Abriendo la norma
Ley provincial 6.736
Derechos y garantías procesales
El presente régimen procesal garantizará al adolescente imputado de la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito, los siguientes derechos y garantías: a) a ser investigado por un Fiscal y juzgado por un Juez con competencia específica en materia penal juvenil con formación especializada en niñez; b) a mantener comunicación con su familia o persona de confianza desde el primer momento en que se lo vincule con la comisión de un delito, debiendo contar inmediatamente con la intervención del Asesor de Menores, la asistencia de un Defensor Oficial o designación de Abogado defensor particular por sí mismo o por medio de sus representantes legales. La autoridad interviniente debe asegurar todas las vías necesarias para efectivizar tales garantías; c) a que se le reconozca su condición de persona en desarrollo; d) a ser oído en todas las etapas del proceso. Su voluntad y opinión debe ser tenida en cuenta en todas las decisiones judiciales; e) a contar con la asistencia gratuita de un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma utilizado por el sistema de justicia juvenil, asegurándose una asistencia adecuada y eficaz en los casos en que exista dificultad en la comunicación; f) en caso de su privación de libertad, a ser informado inmediatamente por el organismo policial interviniente, sus responsables legales, referente afectivo y/o adulto apropiado como así también, el Fiscal, el Juez sobre el lugar donde se encuentre y el supuesto hecho que se le atribuye; Poder Legislativo Provincia de Corrientes g) a que se acuda a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos de los adolescentes e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de sus derechos; h) a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole; i) a la reserva de las actuaciones, excepto para las partes. Los legajos se identificarán sólo con las iniciales y apellido del adolescente y número de registro; j) a que se respete su privacidad, quedando prohibida la divulgación pública por cualquier medio, de todo dato referente a su identificación, como de sus fotografías, referencias a su nombre, sobrenombre, filiación, parentesco, domicilio o cualquier otra circunstancia que permita su individualización, salvo decisión judicial debidamente fundada; k) a que las medidas que se le impongan sean racionales y proporcionales al hecho cometido y al daño causado. No se podrán imponer medidas ni sanciones indeterminadas; l) a que se revisen periódicamente las medidas impuestas; m) a que su privación de libertad o detención preventiva se realice en lugares exclusivos y especializados de detención para personas menores de edad; o separados de los adultos, en condiciones dignas asegurando su bienestar de salud psicofísica; n) a recurrir o apelar ante la autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial; ñ) a ser juzgado en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas; debiendo el proceso, respetar los principios de celeridad, y proporcionalidad.
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