Abriendo la norma
Con carácter previo a establecer el régimen de retiro voluntario los interventores o autoridades superiores de los entes, organismos y empresas deberán definir las siguientes cuestiones:
1. Personal considerado óptimo a los efectos del cumplimiento de las funciones y actividades a su cargo y/o de la implementación del programa de privatización.
2. Distribución de dicho personal por sectores, áreas o unidades de funcionamiento y/o producción de acuerdo a la organización que en definitiva adopte o del sistema bajo el cual será efectuada la privatización en su caso.
3. Recursos financieros con los cuales se llevará a cabo el programa de retiro voluntario en sus diferentes aspectos, indicando en cada caso el origen de los mismos.
4. Si dicho programa de retiro voluntario será implementado por gestión privada mediante la contratación que a tal fin se realice o en forma directa por el ente, organismo o empresa, y en tal caso si contará con la asistencia de asesoramiento externo.
Los interventores o autoridades superiores de los entes, organismos y empresas deberán comunicar las cuestiones mencionadas a los respectivos Secretarios de Estado de los que dependan, a los fines de la aprobación de dicho informe por la Autoridad de Aplicación.
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