Abriendo la norma
Ley 150
En virtud de los documentos, los respectivos magistrados de los dos gobiernos, tendrán poder, autoridad y jurisdicción para en virtud de la requisición que al efecto se les haga, expedir la orden formal de arresto de la persona reclamada a fin de que se le haga comparecer ante ellos, y de que en su presencia y oyendo sus descargos, se tomen en consideración las pruebas de criminalidad, y si de esta audiencia resultase que dichas pruebas son suficientes para sostener la acusación, el magistrado que hubiese hecho este examen será obligado a manifestarlo así a la correspondiente autoridad ejecutiva de la República para que se libre la orden formal de entrega.
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