Abriendo la norma
Ley provincial XIX-102
Garantía del derecho a la comunicación
A los fines de garantizar el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares y defensa técnica, cada establecimiento de detención deberá disponer y mantener operativo un sistema institucional de comunicaciones mediante líneas fijas y/o tecnología VoIP provistas por la propia institución, e instrumentar un esquema de turnos y horarios que asegure un acceso regular, efectivo y no discriminatorio. Sin perjuicio de ello, la reglamentación podrá habilitar, para supuestos específicos y bajo infraestructura institucional cerrada, otros medios de comunicación digital controlada, incluidos sistemas de videocomunicación, cuando resulten necesarios por razones judiciales, educativas, sanitarias, de vinculación familiar o de reinserción, siempre que no impliquen acceso libre a internet ni a plataformas abiertas de comunicación. Las terminales institucionales habilitadas a tal fin deberán configurarse para permitir exclusivamente las funcionalidades expresamente autorizadas por esta ley y su reglamentación, quedando prohibido que permitan, por sí o mediante configuraciones, accesorios o conexiones: a) acceso libre a internet o navegación web no autorizada; b) uso de aplicaciones de mensajería instantánea abierta, redes sociales, correo electrónico, intercambio libre de archivos o cualquier otra modalidad de comunicación no habilitada institucionalmente. El establecimiento deberá adoptar las restricciones técnicas necesarias para asegurar que las comunicaciones sólo puedan cursarse a través de los canales institucionales previstos, quedando prohibida toda maniobra tendiente a habilitar funcionalidades no permitidas o desviar el sistema para fines distintos a los establecidos por la presente ley.
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