Abriendo la norma
Una vez aprobados los aspectos indicados en el artículo anterior, los interventores o autoridades superiores de los entes, organismos y empresas en las que se proyecte aplicar un sistema de retiro voluntario deberán proponer para su aprobación a las Secretarías de Estado de las que dependan, las condiciones bajo las cuales el mismo será ofrecido al personal dependiente. En todos los casos serán obligatorios, como mínimo, los siguientes criterios:
1. Fijar el monto máximo total que será destinado a la implementación del retiro voluntario.
2. Definir los criterios bajo los cuales será determinado el personal al que se le concederán les beneficios del retiro voluntario. En todos los casos deberá preverse que será competencia interventor o autoridad superior del ente, organismo o empresa resolver los pedidos de acogimiento efectuados por el personal. Las denegatorias por razones de servicio debidamente fundadas constituirán causas que válidamente justificarán el rechazo de solicitudes.
3. No podrán acogerse al sistema de retiro voluntario quienes revistan en alguna de las siguientes situaciones:
a. Personal contratado.
b. Personal titular de una jubilación, haber de retiro y otra prestación equivalente, cualquiera fuera su origen.
c. Personal que se encuentre en uso de licencia sin goce de haberes o por afecciones de largo tratamiento.
d. Personal que se encuentre sometido a proceso penal o con sumario administrativo que pudiera dar motivo a la sanción de cesantía o de baja con causa.
4. La suma que reciba el personal que en los CINCO (5) años siguientes a la fecha en la que se le otorguen los beneficios del régimen de retiro voluntario se encuentre en condiciones de obtener el beneficio máximo de su jubilación, habiendo cumplido los presupuestos a tal efecto requeridos por las normas de seguridad social, será objeto de una reducción inversamente proporcional al tiempo que le falte para alcanzar aquellas condiciones.
5. El personal al que se le conceden los beneficios del retiro voluntario y que hubiera entablado recurso administrativo o demanda judicial contra el ente, organismo o empresa en el cual revista, previamente deberá desistir de dicha acción y del derecho que le asista, suscribiendo los documentos pertinentes hasta la homologación que en forma definitiva ponga fin al reclamo o acción judicial iniciada.
6. La suma que reciban los beneficiarios del retiro voluntario será en cada caso de acuerdo a la situación en que se encuentre cada ente, organismo o empresa en la que se lo aplique. En todos los casos deberán informarse a la autoridad de aplicación las razones que fundamenten las características y alcances de ese importe y de los demás beneficios a otorgar por el sistema de retiro voluntario. Dicha suma deberá consistir en un porcentaje sobre la última remuneración mensual, normal y habitual. En ningún caso deberán ser considerados para la determinación de la base de cálculo los importes no habituales y permanentes o devengados en conceptos extraordinarios. El régimen propuesto deberá justificar debidamente las escalas propuestas y los criterios adoptados los que deberán ajustarse a la legislación vigente.
7. Una vez producida la desvinculación laboral, al beneficiario del retiro voluntario y al grupo familiar a su cargo deberá garantizársele cobertura asistencial durante los TRES (3) meses siguientes a la desvinculación.
8. El personal al que se le otorguen beneficios del retiro voluntario no podrá reingresar a ninguno de los órganos o entes comprendidos en el presente decreto en funciones remuneradas hasta transcurridos CINCO (5) años de la desvinculación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá autorizar excepciones en aquellos casos en que resulte indispensable, en cuyo supuesto la reincorporación se producirá previo reintegro de la parte proporcional de la suma percibida tomando en cuenta para ello el tiempo que falta para cumplir el plazo indicado.
9. Las etapas y plazos en los cuales se implementará el sistema de retiro voluntario.
Los interventores o autoridades superiores de los entes, organismos o empresas respectivas deberán elevar el proyecto de régimen de retiro voluntario al Secretario de Estado del que dependan a los fines de su posterior aprobación por parte del respectivo Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación.
Hasta tanto dicha autorización sea otorgada las actuaciones, diligencias, informes y dictámenes tendrán carácter reservado, procurándose que la elaboración e implementación del régimen de retiro voluntario no genere dificultades operativas en los respectivos entes, organismos o empresas.
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