Abriendo la norma
En el caso que una asociación civil o una fundación domiciliada en jurisdicción provincial resolviera trasladar su domicilio a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá presentar ante la Inspección General de Justicia los siguientes documentos:
1 . Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al artículo 2 y a los Anexos I y II.
2 . Copias certificadas –notarialmente o por el organismo de control competente– del acta constitutiva y del texto ordenado del estatuto social de la entidad.
3 . Constancia de la autorización para funcionar emitida por la autoridad provincial competente.
4 . Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad –con copias de tamaño normal y protocolar ('margen ancho')–, conteniendo la trascripción del acta de la asamblea de la asociación civil o de la reunión del consejo de administración de la fundación, en que se resolvió el cambio de domicilio. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas de donde hubiere sido extraída la trascripción.
5 . Copia certificada de la resolución administrativa de la autoridad de la jurisdicción de origen que aprobó la reforma o actuación de dicha autoridad de la que resulte deferida a la autoridad de control de la nueva jurisdicción la aprobación.
6 . Nómina de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, con sus datos personales, su domicilio real y la fecha de vencimiento del plazo de duración en sus cargos, firmada por el presidente y el secretario de la entidad. Los integrantes de dichos órganos deberán constituir domicilio real y/o especial en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7 . Los últimos estados contables de la entidad, aprobados y firmados por las autoridades sociales y con informe de contador público matriculado, en el que constarán el libro –con sus datos de rúbrica– y los folios en que se encontraren trascriptos.
8 . Certificado del organismo de control competente de la jurisdicción de origen relativo a la vigencia de la entidad. Dicho certificado deberá tener un plazo de validez determinado y deberá contener la información sobre la existencia o inexistencia de pedidos de declaración de quiebra contra la entidad, la presentación en concurso preventivo, si se hubiese producido, o la solicitud de declaración de la propia quiebra; las medidas cautelares que la afectaren; la identificación de los libros rubricados y/o medios mecánicos autorizados a la entidad y la situación de ella en orden al cumplimiento de obligaciones de presentación de estados contables y –si el ordenamiento del domicilio de origen las estableciere – las obligaciones tributarias por tasas sociales u otras cuya percepción esté a cargo del organismo de control. El certificado se presentará en documento único o no, según que las constancias que debe contener corresponda sean extendidas por uno o más organismos administrativos o judiciales de la jurisdicción de origen.
Dentro de los sesenta (60) días de notificada de la aprobación de su traslado, la entidad debe acreditar la cancelación de su anterior autorización, adjuntando copia certificada de la decisión correspondiente.
Traslado a jurisdicción provincial .
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