Abriendo la norma
La autoridad judicial competente debe privilegiar la imposición de medidas no privativas de libertad en todos aquellos casos en que resulte compatible con la protección de los derechos de la víctima, la seguridad pública y los fines de reintegración social del condenado. Tienen especial prioridad las medidas alternativas en el caso de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres embarazadas, madres con hijos a cargo, personas con discapacidad, personas mayores, personas con enfermedades en estado terminal y personas LGBTIQ+ privadas de la libertad, conforme al principio de proporcionalidad y el enfoque de derechos humanos.
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