Abriendo la norma
Ley provincial 7.398
Se dispondrá fundadamente la cesación de la prisión preventiva, de oficio o a pedido de parte interesada, ordenándose la inmediata libertad del imputado, cuando la misma excediera el término de dos (2) años. Este plazo podrá prorrogarse por un (1) año cuando se trate de causas de evidente complejidad y de difícil investigación. La prórroga que se dicte deberá ser fundada y comunicada al Tribunal inmediato superior para su debido control. En todos lo casos, previo a emitir resolución, requerirá dictamen del Ministerio Público Fiscal, quien deberá evacuarlo en el término de veinticuatro (24) horas. El Ministerio Público Fiscal podrá oponerse a la libertad del imputado por la especial gravedad del delito atribuido o cuando entendiera que concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 375, Inciso 1, de este Código, o que existieran articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa. Si la oposición fundada en la última circunstancia del párrafo anterior fuese aceptada, las demoras causadas por las articulaciones objetadas no serán computadas. No mediando oposición alguna, o cuando éstas fueren rechazadas, el tribunal podrá poner en libertad al procesado, bajo la caución que considere adecuada. La cuestión deberá ser resuelta en el plazo de cinco días y los recursos que se interpongan contra la resolución que acuerde la libertad del detenido, lo serán sin efecto suspensivo. Los plazos previstos en el primer párrafo no se computarán a los efectos de este artículo, cuando los mismos se cumplieren después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrare firme.-
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