Abriendo la norma
El Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo las responsabilidades establecidas en el presente Artículo, más las que fueran delegadas por el Gobernador de la Provincia, así como las competencias específicas en materia de seguridad pública que le sean conferidas por Ley vigente. A esos fines, el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos es responsable de las siguientes funciones: a) La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad pública y ciudadana. b) La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de las acciones institucionales asentadas en la realización del diagnóstico organizacional y de los planes de reforma y modernización, así como de las modalidades de control social e institucional de las violencias y de los diferentes tipos delictivos. c) La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la planificación, producción, coordinación y evaluación del conocimiento institucional referido a la situación y el desempeño de los componentes del Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, así como del conocimiento criminal referido a la situación del delito y a las violencias en el nivel estratégico. d) La dirección y control de la gestión administrativa del Sistema de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana incluyendo todos sus componentes, en lo relativo a la gestión económica, contable, patrimonial y financiera del sistema, la diagramación y ejecución presupuestaria, la gestión logística y la gestión de los recursos humanos. e) La dirección superior de la Policía de la Provincia mediante: La planificación estratégica. La conducción funcional del sistema operacional a través del Jefe de la Policía. La gestión de la formación e incorporación de nuevos efectivos policiales. El control disciplinario policial de faltas graves y gravísimas, sin perjuicio de las potestades constitucionales del Gobernador respecto de la aplicación de la sanción de destitución. f) La coordinación integral con los gobiernos locales y la participación comunitaria en asuntos de seguridad pública en todo lo atinente a la identificación de los problemas de seguridad; la intervención en las estrategias sociales de prevención del delito y las violencias, así como en las estrategias de seguridad preventiva de la Policía, en cada una de las jurisdicciones locales de la Provincia. g) La regulación y fiscalización del Sistema de Seguridad Privada en todo lo referido al establecimiento de las pautas regulatorias de los servicios de seguridad privada legalmente establecidos; la concesión y administración de la habilitación a las entidades y empresas prestatarias del servicio de seguridad privada; la inspección y la supervisión de dichas entidades y empresas, de sus actividades y de su funcionamiento; y la administración del régimen de infracciones y sanciones.
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