Abriendo la norma
La reorganización provisional podrá abarcar todos los aspectos de la gestión del ente, empresa o sociedad intervenido.
A los efectos de la reorganización del ente, empresa o sociedad por acto administrativo sujetos a la previa autorización del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, el Interventor podrá disponer la extinción, transformación, escisión, fusión o creación de dependencias orgánicas, cualquiera sea su denominación o ubicación estructural, asignándoles incluso a las subsistentes, las misiones, funciones y ámbitos de competencia que estime corresponder. La reorganización así dispuesta incluirá la reubicación del personal de cualquier jerarquía o, en su caso, la extinción de la relación de empleo con las indemnizaciones que correspondieren, o el pase a disponibilidad previsto en la Ley Nº 22.140, según el régimen legal que les resulte aplicable. Esta norma no será de aplicación para las dependencias orgánicas creadas por leyes generales o especiales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61 de la Ley Nº 23.696.
Estarán excluidos del derecho a percibir indemnización:
a) Los que no reunieren al momento de dictarse la medida, los requisitos necesarios para la adquisición de la estabilidad.
b) Los que se estuviesen desempeñando en violación a las normas sobre incompatibilidad:
c) Los que se hallaren en condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria.
Queda suspendido el reconocimiento y pago de la indemnización, al personal que se encontrare o fuere sometido a sumario administrativo o a proceso criminal del que pudiere resultar su cesantía, exoneración o despido, hasta tanto finalicen las respectivas actuaciones con resolución definitiva o, en su caso, sobreseimiento provisional, firmes. Si resultare que debía corresponderle cesantía, exoneración o despido perderá definitivamente el derecho a la indemnización. Si le hubiere correspondido sanción de suspensión, el importe de esta le será descontado de la indemnización, todo ello a valores constantes y homogéneos.
El personal que haya percibido la indemnización no podrá reingresar al servicio del Estado Nacional, o de los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 durante los CINCO (5) años posteriores a su baja, sea como agente permanente, transitorio o contratado. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer excepciones fundadas, en cuyo caso el beneficiario de la excepción reintegrará, actualizada, la parte de la indemnización percibida, proporcional a los meses que faltaren para cumplir el periodo de CINCO (5) años, indicado.
La actualización se hará por el índice del salario del peón industrial en la CAPITAL FEDERAL publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
Las bajas de personal que se produzcan por aplicación de este artículo serán comunicadas a la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación en la forma y plazos que esta determine.
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