Abriendo la norma
En las acciones judiciales de consumo el Ministerio Público Fiscal actuará obligatoriamente como fiscal de la ley y de los intereses de los consumidores. El juez deberá disponer esta intervención de oficio en el decreto inicial que dé trámite a la demanda, o a pedido de parte si se invoca la existencia de una relación de consumo. En caso de ausencia de planteo respecto de la existencia de una relación de consumo, pero si el juez estima que la cuestión debatida podría quedar emplazada en dicha categoría, deberá disponer su intervención ante tal eventualidad, en cuyo caso deberá pronunciarse sobre la cuestión al dictar sentencia, sin que la resolución que dispone tal intervención pueda ser considerada como un adelanto de criterio. En todas las instancias, como último acto previo al dictado de la resolución que corresponda, deberá correrse traslado de todo lo actuado al Ministerio Público Fiscal a fin de que emita su dictamen. El Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para proponer medidas de prueba e interponer recursos, solo en salvaguarda del orden público de las relaciones de consumo. La falta de intervención del Ministerio Público Fiscal causará la nulidad del proceso, excepto que este último comparezca y ratifique lo actuado explícita o implícitamente.
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