Abriendo la norma
Ley provincial 5.925
Principios procesales derivados de la transformación digital
La incorporación de tecnologías digitales al proceso judicial debe realizarse conforme a los siguientes principios, orientados a garantizar una justicia moderna, accesible, segura y eficaz: 1) Equivalencia funcional: Los actos procesales realizados por medios electrónicos tendrán la misma validez, eficacia y efectos jurídicos que aquellos realizados en soporte físico, siempre que se aseguren la autenticidad, integridad, inalterabilidad y disponibilidad de la información. La firma digital, las copias electrónicas certificadas, los registros audiovisuales y cualquier otro instrumento tecnológico revestirán valor legal pleno conforme a la legislación vigente. 2) Accesibilidad tecnológica: El Poder Judicial deberá garantizar el acceso efectivo a los servicios digitales en condiciones de igualdad para todas las personas usuarias del sistema, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Se promoverá el diseño universal, la asistencia técnica, el lenguaje claro, la disponibilidad de terminales de autoconsulta, la posibilidad de uso excepcional del formato papel y la incorporación de equipos técnicos interdisciplinarios que aseguren la comprensión y participación real en el proceso. 3) Seguridad y protección de datos: Todo sistema digital implementado deberá garantizar la confidencialidad, integridad y conservación segura de los datos procesales y personales. Se resguardará especialmente la privacidad de las partes, la autenticidad de la documentación, la protección de los archivos digitales y el correcto uso de la firma digital, conforme a los estándares nacionales e internacionales vigentes. 4) Interoperabilidad e integración institucional: Las plataformas digitales del Poder Judicial deberán articularse con sistemas informáticos de otros organismos públicos y privados, permitiendo la remisión, recepción y consulta de documentos, oficios y expedientes por medios electrónicos seguros. Se fomentará la creación de registros públicos digitales, el acceso compartido a la información procesal y la cooperación interinstitucional para una solución integral de los conflictos. 5) Transparencia y trazabilidad: Toda actuación digital deberá quedar registrada con constancia electrónica fehaciente, permitiendo la identificación de las personas intervinientes, la fecha y hora del acto, y su incorporación automática al expediente electrónico. Se garantizará la conservación íntegra y ordenada del proceso digital, la disponibilidad de registros audiovisuales de las audiencias, la publicidad de los actos procesales y la plena accesibilidad de las partes. 6) Progresividad y adaptación normativa: La transformación digital del proceso judicial se implementará de forma progresiva, sin afectar el debido proceso, el derecho de defensa ni la igualdad de las partes. La Corte de Justicia dictará la reglamentación necesaria para su instrumentación, actualización y adecuación tecnológica, pudiendo establecer excepciones o mecanismos transitorios cuando resulte necesario preservar la tutela judicial efectiva.
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