Abriendo la norma
Decreto 2140/1991
Auditoría y Control de Juicios
a) La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y LA PROCURACION GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, cada una en su ámbito de competencias, establecerán un sistema de información y registro de los juicios de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, Entidades Autárquicas, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresas del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, y de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que refleje naturaleza, monto, resultado probable y características de tales juicios.
A los fines dispuestos, deberá mantenerse actualizado el registro; establecer y ejecutar un sistema de seguimiento y actualización de los juicios registrados; y coordinar el sistema de seguimiento y actualización de datos, estableciendo una metodología única de registro de juicios en cada servicio jurídico permanente controlado y compatible con el sistema central. Es obligación de los servicios jurídicos de los organismos, entes y empresas mencionados mantener y suministrar la información actualizada de todos los juicios tramitados en la esfera de su competencia. Las funciones de auditoría y control establecidas en este artículo a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, estarán a cargo de un funcionario que revistará con categoría de DIRECTOR NACIONAL.
b) Encomiéndase a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y PROCURACION GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que cada una en su ámbito de competencias establezcan un sistema de control permanente sobre las causas calificadas como de relevante significación económica y un control, también permanente, por muestreos de los juicios que no revisten tal trascendencia.
A los mismos fines se encuentran facultados los organismos de control para ejecutar auditorías integrales en los servicios jurídicos permanentes que funcionen en los organismos, entes y empresas mencionados, cuando las circunstancias del caso lo hicieren necesario.
c) La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS y la PROCURACION GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, según corresponda, podrán requerir la suspensión del trámite de las causas judiciales por el plazo de veinte días hábiles administrativos y el préstamo de las actuaciones, cuando así lo hicieren necesario la realización de las auditorías encomendadas o existencia de investigaciones abiertas. La petición se resolverá sin sustanciación.
Los dictámenes de auditoría tendrán carácter reservado con los alcances establecidos en el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1.759/72 (t.o. 1991) aprobado por Decreto 1.883/91.
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