Abriendo la norma
La Autoridad de Aplicación deberá adoptar las medidas conducentes para preservar los bienes cautelados o recuperados en función de su naturaleza, según las siguientes directrices:
a) los bienes muebles deberán ser custodiados y conservados en los lugares que la Autoridad de Aplicación determine. Asimismo, deberá asegurarse su trazabilidad;
b) el dinero, las divisas, los títulos valores, las acciones, los activos financieros, los cripto activos y las demás representaciones virtuales susceptibles de valor deberán ser depositados en las cuentas bancarias referidas en el artículo 24 de este ANEXO I destinadas a tal fin, a nombre del MINISTERIO DE JUSTICIA, o en otra institución financiera que sea adecuada para asegurar el resguardo del bien respectivo;
c) los bienes inmuebles podrán permanecer bajo depósito a cargo de alguno de sus ocupantes, o ser asignados a un administrador o a quien la Autoridad de Aplicación designe. Los administradores designados no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo, deberán conservarlos en buen estado y responderán únicamente por su actuación ante la Autoridad de Aplicación y el órgano judicial competente que haya dispuesto la medida. En todos los casos, se deberán respetar los derechos legítimos de terceros;
d) las obras de arte, arqueológicas o históricas deberán ser depositadas preferentemente en museos, centros o instituciones culturales, previa opinión de la SECRETARÍA DE CULTURA dependiente de PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; y
e) en el caso de unidades productivas, cualquiera sea su forma jurídica, la Autoridad de Aplicación procurará la preservación de su funcionamiento y, en caso de no haberse designado previamente, podrá proponer al órgano judicial el nombramiento de un administrador especializado, seleccionado del registro de profesionales auxiliares de la justicia. Este administrador debe mantener el giro de las empresas o establecimientos siempre que ello sea viable y no vulnere derechos de terceros, y debe informar sobre la gestión a su cargo a la Autoridad de Aplicación cada TRES (3) meses.
La Autoridad de Aplicación solicitará al órgano judicial que otorgue al administrador las facultades necesarias para garantizar la continuidad de los negocios en operación y la actuación con independencia respecto del propietario, los órganos de administración, las asambleas de accionistas o socios y cualquier otro órgano de la empresa.
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