Abriendo la norma
Los organismos públicos provinciales o municipales y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a las que se le requiera están obligadas a suministrar o a permitir el acceso a la información o a los elementos solicitados por el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana dentro del término que éste les fije, que en ningún caso debe ser inferior a diez (10) días.
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