Abriendo la norma
La Dirección de Vialidad Provincial, queda autorizada por la presente, dada la naturaleza de personas jurídicas públicas no estatales de los Consorcios Camineros a contratar directamente con ellos los trabajos referidos en el primer párrafo del artículo 2°, y que son propios a sus objetivos. Por dichos trabajos, la Dirección de Vialidad Provincial abonará a cada Consorcio un importe por cada kilómetro de camino que el mismo tenga asignado bajo su jurisdicción para mantenimiento y/o conservación. El importe que corresponderá abonar, como así también su régimen de actualización, será determinado por la Autoridad de Aplicación, como así también su modalidad y periodicidad, conforme las pautas que determine la reglamentación que ella dicte. La DPV también podrá contratar el alquiler, venta o cesión temporal a título gratuito de equipos viales, materiales y transportes necesarios para los mismos, de acuerdo a lo que establece la presente ley. Dicho organismo tendrá a su cargo, además, el control del correcto uso de las maquinarias o herramientas propiedad de la Provincia y el contralor periódico del estado general y transitabilidad de los caminos rurales o vecinales atendidos por los Consorcios. El mantenimiento y reparación por roturas o desperfectos de los equipos cedidos a préstamo o alquiler por la DPV, estará a cargo por los Consorcios, y su devolución cuando el préstamo o alquiler finalice, deberá ser en iguales o mejores condiciones a lo que lo recibió el Consorcio.
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