Abriendo la norma
Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a liquidar, la subasta será electrónica, salvo que el tribunal disponga lo contrario en forma fundada tratándose de bienes muebles o se imponga la necesidad de realizarla en forma ordinaria por no disponerse aún de los medios para proceder informáticamente. La subasta electrónica es un proceso interactivo de búsqueda de precio, mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizada a través de internet, mediante un programa automatizado con condiciones de seguridad, con transmisión y procesamiento de información por medios electrónicos de comunicación, en las condiciones que fije la Corte de Justicia. Deberá indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda. La Corte de Justicia reglamentará la subasta prevista en este artículo. Se habilitará una página segura en la web con funcionalidad adecuada a la realización de la subasta electrónica. Establecerá los criterios y procedimientos para la inscripción del público en un registro de postores que estará abierto de forma permanente. Garantizará la seriedad y eficacia de la subasta, así como la sencillez y economía de recursos. Se podrá exigir el empleo de firma digital para validar las ofertas realizadas y/o para la suscripción del boleto de compraventa. Cuando la naturaleza o significación económica del bien a subastar lo ameriten, por resolución fundada, se podrá disponer como condición para ofertar que el postor deposite previamente en garantía hasta el 5% (cinco por ciento) del valor de la base o una suma razonable, fijada por el juez, cuando no hubiere base. Cuando la subasta fuere de bienes registrables, el depósito previo en garantía tendrá carácter obligatorio. Los depósitos de quienes no resultaren ganadores se reintegrarán de manera inmediata. Dichos fondos no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna.
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