Abriendo la norma
Ley provincial 8.123
SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA
El imputado o su defensor podrán solicitar y el Ministerio Público podrá proponer la suspensión del proceso a prueba cuando: 1) Las circunstancias del caso permitan, según el pronóstico punitivo hipotético concreto, dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable; 2) El delito prevea un máximo de pena de tres (3) años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado a pena de prisión o hubieran transcurrido cinco (5) años desde el vencimiento de la pena, o 3) Proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad. No procederá la suspensión del proceso a prueba cuando un funcionario público, en ejercicio o con motivo de sus funciones, hubiese sido el autor o partícipe en cualquier grado respecto del delito investigado. La petición podrá ser rechazada cuando sea manifiestamente improcedente por no reunir las condiciones objetivas de procedencia. Al solicitar la suspensión del proceso a prueba, el imputado o su defensor deberán ofrecer, según las posibilidades de aquél, reparar razonable y proporcionalmente el daño producido por el hecho y abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena. Si el imputado no contara con medios suficientes para la reparación del daño, podrá ofrecer otro modo alternativo de reparación. La solicitud podrá ser formulada, por única vez, durante la investigación penal preparatoria o en los actos preliminares del juicio hasta cinco (5) días de vencido el término para ofrecer prueba. Según la etapa del proceso, la solicitud deberá efectuarse ante el Juez de Control o ante el Tribunal de Juicio competente. El Juez de Control o el Tribunal de Juicio, según corresponda, convocarán a una audiencia oral dentro de los cinco (5) días, con citación al imputado, al Ministerio Público, al querellante, si lo hubiere, y a la víctima, haya o no asumido el carácter de querellante, a fin de que pueda comparecer y expresar su opinión u observaciones, las que serán consideradas por el órgano jurisdiccional en la resolución, junto con los presupuestos legales y la finalidad propia de la institución. La incomparecencia de la víctima debidamente notificada no impedirá la realización de la audiencia, ni el dictado de la resolución, dejándose constancia de tal circunstancia. Finalizada la audiencia, se dictará resolución en forma inmediata o dentro de los tres (3) días, cuando las circunstancias del caso así lo justifiquen. La oposición del Ministerio Público, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal. Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez, previa vista al Ministerio Público, dictará sobreseimiento. En caso de incumplimiento, dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de la suspensión, según corresponda. El cumplimiento de las condiciones impuestas no implica, en ningún caso, el reconocimiento de la responsabilidad penal o civil. La víctima siempre mantendrá la posibilidad de reclamar la reparación del daño en la sede correspondiente. La resolución de suspensión del juicio a prueba será recurrible, según correspondiere, por parte del Ministerio Público, del querellante particular, del imputado y su defensor. La víctima será notificada de la resolución, informándosele de manera expresa el derecho que le asiste a constituirse como querellante particular en el plazo de cinco (5) días, a los fines de ejercer el derecho a recurrir.
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