Abriendo la norma
Ley provincial 5.939 · 2026
Código Procesal de Familia de la Provincia de Catamarca.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca sancionan con fuerza de Ley:
FINES DEL PROCESO E INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. La finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial. Las disposiciones de este Código deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Catamarca, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte o adhiera a futuro, y con el Código Civil y Comercial de la Nación y los principios generales de los procesos de familia enunciados en este cuerpo normativo; las leyes especiales pertinentes y las 100 Reglas de Brasilia de Acceso a Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
La presente Ley regula la organización, competencia y procedimientos de los Juzgados de Familia y de Violencia Familiar y de Género creados por Ley N° 5082 y sus ampliatorias y modificatorias, y/o de los Juzgados con competencia en Familia; de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Minas, Menores y Familia de la provincia de Catamarca.
CARACTERES Y PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE FAMILIA. El proceso de familia regulado en la presente ley debe respetar los siguientes caracteres y principios generales: 1) Tutela judicial efectiva y debido proceso. El proceso de familia debe respetar el debido proceso y en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos. 2) Buena Fe y Lealtad Procesal. La magistratura tiene el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal y de dirigir el proceso para asegurar su observancia, evitando los abusos procesales. 3) Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas a modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. La magistratura, debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso. Debe evitar que la tramitación de los conflictos implique revictimizaciones. 4) Especialidad e interdisciplinariedad: Las juezas y los jueces, en toda instancia, deben ser especializadas/os; y deberán contar con acompañamiento interdisciplinario. 5) Enfoque de derechos y Perspectiva de género: La actuación de todas las personas que intervienen en el proceso debe desarrollarse desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. 6) Interés superior de la niñez: En todo proceso en el que estén involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, se debe tener en cuenta su interés superior. 7) Participación en el proceso de personas con capacidad restringida, incapaces; y, niñas, niños y adolescentes: Las personas con capacidad restringida, los incapaces; y, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser oídas u oídos en todos los procesos e instancias que les afecten directamente. Su opinión debe ser primordialmente tomada en cuenta y valorada según su grado de discernimiento, edad y grado de madurez. En los actos procesales en los que participen personas con capacidad restringida, niñas, niños y adolescentes se debe: a) utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios; b) realizarse en un hábitat adecuado si fuese conveniente y beneficioso para estas personas, la jueza o juez y/o las demás personas integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren; c) efectuar todos los ajustes necesarios para facilitar la accesibilidad efectiva, incluyendo los apoyos que se requieran. 8) Deberes judiciales: El trámite debe conducirse observando los principios de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad. Debe garantizarse la duración razonable del proceso, la protección ante situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales y la debida y pronta ejecución de las resoluciones judiciales. 9) Oficiosidad y dirección del proceso: El impulso procesal está a cargo de la magistratura, que puede ordenar pruebas oficiosamente, disponer medidas provisionales y cautelares, y toda otra medida, a los fines de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. A las partes también les incumbe el impulso del proceso. El impulso de oficio no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica, en los que las partes sean personas plenamente capaces. Los plazos son perentorios. Los actos se cumplen en el modo y tiempo establecidos en este Código, las leyes especiales, o los que disponga el juzgado o tribunal según la cuestión. 10) Gratuidad: Los procesos de familia carentes de contenido económico son gratuitos y en consecuencia, están exentos del pago de cualquier tipo de tributo o carga. 11) Reserva. Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letradas o letrados, integrantes del Ministerio Público y a las personas auxiliares designadas en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado o tribunal, la remisión se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. 12) Lenguaje: Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, palabras de fácil comprensión sin perjuicio de su rigor técnico. Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento. La magistratura debe facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de personas traductoras e intérpretes para los procesos en que intervienen personas extranjeras, con discapacidad o integrantes de pueblos originarios. 13) Flexibilidad de las formas: Los principios establecidos en este Código no podrán ser restringidos por recaudos excesivos. Los jueces y juezas adaptarán las formas que resulten necesarias a esos fines, sin vulnerar el debido proceso. 14) Principios relativos a la prueba: Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud, flexibilidad y carga dinámica de la prueba. 15) Principio de colaboración: Las partes tienen el deber de prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba. La carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar. Cualquier incumplimiento injustificado de este deber, genera una presunción en su contra; sin perjuicio de lo previsto respecto de cada medio probatorio. El deber de colaboración alcanza a terceras o terceros, y su incumplimiento tiene las consecuencias previstas en cada caso. 16) Resolución consensuada de los conflictos: La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, pudiendo comprender a los procesos de transacción, conciliación, mediación y toda otra vía de solución y acuerdo no contencioso, promoviéndose la autocomposición del conflicto. 17) Solución del conflicto familiar y deberes éticos en los procesos de familia: En todo proceso regido por este Código, se procura la pacificación del conflicto familiar, así como el adecuado equilibrio de los derechos e intereses involucrados, de conformidad con las garantías constitucionales. Es obligación esencial de quienes intervienen en procesos de familia, no agravar con acciones u omisiones el conflicto familiar motivo del proceso. Asimismo, constituye deber especial de quienes patrocinan o representan a las partes, sin perjuicio de abogar por los intereses de la/s respectiva/s persona/s, promover una adecuada representación legal e integral que procure el respeto por los derechos humanos de las personas integrantes del conflicto familiar, en especial cuando existan niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, o cualquier otra situación de vulnerabilidad que afecte alguna persona involucrada. 18) Principio de la doble instancia: Se debe garantizar este principio en todo proceso. 19) Pueblos originarios. A los fines de consensuar y/o dirimir el conflicto familiar suscitado entre personas de pueblos originarios, la magistratura deberá tener presente sus usos y costumbres, siempre que los mismos resulten compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, así como con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, fundamentalmente la dignidad, la salud o el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores; y personas con capacidad restringida o incapacidad. 20) Uso Ético de la Tecnología e Inteligencia Artificial. En la gestión de los procesos de familia se aplicarán los principios de transparencia, revisión humana y protección de datos establecidos en los Artículos 204 a 213 de la Ley N° 5925. El uso de herramientas de IA Generativa en procesos de familia tendrá carácter exclusivamente auxiliar y no podrá sustituir la valoración jurisdiccional. 21) Interoperabilidad y Expediente Digital: El proceso se desarrollará mediante el expediente digital, garantizando la compatibilidad técnica con el sistema de gestión judicial unificado de la Provincia.
La competencia es improrrogable, excepto la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales. En este último caso podrá ser prorrogada con la conformidad expresa o tácita de las partes, siempre que no sea en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad.
La prórroga operará si surge de un convenio escrito mediante el cual las personas interesadas manifiestan explícitamente su decisión de someterse a la competencia de la jueza o juez a quien acuden. Asimismo, operará de forma tácita para la parte actora por el hecho de presentar la demanda, y respecto de la demandada cuando no oponga el impedimento procesal de incompetencia en el momento procesal oportuno.
La competencia no podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a las juezas o jueces de otras localidades la realización de diligencias. La jueza o juez que ordene la comisión fijará su objeto con precisión y claridad, las funcionarias o funcionarios que deberán estar presentes, modalidad, plazo y demás condiciones necesarias para resguardar los derechos y garantías de las partes durante su celebración.
La jueza o juez a quien se delega una diligencia tendrá, con respecto al acto, las mismas facultades que quien la ordenó. De ser posible, el acto será realizado de forma que permita la interacción simultánea con la jueza o juez delegante. El incumplimiento o el retardo en la celebración del acto encomendado será considerado falta grave, habilitando a la jueza o juez comitente a ejercer todas las acciones necesarias para lograr su cumplimiento oportuno.
Toda demanda debe interponerse ante el órgano competente. Si de la exposición de los hechos resulta ajena a la competencia del órgano jurisdiccional, la incompetencia deberá declararse de oficio, salvo lo dispuesto por el artículo 4°. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando con la demanda o previamente se soliciten medidas cautelares por riesgo a la integridad psicofísica de alguna persona, la jueza o juez tiene el deber de tratarlas y resolverlas aun cuando considere que el caso no es de su competencia.
Sin perjuicio de la competencia atribuida a las juezas o jueces de Familia y Violencia Familiar y de Género tienen competencia en las siguientes materias: a) Matrimonio, su nulidad y divorcio. b) Régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha declarado el concurso o la quiebra de la o el cónyuge. c) Uniones convivenciales. d) Parentesco. e) Filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva, y las acciones de responsabilidad civil que deriven de ellas. f) Planteos de autorización judicial para descartar embriones tras el divorcio o ruptura de la pareja. g) Responsabilidad parental. h) Control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. i) Guarda y tutela. j) Deberes y derechos de las y los progenitores afines. k) Régimen de comunicación en los términos de los artículos 555 y 556 del Código Civil y Comercial y las que en el futuro lo modifiquen. l) Alimentos. m) Acciones derivadas de la violencia familiar. n) Régimen de inhabilitación por prodigalidad. o) Determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, declaración de incapacidad y control de internación. p) Inscripciones referidas al nombre, nacimiento, muerte, identidad de género, estado civil de las personas y sus registraciones. q) Directivas médicas anticipadas. r) Medidas preparatorias, cautelares y urgentes en las relaciones de familia. s) Acciones por restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y demás cuestiones de derecho internacional privado en las relaciones de familia. t) Trámite del exequátur para la ejecución de sentencias o resoluciones en las materias enumeradas en este artículo emanadas de tribunales extranjeros. u) Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores, con excepción de las atinentes al derecho sucesorio.
Será competente el juzgado: 1) En los procesos relativos a la determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y a la declaración de incapacidad, el del domicilio de la persona en cuyo interés se ha instado o el de su centro de vida. 2) En los procesos de control de internación, el del lugar de internación. Cuando el proceso de control de internación se refiera a una persona respecto de la que se encuentra en trámite un proceso de determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, será competente la jueza o juez que interviene en el proceso de determinación judicial de apoyos. 3) En las cuestiones derivadas de la disponibilidad del propio cuerpo o alguno de sus órganos aún con posterioridad al deceso, la o el de su domicilio o el del lugar de la muerte. 4) En las cuestiones derivadas de las inscripciones referidas al nombre, nacimiento, muerte, identidad de género, estado civil de las personas y sus registraciones, el del domicilio de la persona peticionante. 5) En las acciones de divorcio y nulidad del matrimonio, la o el del último domicilio conyugal de la parte demandada, a elección de la actora, o la o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. 6) En los procesos de separación judicial de bienes, la o el del último domicilio conyugal o el de la parte demandada, a elección de la actora. 7) En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, la o el que intervino en el proceso de divorcio o nulidad del matrimonio, excepto en caso de concurso o quiebra de una de las o los cónyuges, en el cual entenderá la jueza o juez del concurso o quiebra. 8) En los procesos de liquidación del régimen de bienes derivados de acuerdos de modificación de régimen patrimonial del matrimonio, la o el del domicilio conyugal o del domicilio de la parte demandada. 9) En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, la o el del último domicilio común o el de la parte demandada, a elección de la actora, o el de cualquiera de las o los integrantes de la unión si la presentación fuera conjunta. 10) En las acciones derivadas del parentesco, el del domicilio de la parte demandada. 11) En las acciones de filiación, el del domicilio de la parte demandada, excepto cuando sean ejercidas por hijas o hijos mayores de edad que podrán optar por la jueza o juez del domicilio de la parte demandada o el de su domicilio. 12) En las cuestiones no patrimoniales derivadas de la utilización de técnicas de reproducción humana asistida, a elección de la actora, la o el de su domicilio o el del centro de salud que intervino. 13) En los procesos de control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos, de declaración de situación de adoptabilidad y de guarda con fines de adopción, la o el del centro de vida. Si se adoptó una medida excepcional de protección de derechos, la o el que ejerció el control de legalidad. 14) En el proceso de adopción, el que otorgó la guarda con fines de adopción o, a elección de las personas pretensas adoptantes, la o el del centro de vida de la niña, niño o adolescente si el traslado fue considerado para otorgar la guarda. 15) En las acciones por alimentos, el del domicilio de la actora o de la demandada, o donde esta última tenga bienes susceptibles de ejecución, a elección de la actora. Si la acción se promueve entre cónyuges, la o el del último domicilio común, el del domicilio de la parte demandada o el que haya entendido en la disolución del vínculo. 16) En los reclamos por cumplimiento del deber de asistencia entre convivientes, el del domicilio común o residencia habitual. 17) En las acciones de petición de aumento, disminución, cese o coparticipación de alimentos, el que intervino en el proceso principal. 18) En las acciones por restitución internacional, el del lugar donde se encuentra la niña, niño o adolescente. 19) En las acciones de guarda, tutela, cuidado personal, régimen de comunicación y todas aquellas referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, el del centro de vida. En todos los casos enumerados en los incisos anteriores en los que se decidan de modo principal derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad, con excepción del inciso 18), la competencia corresponderá a la jueza o juez de su centro de vida.
CENTRO DE VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE PERSONAS CON DETERMINACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD Y CON DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD. Se considera centro de vida el lugar en el que habitual, regular y legítimamente residen y despliegan su actividad las niñas, niños y adolescentes y las personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad. Si el centro de vida se modifica durante el trámite del proceso, cualquiera de las partes debe acreditarlo dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento de la modificación.
REMISIÓN A LA NUEVA JUEZA O JUEZ COMPETENTE. Cuando se prueba la modificación, a pedido de parte o de oficio se remitirán las actuaciones a la jueza o juez del nuevo centro de vida. Se adjuntarán todas las actuaciones atinentes a esa persona, en cualquier estado en el cual se encuentren. Con carácter previo, de oficio o a petición de parte, se podrán disponer las medidas cautelares necesarias para evitar la vulneración de derechos. La valoración de la modificación merece una interpretación estricta, en cuanto a la legalidad del cambio y los componentes fácticos que la definen.
MODIFICACIÓN DEL LUGAR DE INTERNACIÓN CON PROCESOS DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DE APOYOS. Si se prueba la modificación del lugar de internación en los casos del primer párrafo del inciso 2 del artículo 10, a pedido de parte o de oficio se remitirán las actuaciones a la jueza o juez competente de acuerdo al nuevo lugar de internación. En los supuestos del segundo párrafo del inciso 2 del artículo 10, la jueza o juez podrá, de oficio o a pedido de parte, remitir las actuaciones a la jueza o juez del lugar de internación cuando se verifiquen las siguientes condiciones: 1) Se desarrollen en un departamento o circunscripción judicial distinta al de la de la jueza o juez que interviene en el proceso sobre determinación judicial de apoyos. 2) Se prolonguen por más de 90 días.
En los procesos previstos en el artículo 9, será competente aquella jueza o juez que, en el marco de la competencia territorial prevista por el artículo 10, haya prevenido en el conocimiento de la situación o conflicto familiar.
EXCEPCIÓN A LA CONTINUIDAD DE LA COMPETENCIA POR PREVENCIÓN. Salvo razones fundadas que justifiquen lo contrario, el criterio de conexidad por prevención no resulta aplicable en los casos en que, en virtud de las reglas de competencia territorial, los nuevos conflictos correspondan a una circunscripción judicial de la provincia distinta a la que previno y las causas que dieron lugar a la prevención se encuentren terminadas.
Los jueces de primera instancia con competencia en familia no pueden ser recusados sin expresión de causa.
Constituyen causas legales de recusación: 1) El parentesco dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus abogadas o abogados, apoderadas o apoderados. 2) Ser cónyuge o integrar una unión convivencial con alguna de las partes, de sus abogadas o abogados, apoderadas o apoderados. 3) Tener la persona cónyuge o conviviente en unión convivencial de la jueza o juez relación de parentesco dentro del segundo grado con alguna de las partes, sus abogadas o abogados, apoderadas o apoderados. 4) Tener la jueza o juez, su cónyuge, conviviente en unión convivencial o sus parientes dentro del grado expresado en el inciso 1) de este artículo, interés en el proceso o en otro semejante, o sociedad o comunidad con algunas de las partes, apoderadas o apoderados, abogadas o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 5) Tener o haber tenido denuncia o proceso pendiente con la persona recusante, siempre que se hubiese iniciado con anterioridad a las actuaciones donde se solicita la recusación. 6) Tener la jueza o juez acreencia, deuda o fianza respecto de alguna de las partes, con excepción de las entidades bancarias. 7) Haber sido denunciada o denunciado por la persona recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistradas y magistrados, siempre que la denuncia sea anterior al inicio del proceso, o que siendo posterior el jurado hubiera decidido la apertura del proceso. 8) Haber sido defensora o defensor de alguna de las partes o haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del caso. 9) Haber recibido beneficios de alguna de las partes. 10) Tener con alguna de las partes amistad u otra relación afectiva o sexoafectiva, que se manifieste con frecuencia. 11) Tener, contra la o el recusante, enemistad, odio o resentimiento que sean manifiestos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la jueza o juez después de comenzado el proceso.
Las partes sólo pueden recusar a las juezas y jueces de primera instancia en su primera presentación, aunque sea anterior a la interposición o contestación de la demanda. Cuando se trate de recusación de integrantes de la Cámara de Apelaciones o Corte de Justicia, debe promoverse dentro de los 5 días de notificada la radicación ante el tribunal. Si la causal es sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro de los 5 días de conocida.
Cuando se recusare a uno o más juezas o jueces de la Cámara de Apelaciones o de la Corte de Justicia, deben conocer las/los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, y en la forma prescripta por la ley orgánica y reglamentaciones pertinentes. La recusación de los jueces o juezas de primera instancia debe ser resuelta por la Cámara de Apelaciones.
La recusación se deduce ante la jueza o juez recusada o recusado, o ante la Cámara de Apelaciones o la Corte de Justicia cuando lo fuese de una o uno de sus miembros. En el escrito correspondiente, se deben expresar las causas de la recusación, y proponerse y acompañar, en su caso, toda la prueba de la que la persona recusante intentare valerse.
Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alega alguna de las causas contenidas en el Artículo 17 o la que se invoca es manifiestamente improcedente, o si se presenta fuera de la oportunidad prevista en el Artículo 18, la recusación debe ser rechazada sin darle curso.
INFORME DE LA JUEZA RECUSADA O JUEZ RECUSADO DE CÁMARA O CORTE. Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si la persona recusada es un juez o jueza de la Cámara de Apelaciones o de la Corte de Justicia, debe informar sobre las causas alegadas.
Si la jueza recusada o el juez recusado reconoce los hechos, se le debe apartar del conocimiento de la causa. Si los niega, se forma un incidente que tramita por expediente separado.
La Cámara de Apelaciones o Corte de Justicia, integrados al efecto, y si procediera, debe recibir el incidente a prueba por cinco (5) días. Cada parte no puede ofrecer más de tres (3) testigos.
Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se corre vista a la jueza o juez recusada/o, resolviéndose el incidente dentro de cinco (5) días de contestada aquélla o vencido el plazo para hacerlo.
INFORME DE LAS JUEZAS O LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando el recusado sea una jueza o juez de primera instancia, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas debe remitirse a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días. El expediente se remite a la jueza o el juez que sigue en el orden de turno, conforme la reglamentación de la Corte de Justicia, para que prosiga la causa. Igual procedimiento se debe observar en caso de nuevas recusaciones.
TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN DE JUEZAS O JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. Remitidos los antecedentes, si la recusación se deduce en tiempo y con causa legal, y del informe elevado por la jueza o el juez resultare la exactitud de los hechos, la Cámara de Apelaciones le separa de la causa. Si la jueza o juez niega la exactitud de los hechos, la cámara puede abrir el incidente a prueba, debiéndose observar el procedimiento establecido en los Artículos 24 y 25.
Si la recusación es rechazada, se debe hacer saber la resolución a la jueza o juez que se encuentre interviniendo, a fin de que devuelva los autos a la jueza o juez recusada/o. Si es admitida, el expediente queda radicado ante el juzgado que se encuentra interviniendo, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que la originaron. La decisión se comunica a la jueza o juez recusada/o. Cuando la recusada o recusado es una de las juezas o jueces de la Cámara de Apelaciones o de la Corte de Justicia, deben seguir conociendo en la causa las o los integrantes o sustitutos legales que han resuelto el incidente de recusación.
Desestimada una recusación con causa, si ésta es calificada de maliciosa, la resolución desestimatoria aplicará a quien recusó las costas y una multa que se determinará según las circunstancias del caso y la demora generada, de hasta 15 Jus.
Toda jueza o juez que se encuentre comprendida o comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 debe excusarse. También puede hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No es motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.
Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si la jueza o juez que por orden de turno debe intervenir entiende que la excusación no procede, se debe formar un incidente que es remitido, en el plazo de cinco (5) días, y sin más trámite al tribunal de alzada, sin que se suspenda la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente queda radicado en el juzgado que por turno correspondió, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que la originaron.
La jueza o juez que estando impedida/o por algunas de las causales previstas no se haya excusado y, a sabiendas, haya dictado una resolución que no sea de mero trámite, puede ser denunciada o denunciado ante la autoridad que ejerce facultades disciplinarias.
Las personas funcionarias del Ministerio Público no pueden ser recusadas. Si tienen algún motivo para apartarse de la causa, deben hacerlo saber a la jueza o al juez o tribunal. Si se los separa de la causa, se da intervención al subrogante que corresponda.
Las Secretarias y los Secretarios pueden ser recusadas/os por las mismas causas expresadas, o por omisión o falta grave en el cumplimiento de sus deberes, y el tribunal a que pertenezcan averiguará verbalmente el hecho y resolverá lo correspondiente, sin recurso alguno.
Durante el trámite del proceso, las juezas o jueces tienen los siguientes deberes: 1) Evitar que la desigualdad de las partes se traduzca en una desventaja en el ejercicio de los derechos y garantías en juego, especialmente cuando se trate de conflictos individuales o colectivos que involucren bienes o personas de tutela constitucional o convencional preferente y/o medien situaciones de vulnerabilidad. 2) Disponer, en cualquier momento del proceso, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesarias. La proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. 3) Interpretar, conciliar y juzgar con perspectiva de género. 4) Mantener su imparcialidad e independencia, adoptar las medidas que permitan su conservación y denunciar a las autoridades competentes los hechos o actos que puedan afectarla. 5) Abstenerse de reunirse o recibir información unilateralmente de alguna de las partes para tratar asuntos relativos al proceso. En caso de reunirse por pedido de alguna de ellas, deberá avisar previamente a las demás para permitir su presencia. 6) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A tal efecto podrán ordenar a cualquiera de las personas que intervienen en el proceso que brinde aclaraciones y/o explicaciones sobre las posiciones, peticiones o instrumentos que presenten, requiriendo, de ser necesario, su comparecencia personal o virtual. 7) Dictar, de oficio, a pedido de parte o del Ministerio Público, las medidas de protección de derechos respecto de personas en situación de vulnerabilidad o de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces. 8) Motivar adecuada y razonablemente las resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas, bajo pena de nulidad, con respeto de la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Este deber implica considerar y analizar con la mayor profundidad y detalle posible los argumentos y pruebas aportados por las partes, las amigas y amigos del tribunal y otras personas intervinientes en el proceso. 9) Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada y razonable motivación de sus resoluciones y sentencias. 10) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en toda actuación oral o escrita, y adecuar razonablemente el lenguaje de las decisiones y comunicaciones judiciales en función de las destinatarias y destinatarios. 11) Prevenir, remediar, sancionar y denunciar, por los medios que este código establece, los actos contrarios a los deberes de cooperación, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso y su gestión. Al resolver cualquier petición o pretensión, deberá declarar la temeridad o malicia en que pudieran haber incurrido las partes, profesionales o demás intervinientes. 12) Cuando identifique la existencia de demandas individuales repetitivas, notificar al Ministerio Público para que evalúe la posibilidad de promover la respectiva acción. 13) Garantizar la publicidad y transparencia en el ejercicio de la función judicial y el acceso irrestricto a las actuaciones y registros, salvo en aquellos en los que se afecte la intimidad de las partes, de niñas, niños o adolescentes, personas con capacidad restringida e incapaces y supuestos en que se configuren otras excepciones legales u otros casos debidamente justificados. 14) Tratar con igual consideración y respeto a otras juezas y jueces, partes, abogadas y abogados, y otras y otros auxiliares de la justicia. Asimismo, procurar que este trato se respete entre todas las personas que participen del proceso. 15) Procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y, cuando existan personas merecedoras de especial tutela, disponer medidas de salvaguarda y el seguimiento del caso. 16) Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea necesario realizar. 17) Solicitar la intervención de los equipos técnicos e interdisciplinarios pertinentes, cuando este código lo establezca y cuando lo estime conveniente. 18) Realizar los ajustes de procedimiento para garantizar el debido proceso, mantener la integridad de las personas que intervienen y evitar la revictimización de las personas en situación de vulnerabilidad.
DEBERES DE JUEZAS Y JUECES RESPECTO DE LAS AUDIENCIAS Y ENTREVISTAS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA E INCAPACES. De modo indelegable las juezas y jueces deben: 1) Asistir a las audiencias y permanecer en ellas durante todo su desarrollo, excepto que este código expresamente autorice lo contrario. 2) Participar personalmente de todas las entrevistas con niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces que este código y las leyes vigentes ponen a su cargo.
DEBERES DE LAS JUEZAS Y JUECES EN LA GESTIÓN DEL CASO. Las juezas y los jueces deben gestionar eficiente y adecuadamente el proceso judicial a fin de garantizar su efectividad y duración razonable. para ello deben: 1) Adoptar y propiciar fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas. 2) Tomar medidas para que, en la tramitación, se procure la mayor economía procesal. 3) Impulsar de oficio el proceso, respetando lo dispuesto en el Artículo 3, inc. 9. 4) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones que presente y ordenar que se subsanen dentro del plazo que fije al efecto. 5) Disponer de oficio toda medida o diligencia que sea necesaria para evitar nulidades. 6) Hacer saber a las partes sobre la conveniencia o necesidad de integrar la controversia con otras personas. En su caso, y de manera fundada, permitirá la ampliación subjetiva de la demanda o citación de terceras o terceros, según corresponda, aun cuando ya se encuentre trabada la relación procesal y hasta terminada la audiencia preliminar. 7) Resolver las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las cuestiones cautelares, y los supuestos de habilitación de días y horas inhábiles establecidos en el artículo 73. 8) Realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes ponen a su cargo. 9) Adoptar de oficio las medidas adecuadas para que los incidentes no desnaturalicen el trámite del proceso principal.
En los procesos que involucren personas en situación de vulnerabilidad, los deberes mencionados tienen que ser ejercidos con mayor y especial atención según las delicadas particularidades de cada caso.
DEBERES DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO. Son deberes de las y los integrantes del equipo interdisciplinario: 1) Actuar en cualquier etapa del proceso en la que se requiera su intervención para, entre otros fines, facilitar la concreción y supervisar el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos de las partes y de las resoluciones judiciales. 2) Asesorar a la jueza o juez en las materias relacionadas con sus especialidades. 3) A pedido de la jueza o juez, asistir a las audiencias y encuentros y emitir las opiniones técnicas que se les requieran. 4) Elaborar, a solicitud de la jueza o juez, los informes técnicos que se les requieran en cualquier etapa del proceso para la resolución del conflicto, y responder las observaciones, impugnaciones y pedidos de explicación realizados por la jueza o juez o por las partes. 5) Actuar como peritas o peritos en la etapa de prueba. 6) Ejercer las funciones de sus especialidades con enfoque interdisciplinario y perspectiva de género. 7) Evitar la revictimización de las personas involucradas. 8) Demás deberes regulados por las reglamentaciones de la Corte de Justicia.
Las asesorías de menores e incapaces, ejercerán sus funciones complementaria y principal conforme al artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de las niñas, niños y adolescentes, cuyas situaciones se tramiten en el ámbito judicial.
Las asesorías de menores e incapaces, ejercerán la representación principal o compleme ntaria de las personas menores de edad, asimismo serán parte en todo el proceso, asegurando el cumplimiento del principio rector del interés superior del niño.
DEBERES Y FACULTADES DE LAS ASESORÍAS DE MENORES E INCAPACES. Son deberes y facultades de las asesorías de menores: 1) Realizar las audiencias necesarias con la persona menor de edad, previo a cualquier trámite judicial; 2) concluida la etapa prejudicial, se labrará acta dejando constancia de ello y se notificará a las personas interesadas que, en caso de iniciarse las acciones judiciales correspondientes, lo actuado se elevará a la jueza o juez interviniente; 3) citar a las personas interesadas a las audiencias que consideren necesarias; 4) escuchar a la persona menor de edad en dichas audiencias, recibir sus reclamos y garantizar el derecho a ser oída y a que su opinión sea tenida en cuenta; 5) dar intervención al Equipo Interdisciplinario y/o Cuerpo Interdisciplinario Forense cuando lo consideren necesario; 6) derivar a mediación los casos cuando consideren pertinente, según las prescripciones del presente Código y la ley de mediación; 7) adjuntar a su dictamen la evaluación del Equipo Interdisciplinario o Cuerpo Interdisciplinario si la hubiere; 8) cuando la situación lo requiera, solicitar el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a quien fuere necesario; 9) en los supuestos en que las situaciones de niñas, niños o adolescentes encuadren en el Sistema de Protección Integral, derivar a la autoridad de aplicación de la ley provincial N° 5357, sin perjuicio de lapropia función; 10) demás facultades otorgadas por ley orgánica y reglamentaciones de la Corte de Justicia.
Son deberes de las secretarias y de los secretarios: a) Comunicar a las partes y a terceras o terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a las abogadas y abogados respecto de las cédulas y oficios, de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistradas y magistrados de distintas jurisdicciones y de lo que se establezca reglamentariamente respecto de la notificación electrónica. Las comunicaciones dirigidas a la gobernación, ministras y ministros, y magistradas y magistrados, deben ser firmadas por el juez o jueza. b) Dirigir en forma personal, y de conformidad de las partes, las audiencias conciliatorias, testimoniales, y de toda otra índole, que tome por delegación de la jueza o juez. c) Realizar visitas a los nosocomios y lugares de internación u hogares de resguardo, por expresa delegación de la jueza o juez. d) Extender certificados y copias certificadas de actas. e) Recabar informes probatorios cuando la judicatura lo considere conveniente. f) Conferir vistas y traslados. g) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otras personas funcionarias judiciales, las providencias simples que no impliquen el ejercicio de la función jurisdiccional. En la etapa probatoria pueden firmar todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba. h) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. i) Todo otro acto que le sea delegado por la jueza o juez en forma expresa, por ley orgánica y según el presente código. En toda circunstancia, deben ejercer sus funciones con perspectiva de género, evitar que las desigualdades socioeconómicas, de género, culturales o la discapacidad de las partes, se traduzcan en desventajas procesales, y emplear lenguaje claro y sencillo.
Toda persona que intervenga en una instancia de mediación, etapa previa o proceso judicial, tendrá la carga de constituir domicilio electrónico en los términos que establezcan las reglamentaciones de la Corte de Justicia y lo dispuesto en los Artículos 59 y 230 de la Ley 5925. Las notificaciones automáticas se producirán en los Estrados Digitales conforme el régimen general de notificaciones electrónicas de la provincia. A dichos fines se asegurará su sencilla obtención e inviolabilidad. Se enviarán al domicilio electrónico todas las notificaciones que, según este código, no deban ser realizadas de otro modo. Esta carga deberá cumplirse en la primera intervención en el proceso. En tal oportunidad también se deberá denunciar domicilio físico real o social, y denunciar casilla de correo electrónico personal o corporativa, teléfono celular y otros datos de contacto que establezcan las reglamentaciones de la Corte de Justicia. La oficina de superintendencia, o la que se designe a esos fines, podrá utilizar los datos de contacto suministrados para procurar una inmediata comunicación de toda cuestión administrativa que se suscite con relación a la gestión de las actuaciones y que pueda o deba resolverse o efectivizarse a fin de garantizar la tutela judicial. Todas estas comunicaciones deberán realizarse con copia al correo electrónico personal de la abogada o abogado de la parte.
Si no se cumple con la carga de constituir domicilio electrónico establecida en el artículo anterior, o no comparece quien haya sido debidamente citado, las sucesivas providencias y resoluciones se tendrán por notificadas automáticamente en los Estrados Digitales el día de su publicación en el sistema. Se exceptúan de esta regla: 1) Las resoluciones que fijen audiencias o encuentros a los que se requiera la asistencia personal. 2) Las sentencias definitivas o equiparables a tales. En estos casos excepcionales, la notificación deberá practicarse en el domicilio real o, en su defecto, mediante correo electrónico personal, mensajería instantánea u otros medios de contacto denunciados, conforme a las reglamentaciones de la Corte de Justicia.
Los domicilios a que se refiere el artículo 44 subsistirán sólo durante la instancia de mediación, la etapa previa, hasta el archivo del proceso, según sea el caso, excepto que se denuncien o constituyan otros. En tal caso, el anterior domicilio se mantiene hasta que se notifique el nuevo a la otra parte de acuerdo con el art. 65.
Cuando no existan los edificios, queden deshabitados o desaparezcan, o se alterare o suprima su numeración, y no se haya denunciado un nuevo domicilio real, con el informe de la notificadora o notificador, las notificaciones que deben dirigirse a ese domicilio se remitirán al domicilio electrónico. Si no se constituyó domicilio electrónico se observará lo dispuesto en el artículo 45.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, LETRADAS O LETRADOS. Son deberes de las partes y sus letradas o letrados: 1) Proceder con lealtad, probidad y buena fe en todos sus actos, obrando razonablemente en el ejercicio de sus pretensiones, cargas y derechos procesales. 2) Tratar con igual consideración y respeto a todas las personas que tomen intervención en el proceso. 3) Comportarse adecuadamente para no obstaculizar la gestión del proceso, su composición, el esclarecimiento de los hechos controvertidos y la producción de la prueba. 4) Comportarse adecuadamente durante las audiencias y diligencias, así como abstenerse de usar expresiones injuriosas, discriminatorias u ofensivas. 5) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en todas sus actuaciones orales o escritas. 6) Ejercer su labor con perspectiva de género. 7) Mantener actualizados sus datos de contacto y domicilios real, legal o electrónico, y comunicar su modificación de manera oportuna. 8) Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la debida integración del proceso.
Previo aviso a la parte y a su abogada o abogado, en cualquier momento del proceso, la jueza o juez podrá declarar maliciosa o temeraria la conducta asumida en el proceso por cualquiera de ellas conforme el artículo 48° del Código Procesal Civil de la Provincia.
Se considerará que existe temeridad o malicia en los términos del artículo 49 cuando: 1) Sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, las oposiciones, recursos, incidentes o, a sabiendas, se aleguen hechos inexistentes. 2) Se invoquen calidades sustantivas o de representación manifiestamente inexistentes. 3) Se realicen transcripciones o citas falsas o inexactas. 4) Se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o fraudulentos. 5) Se obstruya deliberadamente, por acción u omisión, la producción de pruebas. 6) Se entorpezca el desarrollo del proceso.
Si se prueba que las partes, su letrada o letrado, apoderada o apoderado, o ambos, tergiversaron o falsearon pruebas, además de remitir copias para las investigaciones penales y disciplinarias, se les impondrá individual o conjuntamente una multa de entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%) de la remuneración básica de una jueza o juez de primera instancia.
Es facultad de abogadas, abogados, procuradoras y procuradores, recabar directamente de las oficinas públicas, registros y otras personas jurídicas, información o antecedentes sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan, como así también solicitar certificados. Estos pedidos deberán ser respondidos en el plazo de 10 días. En las solicitudes, el profesional hará constar su nombre y apellido, matrícula profesional, domicilio electrónico, dirección de correo electrónico, teléfono, carátula del proceso, nombre de la jueza o juez ante quien tramita, y otros requisitos que establezcan las reglamentaciones de la Corte de Justicia. Las contestaciones serán entregadas personalmente a la o el profesional o bien remitidas al domicilio consignado, según lo haya solicitado. No habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas a la jueza o juez correspondiente.
Cuando la parte que actúa personalmente muere, o deviene con capacidad restringida o incapacidad, comprobado el hecho o situación jurídica, la jueza o juez debe suspender la tramitación y citar a las personas herederas o al apoyo o representante legal, en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53, inciso 5) del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Catamarca.
El patrocinio letrado es obligatorio, salvo norma en contrario. La abogada o abogado patrocinante puede solicitar con su sola firma el dictado de providencias de mero trámite.
Las niñas, niños y adolescentes que cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden: 1) Si existe conflicto de intereses con sus representantes legales, intervenir con asistencia letrada; 2) Solicitar la designación de un abogado preferentemente especializado para que lo asista en las peticiones que los afecten directamente.
Las personas con capacidad restringida deben intervenir con asistencia letrada, excepto que se encuentren absolutamente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, en cuyo caso lo hacen a través de sus representantes legales.
DESIGNACIÓN DE ABOGADA O ABOGADO A PERSONAS MENORES DE EDAD Y CON CAPACIDAD RESTRINGIDA. Las niñas, niños y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al Juez o Jueza, al Ministerio Público, a entidades profesionales del derecho u organismos del Poder Ejecutivo pertinentes, información sobre los posibles abogados y abogadas especializados/as a los fines de elegir quien le asista en juicio.
FALTA DE FIRMA DE LA ABOGADA O ABOGADO PATROCINANTE. Se tiene por no presentado y corresponde devolver a la persona presentante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de abogada o abogado no la tenga, si la omisión no es suplida dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito. La omisión de patrocinio letrado se suple por: 1) La ratificación por una abogada o abogado mediante una presentación posterior; 2) La suscripción del mismo escrito por una abogada o abogado ante la funcionaria o funcionario judicial autorizada/o.
En el desempeño de su profesión, la abogada o abogado es asimilada/o a la magistratura en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.
Las costas se imponen por su orden, excepto en cuestiones de alimentos. No obstante, la jueza o juez puede apartarse de ese principio siempre que encuentre mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
En los incidentes rige lo establecido en el artículo anterior. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en efecto diferido, excepto cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara de Apelaciones como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.
Las costas se imponen a la parte actora si la parte demandada no dio motivo a la promoción del proceso, se allana dentro del plazo para contestar la demanda y cumple su obligación.
La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el juicio, mediante el cumplimiento de la obligación. También incluye los de las diligencias preliminares. Los gastos correspondientes a pedidos desestimados, son a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le sea favorable en lo principal. No son objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Los peritos y las peritas intervinientes cobran por su orden. No obstante, pueden reclamar a la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que les son regulados, excepto cuando la parte ha manifestado desinterés en la producción de la prueba pericial. Los honorarios profesionales son de carácter alimentarios no pudiendo alterarse lo que establece la Ley Provincial N° 5724.
NOTIFICACIONES PARA INTERVENIR EN EL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES. Las notificaciones a las personas que sean citadas para intervenir en el proceso, aquellas sobre medidas cautelares y las que durante el proceso se dirijan personalmente a la parte se harán en las condiciones y por los medios que establezcan las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia, priorizando aquellos digitales y prestando especial atención a niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad u otras personas en situación de vulnerabilidad.
Salvo los casos excepcionales en que proceda la notificación en cédula en soporte papel o la notificación de un modo distinto, todas las providencias, resoluciones y sentencias serán notificadas de oficio y de modo automático al domicilio electrónico constituido según lo establezcan las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia.
Las notificaciones contendrán: 1) Nombre y apellido o razón social de la persona a notificar. 2) Proceso en que se practica. 3) Juez o jueza ante quien tramita el proceso. 4) Transcripción de la parte pertinente de la providencia, resolución o sentencia. 5) Además, la cédula de notificación en soporte papel a un domicilio físico contendrá: a) El domicilio y su carácter. b) El detalle preciso de las copias de escritos o documentos que se acompañen. c) El objeto de la notificación, expresado en un lenguaje claro, conciso y sin tecnicismos, de modo tal que la destinataria o destinatario pueda comprender acabadamente la finalidad de la notificación. d) La dirección, correo electrónico, número telefónico y otros medios de contacto de, al menos, la defensoría oficial y el consultorio jurídico gratuito del colegio de abogados y abogadas. Las normas reglamentarias establecerán el formato de las notificaciones electrónicas y modelos de cédulas en formato papel.
Además de los casos determinados por este código, procederá la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último supuesto, deberá justificarse que se han realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio. Tales gestiones se tendrán por cumplidas con el informe del Registro Nacional de las Personas, Cámara Electoral Federal o Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia, o de la autoridad de registro correspondiente en el caso de personas jurídicas. Si se prueba la falsedad de la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costo todo lo actuado con posterioridad a la notificación y será condenada a pagar una multa de un valor entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo de 75 jus.
La publicación de los edictos se hará en el sitio web oficial de la Corte de Justicia, sin perjuicio de lo que dispongan el Código Civil y Comercial y las normas prácticas para supuestos específicos. La publicación se cumplirá y se acreditará en los términos que dispongan las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia. Los edictos deben contener, en forma sintética, la misma información que las demás notificaciones. El número de publicaciones será el que la ley o las normas reglamentarias determinen en cada caso. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación.
En todos los casos que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido de la persona interesada, la jueza o juez podrá ordenar que también se anuncien, por radiodifusión, televisión o servicio de comunicación a través de internet y otros medios que habiliten las normas prácticas. El modo de hacerlo y la forma de acreditar la diligencia será establecido por las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación de edictos o transmisión radiofónica, televisiva o comunicación a través de internet, la que ocurra en último término.
La notificación que se haga en contravención de lo dispuesto en los artículos anteriores y en las normas reglamentarias, aun si no se cuestiona la autenticidad de la cédula ni de los actos cumplidos por la notificadora o notificador, podrá ser declarada nula a pedido de parte o de oficio previo aviso a las partes, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra la abogada, abogado, funcionaria o funcionario que la practicó. Sin embargo, siempre que de las actuaciones resulte que la parte destinataria ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. La persona que efectúe la notificación no quedará relevada de su responsabilidad. El pedido de nulidad tramitará por incidente.
FORMA DE CITACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS CON DETERMINACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD Y CON DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PARA SU ESCUCHA. Salvo circunstancias excepcionales, la citación de los artículos 94 y 95 será notificada con una antelación de al menos 3 días. La notificación será redactada en términos claros, sencillos y sin tecnicismos. Además del día, hora y lugar de la entrevista, se informará que comparecer es un derecho, no un deber. Cuando la jueza o juez advierta interferencias, podrá disponer que la niña, niño o adolescente sea anoticiada/o de la citación por intermedio de un integrante del Equipo Interdisciplinario o de otra forma que considere apropiada.
Las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se realizarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Ello con excepción de la firma de las providencias, resoluciones y sentencias, que podrá efectuarse en cualquier momento. Si se firman luego del horario hábil se tendrán por firmadas al día siguiente hábil. Son días hábiles todos los del año, salvo los sábados, domingos, feriados, no laborables o asuetos judiciales declarados por ley o decreto, por los poderes ejecutivos de la Nación o de la Provincia, o por acordadas de la Corte de Justicia, y los comprendidos en la feria judicial de cada año. Las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia establecerán cuáles son las horas hábiles.
Las juezas o jueces, a petición de parte o de oficio, deberán habilitar días y horas cuando no sea posible fijar las audiencias dentro del plazo establecido por este código o se trate de diligencias urgentes cuya demora las vuelva ineficaces u origine perjuicios graves a las partes. La resolución es irrecurrible.
Las diligencias y audiencias iniciadas en día y hora hábil podrán llevarse hasta su fin en tiempo inhábil, sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no puede terminarse en el día continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca la jueza o juez.
Los plazos solo corren durante los días hábiles, excepto los previstos en los procesos de control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos de niñas, niños y adolescentes, de adopción, de control de legalidad de internaciones por razones de salud mental, y el de protección contra la violencia familiar previsto en la legislación especial.
Los plazos son perentorios, con excepción del supuesto de acuerdo entre las partes con relación a actos procesales específicamente determinados. El carácter perentorio de los plazos aplica a todas las personas que intervengan en el proceso, cualquiera sea el carácter de la intervención. Las presentaciones no efectuadas dentro del horario judicial del día en que venza un plazo, sólo podrán ser realizadas válidamente el día hábil inmediato posterior, y dentro de las 2 primeras horas del inicio de la actividad judicial, cualquiera sea la forma de su presentación.
Cuando este código no establezca expresamente el plazo para la realización de un acto será de 5 días, salvo que la jueza o juez establezca uno diferente de conformidad con las circunstancias del caso y la importancia de la diligencia.
Los plazos empezarán a correr desde el primer día hábil posterior a la notificación.
Los plazos de horas corren desde el momento de la notificación. Para las presentaciones rige lo establecido en el último párrafo del artículo 76.
Las abogadas o abogados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin acreditar en las actuaciones la conformidad de sus mandantes. La suspensión acordada por las partes no podrá implicar la suspensión o postergación de audiencias ya fijadas. Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante manifestación expresa. Las juezas o jueces deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieran imposible la realización del acto pendiente. Las normas reglamentarias establecerán en qué circunstancias corresponde la suspensión automática de los plazos cuando se produzca la interrupción no planificada de los servicios informáticos que permiten las presentaciones electrónicas así como el modo en que esa suspensión será comunicada.
Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera de la Provincia de Catamarca, quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por una distancia de entre 100 y 200 kilómetros y, a partir de los primeros 200 kilómetros, un día adicional por cada 200 kilómetros adicionales o fracción que no baje de 100. En los supuestos excepcionales que se habilite la presentación en papel, las normas reglamentarias establecerán los criterios de ampliación.
A pedido de parte y sin aviso a la contraria, la jueza o juez dispondrá la suspensión del curso de los plazos procesales respecto de la peticionante cuando la persona afectada sea la única abogada o abogado que interviene por la parte y lo haya hecho al menos durante las dos terceras partes de la duración del proceso. La suspensión procede si se acredita: 1) Parto, guarda con fines de adopción o adopción; 2) Internación hospitalaria de la abogada o abogado, de su cónyuge o conviviente. También se aplicará a las niñas, niños o adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad a cargo, y a las hijas e hijos de su cónyuge o conviviente siempre que convivan. La suspensión no puede exceder los 10 días y la resolución debe señalar el día en el que los plazos se reanudan para la peticionante. La interrupción no se aplica al plazo del aviso previo al dictado de medidas cautelares. Las causales indicadas más arriba justifican también la inasistencia a audiencias.
Las providencias, resoluciones y sentencias deben dictarse en los siguientes plazos: 1) Las providencias simples en el plazo de 3 días de efectuada la presentación; 2) Las resoluciones interlocutorias en el plazo de 10 o 15 días desde que la cuestión se encuentre en estado de ser resuelta, según sea un órgano unipersonal o colegiado, y; 3) Las sentencias definitivas: a) En el proceso ordinario en el plazo de 30 o 40 días desde que quede firme el inicio de la etapa decisoria o desde el vencimiento del plazo ampliatorio que se hubiera concedido, según sea un órgano unipersonal o colegiado; b) En el proceso sumarísimo en el plazo de 10 o 15 días según se trate de un órgano unipersonal o colegiado; c) En los demás tipos de proceso, en los plazos que para cada uno de ellos se establecen.
Salvo que se trate de providencias simples o lo dispuesto en este código sobre medidas cautelares, ninguna cuestión podrá resolverse sin darle a las partes oportunidad de manifestarse, aun cuando se trate de materia sobre la cual pueda o deba decidirse de oficio.
Tienen por objeto avanzar con el trámite del proceso u ordenar actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito y la indicación de fecha, lugar y firma.
Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1) Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas.
Los pronunciamientos que recaigan en los supuestos dedesistimiento del derecho o conciliación se dictarán en la forma de providencias simples o resoluciones interlocutorias, según que, respectivamente, homologuen o no el acto.
En todos los actos del proceso se utiliza el idioma oficial. Cuando éste no sea conocido por la persona que deba prestar declaración, el tribunal designará una persona traductora pública. Se nombra una intérprete cuando deba interrogarse a personas que sólo pueden darse a entender en lenguaje especializado, designada conforme las normas y/o reglamentaciones de la Corte de Justicia. En caso de personas de pueblos originarios, además se podrá designar una o un referente de la comunidad, inclusive el que la persona sugiera.
Las audiencias, excepto disposición en contrario, se rigen por las siguientes reglas: 1) Tienen carácter reservado; 2) Salvo las tratativas conciliatorias, disposición expresa de este código o decisión fundada de la jueza o juez, todas las audiencias se registrarán íntegramente mediante el sistema de videograbación validado por las normas reglamentarias. A pedido de parte, cuando la videograbación pueda afectar la intimidad o la integridad de las partes, la jueza o juez podrá ordenar que la audiencia no sea videograbada total o parcialmente. En los supuestos que no se registren por videograbación, se redactará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes. 3) En los casos que involucren niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad, debe convocarse al Ministerio Público. 4) La jueza o juez podrá citar a las personas integrantes del Equipo Interdisciplinario que considere necesarias. 5) Salvo cuando este código habilite expresamente lo contrario, serán presididas personalmente por la jueza o juez de la causa, quien debe dirigirlas y permanecer en ellas durante todo el tiempo de su duración. La ausencia o retiro de la jueza o juez genera la nulidad insanable del acto, que podrá ser planteada en cualquier momento por cualquiera de las partes. 6) Serán señaladas con anticipación no menor de 3 días, salvo que la jueza o juez considere que existen razones especiales que exigen mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia en el mismo acto debe fijarse la fecha de su reanudación, lo que implica notificación para aquellos que fueron debidamente convocados. La jueza o juez tiene el deber de concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones que sea necesario realizar; y resolver toda cuestión mediata o inmediatamente relacionada con el objeto de la pretensión, siempre que ello no implique afectar el derecho de defensa de las partes. 7) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra, salvo cuando este código establezca expresamente lo contrario. 8) Empezarán a la hora designada con la participación de cualquiera de las partes que asista a ellas. Las personas citadas solo tendrán obligación de esperar 30 minutos. Quienes asistan a la audiencia, una vez iniciada no podrán interrumpir el acto ni solicitar que se retrotraiga. 9) Cuando alguna de las personas intervinientes sea sorda y/o muda, la jueza o juez ordenará que sea asistida por una o un intérprete de lenguaje de señas. 10) La vestimenta de las partes, de las abogadas y abogados y de las juezas y jueces no será obstáculo para el normal desenvolvimiento del acto. Si se arribara a un acuerdo, se labrará acta y, de ser posible por la materia, se lo homologará en la misma audiencia, resolviendo sobre costas, honorarios y entrega de bienes en el mismo acto. Caso contrario, se dejará constancia de no haberse arribado a una solución consensuada del conflicto.
Cuando la parte pretenda justificar su inasistencia debe plantearlo en el plazo de 3 días desde la celebración de la audiencia, sin requerimiento ni intimación para que lo haga. Vencido el plazo, se dará aviso a la otra parte por el plazo de 3 días para que se expida sobre la justificación y manifieste lo que considere conducente. Si la inasistencia es justificada, se fijará una nueva fecha de audiencia o se celebrará nuevamente, según corresponda.
Las audiencias se celebrarán en forma presencial o remota, según se decida en cada caso. Las audiencias preliminares y de vista de causa, las previstas en los procesos de control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, de control de legalidad de la internación por razones de salud mental, de adopción, así como las entrevistas con niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad, se celebrarán de modo presencial. En estos casos, la decisión de realizar la audiencia en forma remota será excepcional y deberá fundarse expresamente en consideración al objeto del acto, las distancias involucradas u otras circunstancias de quienes deban comparecer, tales como su edad, estado de salud o situación de vulnerabilidad. También será admisible la comparecencia remota de alguna persona a las audiencias presenciales cuando las circunstancias lo justifiquen. Las normas reglamentarias que dicte la Corte de Justicia establecerán las condiciones para la comparecencia y celebración de las audiencias remotas.
Abierto el acto, la jueza o juez explicará a las personas en forma concisa, con lenguaje claro y sencillo, la razón de la audiencia. Luego concederá la palabra a las partes para que argumenten, cuidando siempre que se permita ejercer el derecho de contradecir de manera clara, pertinente y concreta lo señalado por la contraria. Iniciará la parte actora o quien haya promovido el incidente. Aun cuando cuenten con representación letrada, las partes pueden intervenir personalmente a requerimiento de la jueza o juez, o de manera espontánea con su autorización. Es deber de la jueza o juez gestionar el uso del tiempo, concediendo o denegando la palabra. Las intervenciones no excederán de 15 minutos, salvo disposición en contrario que se tomará verbalmente en el acto de la audiencia. Esta ampliación deberá estar fundada en las condiciones y complejidad del caso, y será irrecurrible.
Quienes asistan a las audiencias deben guardar respeto y silencio. No podrán utilizar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. Tampoco podrán adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o irrespetuosos. Ante la violación de estos deberes, una vez agotado el diálogo para lograr un entendimiento, quien se encuentre a cargo de la audiencia o encuentro podrá ordenar la salida y evitar el ingreso de quienes no cumplan con este deber o disponer las medidas que las normas prácticas establezcan en caso de audiencias remotas. A tal efecto se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Cuando se encuentren afectados de modo directo derechos de niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez deberá convocarlos a una entrevista para tomar conocimiento personal y directo, que puede ser fijada de manera especial o conjuntamente con otra audiencia del proceso. La entrevista se realizará con presencia del Ministerio Público, y del Equipo Interdisciplinario. La comparecencia de las niñas, niños y adolescentes es un derecho, no un deber. Sin embargo, la abogada o abogado colaborará con la jueza o juez informando con anticipación razonable sobre la efectiva asistencia a la audiencia o entrevista. En esta oportunidad la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo con su grado de madurez sobre su derecho a expresar su opinión, los efectos que tendrá en el proceso y su derecho a tener representación de una abogada o abogado. La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez en forma fundada decida lo contrario. El acceso a la videograbación tiene carácter reservado. Únicamente se incorporará a las actuaciones el acta que dé cuenta de la realización de la entrevista.
ENTREVISTA PERSONAL CON PERSONAS CON DETERMINACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD Y CON DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD. Cuando se encuentren involucrados derechos de personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y/o con declaración de incapacidad, la jueza o juez deberá convocarlas a una entrevista que puede ser fijada de manera especial o conjuntamente con otra audiencia del proceso para tomar conocimiento personal y directo de ellas. La entrevista se realizará con presencia del Ministerio Público, y en los procesos de familias del equipo interdisciplinario. La comparecencia de tales personas es un derecho, no un deber. Sin embargo, la abogada o abogado colaborará con la jueza o juez informando con anticipación razonable sobre la efectiva asistencia a la audiencia o entrevista. En esta oportunidad la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo con los ajustes de procedimiento que resulten necesarios, su derecho a expresar su opinión los efectos que tendrá en el proceso y su derecho a tener representación de una abogada o abogado. La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez en forma fundada decida lo contrario. El acceso a la videograbación tiene carácter reservado. Únicamente se incorporará a las actuaciones el acta que dé cuenta de la realización de la entrevista, debiendo reservarse la videograbación, salvo que la persona con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o declaración de incapacidad, sus apoyos o representantes y su abogada o abogado manifiesten su voluntad de que la videograbación también sea incorporada.
En los supuestos en que se encuentren afectados derechos de niñas, niños o adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad, la jueza o juez podrá ordenar la comparecencia inmediata por la fuerza pública de las partes u otros parientes o referentes afectivos implicados, de personas propuestas para prestar declaración testimonial, peritas o peritos, funcionarias o funcionarios, terceras o terceros que tengan en su poder documentos relevantes u otros auxiliares cuya presencia considere necesaria, cuando debidamente citados no concurran sin causa justificada. Las normas reglamentarias establecerán las condiciones en las que deberán efectivizarse estas medidas.
La nulidad de los actos procesales debe fundarse en una previsión expresa de la ley o en circunstancias que demuestren que carecen de los requisitos esenciales para cumplir su finalidad.
No se podrá declarar la nulidad si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Ello con excepción de la inasistencia o falta de permanencia de la jueza o juez en las audiencias, donde su presencia es requerida bajo pena de nulidad insanable en los términos del inciso 5) del artículo 89. La nulidad tampoco podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido expresa o tácitamente por la parte interesada en la declaración, con excepción de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 89. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando la parte interesada no promueva el incidente de nulidad dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento del acto que pretende impugnar.
La parte que generó la causa de la nulidad o participó del acto nulo no podrá pedir su invalidez, con excepción de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 89.
DECLARACIÓN A PEDIDO DE PARTE O DE OFICIO. TRÁMITE. La nulidad se declarará a pedido de parte o de oficio. Cuando es a pedido de parte, tramitará por incidente. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 107, la interesada deberá expresar sucintamente el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar. Las juezas o jueces deberán declarar la nulidad de oficio, previo aviso a las partes en los casos de nulidades absolutas. Las nulidades relativas pueden declararse de oficio, previo aviso, siempre que el vicio no se hubiese consentido, o sea intrascendente.
Se desestimará sin más trámite el pedido de nulidad si no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos anteriores o cuando sea manifiestamente improcedente.
La nulidad de un acto no importará la de los anteriores, ni la de los sucesivos que sean independientes. La nulidad parcial del acto no afectará a las demás partes que sean independientes.
Toda cuestión que tenga relación con el objeto principal del proceso y no se encuentre sometida a un procedimiento especial, tramitará en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo.
Todas las cuestiones que deban tramitar por vía incidental cuyas causas sean conocidas por quien las promueve, deberán ser articuladas en una misma presentación. En caso de que tal conocimiento previo surja manifiesto de las constancias de las actuaciones, o cuando la contraria lo demuestre al contestar el aviso previsto en el artículo 109, el incidente será rechazado inmediatamente en los términos del artículo 108.
Los incidentes no suspenderán el trámite del proceso principal, a menos que este código disponga lo contrario o que así lo resuelva la jueza o juez cuando lo considere indispensable por las características de la cuestión planteada. La resolución que suspende el proceso será apelable con efecto no suspensivo.
El incidente se formará con la presentación en que se promueva y con constancia de la resolución y de las demás actuaciones del proceso principal que lo motivan y que indiquen las partes.
Quien plantee el incidente deberá fundarlo clara y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intente valerse.
Si el incidente promovido es manifiestamente improcedente o se da la circunstancia prevista en el segundo párrafo del artículo 104, la jueza o juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución será apelable con efecto no suspensivo.
Salvo el supuesto previsto en el artículo anterior, del incidente se dará aviso por 5 días a la otra parte para que lo conteste y ofrezca toda la prueba de que intente valerse. El aviso se dará por 2 días en el caso de los procesos sumarísimo.
Contestado el aviso, o vencido el plazo, si no se requiere la producción de prueba la jueza o juez resolverá sin más trámite.
Cuando deba producirse prueba testimonial o declaración de las partes se fijará la audiencia dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días. En la misma providencia se citará a las personas propuestas para prestar declaración testimonial conforme lo establecido en el artículo 245, se proveerá la prueba que no pueda recibirse en la audiencia y se fijará un plazo para su producción de acuerdo con la cantidad y complejidad de la prueba proveída. No se admitirán más de 3 personas para prestar declaración testimonial por cada parte. Cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en la audiencia, podrá postergarse o suspenderse por una sola vez y por un plazo no mayor de 10 días. Para la producción de la restante prueba se seguirán las reglas previstas para el medio probatorio de que se trate.
La prueba pericial se llevará a cabo por el Equipo Interdisciplinario; o por una sola perita o perito designada/o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258.
Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.
La caducidad de la instancia sólo opera en los procesos de contenido exclusivamente económico y entre personas plenamente capaces, a pedido de parte. Se produce la perención cuando no se insta su curso dentro de los siguientes plazos: a) De seis (6) meses, en primera o única instancia. b) De tres (3) meses, en segunda o tercera instancia, en los incidentes y en los procesos urgentes. c) De un (1) mes, en el incidente de caducidad de instancia. La instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque no haya sido notificada la resolución que dispone su traslado, en segunda o ulterior instancia con la resolución que provee el recurso. La instancia es única e indivisible en cualquier supuesto de acaecimiento de la caducidad.
Los plazos señalados en el artículo anterior se computan desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez o funcionario judicial autorizado, que tenga por efecto impulsar el procedimiento. Se computan durante los días inhábiles excepto los que corresponden a las ferias judiciales. Para el cómputo de los plazos se descuenta el tiempo en que el proceso estuvo paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición de la jueza o juez, siempre que la reanudación del trámite no quede supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad puede ser pedida por: a) En primera instancia, la parte demandada o reconvenida. b) En el incidente, la parte contraria de quien lo ha promovido. c) En los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por la persona peticionaria, en el caso de que aquél prospere. No procede contra personas menores de edad, ni personas con capacidad restringida e incapaces.
El impulso del proceso por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes.
La caducidad no opera: a) en los procedimientos de ejecución de sentencia, excepto si se trata de incidentes que no guardan relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha; b) cuando los procesos estén pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla sea imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependa de una actividad que este Código o las reglamentaciones pertinentes imponen a la secretaria o secretario o funcionaria/o judicial a cargo; c) si existe llamado a autos para sentencia, excepto que se haya dispuesto prueba de oficio, cuya producción dependa de la actividad de las partes, en que la carga de impulsar el proceso existe desde el momento en que estas toman conocimiento de las medidas ordenadas; d) en los casos en que corresponde al juzgado o tribunal el impulso oficioso del trámite por tratarse de procesos de familia de carácter no patrimonial. En procesos de contenido patrimonial mixto, se aplicará el criterio de interpretación restringida de la caducidad previsto en el Art. 118, inc. d) de la Ley 5925, priorizando la tutela del interés familiar.
La caducidad opera también contra el Estado y los establecimientos públicos. No procede en los supuestos del art. 121.
La caducidad es declarada de oficio, sin sustanciación alguna y con la sola comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 114 y antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento.
IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD Y GESTIÓN DE CAUSAS INACTIVAS. En consonancia con lo dispuesto en el Artículo 118 de este Código y el Artículo 118, inciso d) de la Ley N° 5925, la caducidad de instancia es improcedente en todos los procesos de familia de carácter no patrimonial, en aquellos que involucren derechos de niñas, niños o adolescentes, o donde se requiera el impulso de oficio para la tutela de personas con capacidad restringida. Sin embargo, cuando un proceso sin contenido patrimonial registre una inactividad superior a seis (6) meses, la jueza o juez podrá intimar a las partes para que manifiesten su interés en la prosecución del trámite en el plazo de cinco (5) días. El silencio o la falta de comportamiento útil ante dicha intimación facultará a la judicatura a disponer la paralización del expediente y su posterior archivo por razones de higiene procesal y gestión judicial, sin que ello importe la extinción de la acción ni produzca los efectos de la caducidad de instancia.
La resolución sobre la caducidad sólo es apelable cuando se declara procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo es susceptible de reposición si ha sido dictada de oficio.
La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que puede ejercitarse en un nuevo proceso, ni perjudica las pruebas producidas, las que pueden hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes, pero la de éstos no afecta la instancia principal.
En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario o que se trate de materia indisponible, deberá cumplirse previamente la etapa prejudicial ante el Centro de Mediación Judicial, por mediadoras y mediadores especializados en el derecho de las familias; sin perjuicio de que se reglamente la posibilidad de serlo por ante Mediadores Privados Matriculados, siempre que también sean especializados en el derecho de las familias. En estos supuestos deberá estarse a la reglamentación especial que regula la Mediación Familiar (Acordada de la Corte de Justicia N 4066/08), y a las que se dicten en consecuencia.
Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de planteada la demanda, a menos que de la ley resulte que deben entablarse previamente. El pedido deberá expresar: 1) El derecho que se pretende asegurar y de qué modo su existencia y alcance resulta verosímil; 2) El peligro de que la ejecución de la sentencia resulte imposible o ineficaz; 3) La medida que se pide; 4) La disposición de la norma en que se funda; 5) El cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida; y, 6) El daño que podría generar dar aviso del pedido si se solicita que se prescinda.
Si la jueza o juez advierte la existencia de riesgo para la integridad psicofísica de alguna persona, podrá dictar medidas cautelares de oficio. Igual facultad podrá ejercer cuando otras leyes la o lo autoricen para eso. La jueza o juez decidirá si corresponde dar aviso, en los términos del artículo 129. Para las medidas cautelares dictadas de oficio, no es aplicable lo previsto por el artículo 130.
Cuando el conocimiento del proceso no sea de su competencia los órganos judiciales deberán abstenerse de decretar medidas cautelares, excepto en el caso de las personas que presumiblemente encuadren en supuestos de especial vulnerabilidad. Sin embargo, la medida ordenada por una jueza o juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. La jueza o juez que decretó la medida, inmediatamente después de serle requerido, remitirá las actuaciones a la o el competente. Si radicadas las actuaciones la medida cautelar todavía no se encuentra firme, de oficio o a pedido de parte la jueza o juez competente podrá dejarla sin efecto.
Las informaciones para obtener medidas cautelares podrán ofrecerse con la firma de las personas propuestas para prestar declaración testimonial en la presentación en que se soliciten. Las firmas deberán ratificarse a requerimiento del juzgado. Las actuaciones correspondientes permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas.
Antes de ordenar la medida cautelar, la jueza o juez debe dar aviso a la contraria por la cantidad de horas o días que considere razonable de acuerdo con las circunstancias del caso, con un máximo de 3 días. Ello, siempre que el/la solicitante no demuestre que el aviso implica el riesgo de que la medida resulte ineficaz para proteger los derechos en juego. En ese caso podrá prescindir fundadamente del aviso. En medidas contra el Estado, se seguirá estrictamente el procedimiento de aviso previo y el régimen recursivo establecido en la Ley N° 5925 para garantizar la seguridad jurídica del erario público. En los casos de naturaleza exclusivamente patrimonial contra el Estado provincial o municipal, siempre se dará aviso de la medida peticionada en los términos establecidos en el párrafo anterior. Ningún incidente o recurso, ordinario o extraordinario, planteado por la destinataria de la medida podrá suspender su cumplimiento. Si la persona afectada no toma conocimiento de la medida con motivo de su ejecución, quien la obtuvo debe notificarla dentro de los 3 días, y será responsable de los perjuicios que cause la notificación fuera de plazo. La providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible por vía de apelación. El recurso tendrá efecto no suspensivo, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 437 segundo párrafo.
Salvo lo dispuesto por el artículo 131, la medida cautelar sólo podrá ordenarse bajo responsabilidad de la parte que la solicite, quien deberá dar contracautela por los costos y daños y perjuicios que pueda ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho. La jueza o juez graduará el tipo y monto de la contracautela de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho, las circunstancias del caso, el patrimonio de la persona que lo solicita y la desigualdad y la asimetría de poder entre las partes. Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias, de personas de acreditada responsabilidad económica o seguro de caución. La caución juratoria se considerará prestada con la petición de la medida.
No se exigirá contracautela si quien obtuvo la medida: 1) Es la Provincia, alguna de sus reparticiones o una municipalidad. 2) Actúa con beneficio de litigar sin gastos provisional o definitivo.
La parte contra quien se efectiviza una medida cautelar podrá pedir, en cualquier estado del proceso, que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. La jueza o juez resolverá previo aviso a la otra parte.
Las medidas cautelares subsistirán mientras se mantengan las circunstancias que las determinaron. Se podrá requerir su levantamiento si la parte interesada demuestra un cambio sobreviniente de tales circunstancias que permita tener por no configurado alguno de sus requisitos de procedencia.
La parte peticionante podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar ordenada, si justifica que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía de efectividad a la que está destinada. La parte a quien se impone la medida podrá requerir la morigeración o su sustitución por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que garantice suficientemente el derecho de la peticionante. La resolución se dictará previo aviso a la otra parte por el plazo de 5 días, que la jueza o juez podrá abreviar según las circunstancias.
La jueza o juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios, podrá disponer una medida cautelar distinta de la solicitada o limitar su alcance, teniendo en cuenta la importancia del derecho o bienes que se intenta proteger. También podrá establecer un límite temporal para la vigencia de la medida.
Si existe peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o cuando su conservación es gravosa o difícil, a pedido de parte y previo aviso a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, la jueza o juez podrá ordenar la subasta con las adecuaciones de forma más convenientes u otras medidas adecuadas para proteger su valor. En caso de ejercer este poder, la jueza o juez deberá abreviar los trámites y habilitar días y horas inhábiles.
Cuando la medida se trabe sobre bienes que sean necesarios para el funcionamiento de establecimientos productivos o comerciales, la jueza o juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de producción o comercialización.
La parte afectada por una medida cautelar podrá solicitar la caducidad de las ordenadas y efectivizadas antes del proceso si, encontrándose cumplidas las condiciones necesarias para iniciarlo, no se interpone la demanda o se promueve la instancia de mediación o etapa previa dentro de los 10 días siguientes a su traba. La caducidad se declara a pedido de parte interesada que se formule antes de que se haya planteado la demanda. Si trabada la medida cautelar el proceso no se encuentra en condiciones de iniciarse, el plazo de 10 días se cuenta desde que ello sea posible. Si se trata de medidas cautelares dictadas en los procesos de determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, o se refieren a la atribución o exclusión de la vivienda familiar, los alimentos provisorios, al ejercicio del cuidado personal, guarda o tutela de niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez podrá ampliar el plazo de caducidad hasta un máximo de 90 días por resolución fundada. Ello sin perjuicio de lo previsto por el Artículo 354. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien obtuvo la medida. Una vez iniciado el proceso, la medida cautelar podrá solicitarse nuevamente con fundamento en los mismos hechos, siempre que subsistan. Las inhibiciones y embargos se extinguirán en las condiciones que establezca la ley respectiva.
Cuando se disponga levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que la parte requirente abusó o se excedió en el derecho que la norma otorga para obtenerla, la jueza o juez la condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo solicitó junto con el pedido de levantamiento. La determinación del monto de la reparación se tramitará, a criterio de la jueza o juez, por la vía sumarísima o simplificada. La decisión será irrecurrible. Solo se podrá optar por promover una acción autónoma de daños y perjuicios cuando la parte afectada por la medida cautelar pedida sin derecho no haya solicitado la condena al pago de daños y perjuicios junto con su levantamiento.
Las medidas autosatisfactivas tienen por objeto resguardar un derecho en forma urgente e impostergable, tal que no pueda esperar la tramitación de un proceso de conocimiento, con una alta probabilidad de certeza en la protección pretendida y cuya decisión definitiva, en cuanto al objeto tutelado, debe ser de ejecución inmediata.
Presentada la medida, la jueza o juez realiza un rápido juicio de admisibilidad con los elementos aportados por quien la solicitó, debiendo ponderar en forma especial la urgencia alegada y si la medida presenta una fuerte probabilidad asertiva del derecho. No es necesario el ofrecimiento de contracautela. Previo al dictado de la sentencia, la jueza o juez puede sustanciar la medida por el plazo de tres (3) días o fijar audiencia en un plazo no mayor a tres (3) días.
La sentencia que recae hace cosa juzgada en sentido material. Su admisión es apelable con efecto no suspensivo.
Salvo disposición en contrario y cuando este código autorice a la jueza o juez a determinar el tipo de proceso aplicable, los casos seguirán el trámite ordinario.
Se aplica a los casos en que este código así lo establece. Tramitan por el proceso sumarísimo todas las cuestiones que versan sobre: a) Cuidado personal. b) Régimen de comunicación. c) Dispensa y autorización para contraer matrimonio. d) Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. En los casos de los incisos b) y c) del artículo 700 del CCCN la judicatura puede resolver en el primer proveído que tramite por el proceso ordinario. e) Acción meramente declarativa. f) Restitución. g) Atribución de la vivienda. h) Autorizaciones judiciales no reguladas por procesos especiales.
La jueza o juez resolverá cuál es el tipo de proceso que corresponde de acuerdo con las pretensiones planteadas.
La demanda se presentará del modo que determinen las reglamentaciones de la Corte de Justicia sobre digitalización, y debe contener: 1) El nombre y domicilio, número telefónico fijo y/o celular y correo electrónico de la parte demandante. 2) El nombre y domicilio de la parte demandada, así como su correo electrónico y número de teléfono fijo y/o celular, en caso de conocerlos. 3) La pretensión o pretensiones que fundan la demanda. 4) La lista numerada de los hechos esenciales. Son esenciales los hechos que específicamente constituyen la causa de cada pretensión. 5) El relato de los demás hechos que la actora considere necesarios. 6) La prueba documental y el ofrecimiento de la restante. Si la actora no tiene a su disposición los documentos, indicará su contenido y el lugar en el que se encuentran o la persona que los tiene. 7) El derecho expuesto en forma concisa. 8) Una declaración jurada sobre la existencia de causas conexas de las cuales la parte tenga conocimiento. La omisión o falsedad total o parcial de esta declaración será sancionada con una multa de entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, cuando se trate de procesos sin valor lo será con un mínimo de 10 y un máximo de 30 jus, además de configurar un elemento de convicción que debe ser evaluado al dictar sentencia. 9) La petición en términos claros y positivos. 10) La constancia de haberse cerrado la etapa de mediación previa, o la etapa previa cuando corresponda. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando a la parte actora no le sea posible determinarlo al promoverla y su interposición sea imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En esos supuestos, no procederá el impedimento de defecto legal.
Cuando la jueza o juez identifique la ausencia de los requisitos establecidos en los artículos anteriores y/o en las normas reglamentarias, ordenará su subsanación en el plazo de 5 días bajo apercibimiento de rechazo.
La actora podrá modificar la demanda antes de que sea notificada, dentro de los límites establecidos por el artículo 146. Asimismo, podrá posteriormente ampliar el monto reclamado si antes de la sentencia vencen nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se consideran comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se tramitará únicamente con un aviso a la otra parte. Si la ampliación se funda en hechos nuevos, se aplican las reglas establecidas en el artículo 179.
HECHOS NO CONSIDERADOS EN LA DEMANDA O RECONVENCIÓN. Cuando en la contestación de demanda o de la reconvención se aleguen hechos no considerados en la demanda o reconvención, las y los accionantes o reconvinientes, según el caso, podrán, dentro del término de 5 días de notificada, responder sobre los nuevos hechos invocados y ampliar su prueba. En su caso, se dará traslado de los documentos a la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el inciso 2) del artículo 171.
La parte actora y la parte demandada, de común acuerdo, podrán presentar la demanda y contestación en la forma prevista en los artículos 146 y 171, ofreciendo la prueba en el mismo escrito.
La jueza o juez podrá rechazar de oficio la demanda cuando la pretensión resulte evidentemente infundada, se refiera a situaciones categóricamente rechazadas por la ley o carezca de la cualidad mínima para lograr tutela jurídica. Esta resolución será apelable en forma amplia. Si no resulta claramente de la demanda que es de su competencia, ordenará que la parte actora exprese lo necesario a ese respecto.
Fin del texto
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