Abriendo la norma
Ley provincial 5.939
CARACTERES Y PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE FAMILIA. El proceso de familia regulado en la presente ley debe respetar los siguientes caracteres y principios generales: 1) Tutela judicial efectiva y debido proceso. El proceso de familia debe respetar el debido proceso y en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos. 2) Buena Fe y Lealtad Procesal. La magistratura tiene el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal y de dirigir el proceso para asegurar su observancia, evitando los abusos procesales. 3) Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas a modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. La magistratura, debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso. Debe evitar que la tramitación de los conflictos implique revictimizaciones. 4) Especialidad e interdisciplinariedad: Las juezas y los jueces, en toda instancia, deben ser especializadas/os; y deberán contar con acompañamiento interdisciplinario. 5) Enfoque de derechos y Perspectiva de género: La actuación de todas las personas que intervienen en el proceso debe desarrollarse desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. 6) Interés superior de la niñez: En todo proceso en el que estén involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, se debe tener en cuenta su interés superior. 7) Participación en el proceso de personas con capacidad restringida, incapaces; y, niñas, niños y adolescentes: Las personas con capacidad restringida, los incapaces; y, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser oídas u oídos en todos los procesos e instancias que les afecten directamente. Su opinión debe ser primordialmente tomada en cuenta y valorada según su grado de discernimiento, edad y grado de madurez. En los actos procesales en los que participen personas con capacidad restringida, niñas, niños y adolescentes se debe: a) utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios; b) realizarse en un hábitat adecuado si fuese conveniente y beneficioso para estas personas, la jueza o juez y/o las demás personas integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren; c) efectuar todos los ajustes necesarios para facilitar la accesibilidad efectiva, incluyendo los apoyos que se requieran. 8) Deberes judiciales: El trámite debe conducirse observando los principios de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad. Debe garantizarse la duración razonable del proceso, la protección ante situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales y la debida y pronta ejecución de las resoluciones judiciales. 9) Oficiosidad y dirección del proceso: El impulso procesal está a cargo de la magistratura, que puede ordenar pruebas oficiosamente, disponer medidas provisionales y cautelares, y toda otra medida, a los fines de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. A las partes también les incumbe el impulso del proceso. El impulso de oficio no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica, en los que las partes sean personas plenamente capaces. Los plazos son perentorios. Los actos se cumplen en el modo y tiempo establecidos en este Código, las leyes especiales, o los que disponga el juzgado o tribunal según la cuestión. 10) Gratuidad: Los procesos de familia carentes de contenido económico son gratuitos y en consecuencia, están exentos del pago de cualquier tipo de tributo o carga. 11) Reserva. Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letradas o letrados, integrantes del Ministerio Público y a las personas auxiliares designadas en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado o tribunal, la remisión se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. 12) Lenguaje: Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, palabras de fácil comprensión sin perjuicio de su rigor técnico. Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento. La magistratura debe facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de personas traductoras e intérpretes para los procesos en que intervienen personas extranjeras, con discapacidad o integrantes de pueblos originarios. 13) Flexibilidad de las formas: Los principios establecidos en este Código no podrán ser restringidos por recaudos excesivos. Los jueces y juezas adaptarán las formas que resulten necesarias a esos fines, sin vulnerar el debido proceso. 14) Principios relativos a la prueba: Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud, flexibilidad y carga dinámica de la prueba. 15) Principio de colaboración: Las partes tienen el deber de prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba. La carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar. Cualquier incumplimiento injustificado de este deber, genera una presunción en su contra; sin perjuicio de lo previsto respecto de cada medio probatorio. El deber de colaboración alcanza a terceras o terceros, y su incumplimiento tiene las consecuencias previstas en cada caso. 16) Resolución consensuada de los conflictos: La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, pudiendo comprender a los procesos de transacción, conciliación, mediación y toda otra vía de solución y acuerdo no contencioso, promoviéndose la autocomposición del conflicto. 17) Solución del conflicto familiar y deberes éticos en los procesos de familia: En todo proceso regido por este Código, se procura la pacificación del conflicto familiar, así como el adecuado equilibrio de los derechos e intereses involucrados, de conformidad con las garantías constitucionales. Es obligación esencial de quienes intervienen en procesos de familia, no agravar con acciones u omisiones el conflicto familiar motivo del proceso. Asimismo, constituye deber especial de quienes patrocinan o representan a las partes, sin perjuicio de abogar por los intereses de la/s respectiva/s persona/s, promover una adecuada representación legal e integral que procure el respeto por los derechos humanos de las personas integrantes del conflicto familiar, en especial cuando existan niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, o cualquier otra situación de vulnerabilidad que afecte alguna persona involucrada. 18) Principio de la doble instancia: Se debe garantizar este principio en todo proceso. 19) Pueblos originarios. A los fines de consensuar y/o dirimir el conflicto familiar suscitado entre personas de pueblos originarios, la magistratura deberá tener presente sus usos y costumbres, siempre que los mismos resulten compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, así como con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, fundamentalmente la dignidad, la salud o el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores; y personas con capacidad restringida o incapacidad. 20) Uso Ético de la Tecnología e Inteligencia Artificial. En la gestión de los procesos de familia se aplicarán los principios de transparencia, revisión humana y protección de datos establecidos en los Artículos 204 a 213 de la Ley N° 5925. El uso de herramientas de IA Generativa en procesos de familia tendrá carácter exclusivamente auxiliar y no podrá sustituir la valoración jurisdiccional. 21) Interoperabilidad y Expediente Digital: El proceso se desarrollará mediante el expediente digital, garantizando la compatibilidad técnica con el sistema de gestión judicial unificado de la Provincia.
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