Abriendo la norma
Ley provincial 8.123
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Cuando la víctima o el testigo se encontraren vinculados con hechos que pudieren configurar violencia institucional, de conformidad a los alcances contenidos en la Ley del Régimen Provincial de Protección de Víctimas del Delito, el órgano judicial interviniente deberá asegurar tutela reforzada, adoptando de oficio o a petición de parte las medidas especiales de protección, resguardo y asistencia que resultaren necesarias según las circunstancias del caso. En tales supuestos podrán disponerse, entre otras, la reserva de identidad o de datos personales, la constitución de domicilio especial, la limitación de acceso a determinadas actuaciones o constancias, la recepción de declaraciones por medios o modalidades que reduzcan los riesgos de intimidación, exposición o revictimización, la custodia personal, la restricción de contacto respecto de los presuntos responsables o de terceros vinculados, y toda otra medida idónea para preservar la integridad física, psíquica y moral de la víctima o del testigo, así como la libertad y espontaneidad de su declaración. Las medidas previstas en este artículo deberán adoptarse y ejecutarse de modo compatible con el derecho de defensa, la contradicción y el adecuado control de los actos procesales.
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