promocionando el proceso de formación y capacitación de los actores del Sistema de Ejecución de la Pena. 2) Legalidad: Las resoluciones y actos del órgano jurisdiccional, del juez de ejecución y de la administración deben fundarse en la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, el Código Penal, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Ley, las disposiciones que se dicten en virtud de la misma, y toda otra legislación complementaria. 3) Debido Proceso: Toda medida penal o disciplinaria debe derivar de una resolución fundada, dictada por autoridad competente, con garantías para ejercer derechos y mecanismos de revisión administrativa y judicial. 4) Confidencialidad: El legajo personal es confidencial. Solo pueden acceder a su contenido las autoridades competentes, la persona privada de libertad, su defensa y los terceros autorizados por las leyes. 5) Transparencia y rendición de cuentas: La ejecución de las sanciones penales debe regirse por los principios de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la información institucional relevante y a las instalaciones penitenciarias, sin perjuicio de las limitaciones legales respecto al acceso al legajo personal de la persona privada de la libertad. 6) Innovación tecnológica: Se promueve la incorporación y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, incrementar los niveles de seguridad y protección del personal, y facilitar el cumplimiento de los objetivos tratamentales vinculados a la reintegración social y la reparación del daño causado por las personas privadas de la libertad. 7) Información estadística confiable: Se fomenta la generación sistemática de datos confiables y verificables sobre el funcionamiento del Servicio, con el objetivo de construir bases de información que permitan evaluar la eficacia de la presente Ley, los procesos de inserción social y los índices de reincidencia delictiva. Para ello, se establecen indicadores estandarizados en coordinación con el Ministerio de Justicia y organizaciones de la sociedad civil especializadas, a fin de elaborar informes criminológicos y sociales pertinentes, oportunos y útiles para la toma de decisiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8) Proporcionalidad: Toda restricción de derechos debe ser adecuada, necesaria y proporcional al fin legítimo que persigue. 9) Progresividad: Las medidas restrictivas de derechos deben adoptarse sólo cuando no existan alternativas menos lesivas. 10) Motivación de las decisiones: Las decisiones que restrinjan derechos deben estar fundadas en hechos concretos, incluir la posición de la persona afectada y justificar por qué no se adoptaron medidas menos restrictivas; 11) Respeto por los Derechos Humanos: Toda actuación en el marco de la ejecución penal debe garantizar la observancia efectiva de los derechos humanos, orientando la interpretación y aplicación de esta Ley conforme a los estándares nacionales e internacionales vigentes; 12) Dignidad: Toda persona es titular y sujeto de derechos y, por lo tanto, no puede ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares; 13) Prohibición de la Tortura: Están prohibidas las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y los trabajos forzados. 14) Igualdad y no discriminación: Las personas alcanzadas por esta Ley deben recibir igual trato y oportunidades conforme a la Constitución, los tratados y la legislación vigente. No se admite discriminación por ninguna causa que afecte la dignidad humana. Las medidas específicas o derivadas del Plan de Vida no se consideran discriminatorias si se ajustan al derecho vigente y están sujetas a control legal. 15) In dubio pro persona: En caso de dudas respecto de la aplicación de la presente Ley debe estarse a lo que resulte más favorable para la persona privada de libertad. 16) Control judicial: La ejecución de las penas privativas de la libertad y la detención cautelar están sometidas al permanente control judicial. El Juez de Ejecución o Juez competente garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Sistema de Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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