Abriendo la norma
Inciso 1. Sin reglamentación.
Inciso 2. Podrán constituirse sociedades adoptando cualquiera de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, incluyendo las sociedades comerciales de derecho común cualquiera sea la proporción con la que el Estado concurra a su constitución. Los aportes del Estado podrán consistir en cualquier tipo de bienes. El aporte en propiedad de un bien del dominio público artificial implicará su desafectación de pleno derecho.
La escisión de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas deberá, fundarse en razón de conveniencia comprobada y deberá contemplar la viabilidad técnica y económica futura de cada una de las unidades resultantes de aquélla.
Inciso 3. Las reformas de los estatutos societarios deberán contemplar la modificación o supresión de aquellas disposiciones que restrinjan o impidan la participación de capital privado.
Inciso 4. Sin reglamentación.
Inciso 5. La negociación de retrocesiones y la extinción o modificación de contratos y concesiones será procedente en la medida en que resulte necesaria para coadyuvar al procedimiento de privatización, debiendo darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA quien, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, determinará su exacta incidencia sobre los recursos del TESORO NACIONAL. La vigencia de dichos arreglos estará sujeta a la condición suspensiva de la privatización.
Inciso 6. Sin reglamentación.
Inciso 7.
a) Los permisos, licencias o concesiones para explotación de servicios públicos que se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización, deberán contemplar:
I. Los servicios específicamente incluidos, discriminando aquellos cuya explotación se conceda bajo régimen de exclusividad, de los que se concedan en un régimen de competencia.
II. El plazo por el cual se otorga, el que será compatible con una eficiente explotación del servicio, la adecuada amortización de las inversiones que se lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.
III. El ámbito geográfico comprendido.
IV. Las obligaciones que, según el caso, se le impongan a la permisionaria licenciataria o concesionaria, tanto aquéllas referidas al pago de un canon, como a la calidad y extensión del servicio o a la modernización de los medios materiales y técnicos afectados a la prestación de éste.
V. Los derechos comprendidos en el permiso, licencia o concesión, incluyendo aquellas disposiciones que pudieran importar el ejercicio por parte del permisionario, licenciatario o concesionario de acciones o derechos contra terceros.
VI. El régimen tarifario, especificando los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada. En la fijación del régimen tarifario deberá intervenir el MINISTERIO DE ECONOMIA.
VII. El régimen sancionatorio aplicable.
VIII. Para las concesiones de servicios públicos donde se establezcan cláusulas de rescate o reversión, se preverá un justo régimen indemnizatorio y el destino de los bienes afectados a la explotación del servicio. En tales casos el rescate y la reversión tendrán carácter excepcional, según fundadas razones de interés público.
IX. La información técnica y económico-financiera que el permisionario, licenciatario o concesionario deberá suministrar o tener a disposición de la autoridad de control de servicio.
b) El otorgamiento de permisos, licencias o concesiones en las condiciones aquí establecidas, podrá formar parte, total o parcialmente del contrato que se celebre en los términos del artículo 17 de la Ley Nº 23.696, cuando el ente, empresa o sociedad privatizado haya sido titular, al momento de su privatización, del servicio público a conceder.
c) Las razones de defensa o seguridad nacional que determinen la preferencia al capital nacional deberán fundarse suficientemente e informarse al PODER EJECUTIVO NACIONAL con carácter previo al establecimiento de la preferencia, con intervención del MINISTERIO DE DEFENSA, el que determinará fundadamente la existencia de tales razones en cada caso comprendido en este inciso.
Inciso 8. El otorgamiento de beneficios tributarios a la empresa que se privatice deberá utilizarse con criterio restrictivo y sólo cuando ello resulte indispensable para el éxito del procedimiento de privatización, dándose intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA. Asimismo, en cada caso, la autoridad que conceda los beneficios deberá calcular, juntamente con la SECRETARIA DE HACIENDA, el costo fiscal que surja de la aplicación de la medida propuesta para cada año en que ella tenga efecto, para su imputación al cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en la Ley de Presupuesto General de la Nación. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA para establecer el sistema de utilización de los beneficios tributarios que se acuerden bajo el presente régimen el que determinará el cupe fiscal que a tal efecto se incluirá en el Presupuesto General de la Nación.
Inciso 9. Deberá darse intervención previa al Ministerio de Economía el que, a través de la dependencia que designe, determinará su incidencia en el Presupuesto General de la Nación.
Inciso 10. Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA, a través de la dependencia que designe, cuando se afectare el Presupuesto o TESORO NACIONAL.
Inciso 11. Cuando la disposición que se deje sin efecto sea estatutaria, deberá estarse a la reglamentación del inciso 3) del artículo 15 de la Ley Nº 23.696. En los casos en que fuera convencional, resultará de aplicación la reglamentación del inciso 5) del mismo artículo de la Ley Nº 23.696.
Inciso 12. Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA
Inciso 13. Sin reglamentación
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