Abriendo la norma
Ley provincial 6.556
Competencia judicial
Sera competente para entender en: a) demanda de nulidad, el juez de primera instancia del lugar donde se dictó el laudo; b) para el nombramiento y remoción judicial de los árbitros será competente el juez de primera instancia de la sede del arbitraje con competencia en la materia; de no estar éste aún determinado, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviera domicilio o residencia habitual en la República Argentina, el del domicilio o residencia habitual de la parte actora, y si éste tampoco los tuviere en la República Argentina, el de su elección; c) para la asistencia judicial en la práctica de pruebas, será competente el juez de primera instancia de la sede del arbitraje con competencia en la materia o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia; d) para la ejecución judicial de medidas cautelares, será tribunal competente el juzgado de primera instancia del lugar en que el laudo deba ser ejecutado, o bien, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia, a elección del solicitante de la medida; e) para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales, será competente el juzgado de primera instancia del lugar en que se haya dictado; f) para conocer la acción de anulación del laudo, será competente el juzgado de primera instancia del lugar donde aquel se hubiere dictado. DISPOSICIONES TRANSITORIAS I. Vigencia. La presente ley regirá, el primer día del mes siguiente de cumplirse seis meses desde su promulgación. II. Aplicación en el tiempo de las normas procesales. Las normas de la presente Ley son de aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite, salvo aquellos actos y diligencias que tuvieron principio de ejecución y, por lo tanto, concluirán con arreglo a la legislación anterior. III. Tipos procesales. Todos los procesos que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley tramitarán con arreglo a este Código. IV. Régimen de recursos. A las resoluciones simples, interlocutorias y definitivas que se dicten en toda clase de procesos con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, les será aplicable el régimen de recursos ordinarios y extraordinarios que esta regula. En cambio, si el recurso se hubiere interpuesto antes de la entrada en vigencia, continuará tramitándose con arreglo a la legislación procesal anterior. V. Ejecución provisional de sentencias. Podrá pedirse la aplicación del régimen de ejecución provisional de la sentencia definitiva de primera instancia que estuviere apelada, con arreglo al artículo 590 del presente Código. VI. Medidas cautelares. Las medidas cautelares que se soliciten tras la entrada en vigencia de esta Ley, incluso en procesos iniciados antes de su vigencia, se regirán por lo dispuesto en ella. Las medidas cautelares decretadas antes de la entrada en vigencia de este Código se regirán por las disposiciones de la legislación anterior, pero se podrá pedir su revisión y modificación con arreglo a él. VII. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. TIC. Las previsiones que regulan los actos procesales en soporte digital, como expedientes, domicilios y notificaciones electrónicas se cumplirán en soporte papel hasta tanto se implementen los soportes digitales, en forma gradual y progresiva y se regirán por las normas del Código anterior. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS I. Plan de acción para la implementación de este Código. El Superior Tribunal de Justicia elaborará un Plan de Acción para la Implementación de este Código, que considere los avances logrados en cuanto a oralidad hasta la fecha de sanción de la presente ley, poniéndose especial atención a la adecuación de las estructuras funcionales, edilicias e informáticas del Poder Judicial y la capacitación del personal, conforme con las siguientes pautas: a) plan especial de descongestión de los procesos de conocimiento iniciados con anterioridad al 1 de junio de 2019; b) adopción de las medidas necesarias para una transición ordenada hacia un nuevo modelo de gestión judicial a desarrollar en función de las nuevas estructuras procesales y la implementación del sistema de oralidad, a cuyo efecto tendrá potestades para: 1) reglamentar los asuntos que guarden relación con las funciones atribuidas en este Código; 2) desconcentrar los servicios judiciales, respetando la jerarquía funcional; 3) adecuar la infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audiencias y centros de servicios, que garanticen la seguridad e integridad de la información; 4) propiciar y organizar un programa de formación y capacitación para la transformación cultural y el desarrollo en los funcionarios y empleados judiciales de las competencias requeridas para la mejor aplicación de la nueva legislación, con énfasis en la oralidad, las nuevas tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 5) reasignar las tareas de modo eficaz en función de las nuevas estructuras procesales y las formas digitales reguladas por el Código, respetando la jerarquía funcional de los agentes del Poder Judicial.
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