Abriendo la norma
Decreto 2140/1991
Transacciones
El trámite de las transacciones se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) Antes de someter la aprobación de una transacción al PODER EJECUTIVO NACIONAL, MINISTRO competente o SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION, en cuya jurisdicción actúen las personas jurídicas u organismos alcanzados por el Artículo 2º de la Ley, deberán haberse reunido los siguientes extremos:
a.1) Dictamen del servicio jurídico permanente del Ministerio y, en su caso, de la persona jurídica u organismo interviniente, que fundamente la conveniencia jurídica y las ventajas económicas de arribar al acuerdo transaccional y se expida respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos en la Ley y en el presente.
a.2) La liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios competentes para ello.
a.3) La conformidad expresa del interesado.
b) Los trámites transaccionales serán declarados reservados de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1.759/72 (t.o. 1991), aprobado por Decreto 1.883/91.
c) Las condiciones mínimas a las que se ajustarán las transacciones serán:
c.1) Quita no menor al 20% del monto de la acreencia sobre la que verse la controversia.
c.2) Costas por su orden, y las comunes por mitades.
c.3) Deberá contener la renuncia o desistimiento de las partes a cualquier reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan fundarse, respecto del objeto contenido en la transacción celebrada.
d) El reconocimiento de derechos creditorios que surja de la transacción tendrá efectos meramente declarativos.
e) El pago de las transacciones se ajustará al orden de prioridades establecido en el Artículo 7º de la Ley, a cuyo efecto se considerará la fecha de la homologación judicial de la transacción, a los fines de establecer el orden cronológico de pago previsto en el Artículo 8 de la Ley.
f) La opción por el régimen alternativo de pago mediante la suscripción de Bonos de Consolidación en moneda nacional o en dólares estadounidenses, deberá ejercerse antes de acordarse la transacción en sede administrativa, debiendo adecuarse la liquidación según corresponda, a las condiciones previstas en el Artículo 10 de la Ley.
g) El MINISTRO y el SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION podrán optar por:
g.1) Acordar la propuesta transaccional, mediante resolución fundada de aprobación, que quedará condicionada a la pertinente homologación judicial.
g.2) Remitir las actuaciones a la COMISION ASESORA DE TRANSACCIONES en los casos previstos en el punto i).
g.3) Elevar las actuaciones a decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL por presentarse los supuestos previstos en el punto siguiente, o porque estimen conveniente que la decisión definitiva sea adoptada por aquella instancia.
h) La asignación de las partidas presupuestarias específicas para atender compromisos derivados de transacciones, sólo podrán ser dispuestas por el CONGRESO DE LA NACION, a propuesta del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuando su celebración resulte imprescindible para la satisfacción de un interés público actual, que justifique modificar a su respecto el orden de prioridades establecido por el Artículo 7º de la Ley.
i) La Comisión Asesora de Transacciones que funciona en jurisdicción de la Procuración del Tesoro de la Nación, mantendrá las funciones y facultades previstas por el art. 55, inc. d) del decreto Nº 1105/89 y será competente para considerar las propuestas de transacción que deberán ser remitidas por cualquiera de los ministros o por el secretario general de la Presidencia de la Nación que, juntamente con los requisitos establecidos en los puntos a) y c), contengan una declaración fundada de las autoridades remitentes sobre la conveniencia de arribar a una transacción y el monto de la acreencia sea superior a pesos ocho millones ($ 8.000.000). (Párrafo sustituido por art. 1° del Decreto Nº 829/95 , B.O. 1/12/1995).
Asimismo, tendrá competencia para expedirse cuando su intervención sea solicitada por cualquiera de los MINISTROS o POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION para la consideración de propuestas que, a juicio de los nombrados, revistan significativa trascendencia jurídica, política o social.
j) Todas las actuaciones radicadas ante la COMISION ASESORA DE TRANSACCIONES que no reúnan los extremos previstos en el punto anterior, serán devueltas a sus respectivas jurisdicciones a los fines de su adecuación a los términos de la Ley. (Inciso sustituido por art. 2º del Decreto Nº 1240/96 B.O. 6/11/1996)
k) Los trámites administrativos cumplidos de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1.105/89, se considerarán válidos respecto de las propuestas transaccionales cuyo procedimiento continúe bajo el presente decreto reglamentario.
l) La adecuación a los términos de la Ley consistirá en la declaración expresa de los peticionantes respecto de la aceptación del pago, en caso de considerarse viable la transacción propuesta, respetando el orden de prelación establecido en los Artículos 7º y 8º de la Ley o mediante la entrega de Bonos de Consolidación. La manifestación deberá realizarse dentro de los 60 días hábiles contados a partir de la vigencia del presente, considerándose automáticamente desistida la pretensión al vencimiento del plazo establecido sin haberse expresado su adecuación.
m) Todas las transacciones deberán ser aprobadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o por el MINISTRO competente o por el SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION, previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS o de los organismos de control interno, y serán sometidas a homologación judicial, en las condiciones previstas en el Artículo 18 de la Ley. Las solicitudes de homologación deberán contener todos los recaudos establecidos en el presente y expresar claramente el monto de la transacción. Estos trámites estarán exentos del impuesto de sellos.
n) Mientras se sustancien los trámites originados en propuestas transaccionales de acciones ejercidas contra cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el Artículo 2º de la Ley, deberán suspenderse todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, para lo cual el PODER EJECUTIVO NACIONAL o la Autoridad Superior, impartirá las instrucciones a sus apoderados o representantes judiciales para que acuerden y soliciten las suspensiones pertinentes, las que no podrán superar un año de plazo.
ñ) El cumplimiento de los recaudos sustanciales y formales previstos en el Artículo 18 de la Ley, y en esta reglamentación, se considerará condición suspensiva del perfeccionamiento de las transacciones. La homologación judicial será requerida por cualquiera de las partes y procederá sobre la legalidad del acuerdo transaccional.
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